Al cierre del ejercicio de 2020, los ayuntamientos tendrán un problema menos. El Consell aprobó ayer un decreto por el que los contratos programa,que permiten a los municipios tener personal en servicios sociales más allá del propio, dejarán de tener una vigencia anual para ser renovados cada cuatro años. Así, el Consell quiere «dar estabilidad» a las plantillas de los servicios sociales municipales con la colaboración financiera de la Diputación de València y los ayuntamientos. Se favorece de esta manera «el mantenimiento y la continuidad» de 2.500 empleos.
Hasta ahora eran los ayuntamientos los que activaban herramientas para prorrogar los contratos más allá de su caducidad hasta que el nuevo decreto viera la luz. En 2019, todos los contratos vencieron el 31 de diciembre pero los técnicos de servicios sociales mantuvieron su puesto gracias a la voluntad municipal. Siempre ha habido que esperar a que el Consell y la diputación convocaran de nuevo el concurso. Ahora se ha vuelto a convocar, pero será para los próximos cuatro años.
Esa situación provocaba situaciones complicadas como la de Chiva, que a partir de Año Nuevo pasó de tener 12 técnicos sociales a 3 personas en enero, cuando a los 9 profesionales les venció el contrato programa. En otras localidades como Riba-roja todo continuó con normalidad por la previsión del consistorio de prolongar su estancia. Además, el municipio ya ha pasado por la comisión de negociación con los sindicatos las nuevas bases del concurso para ser publicadas una vez entre en vigor el decreto del Consell.
La vicepresidenta Mónica Oltra explicó ayer en rueda de prensa tras el pleno del Consell que el decreto regula la coordinación entre las administraciones, la colaboración financiera en materia de servicios sociales y la coordinación de los servicios sociales de atención primaria.
El convenio tendrá una duración de cuatro años y se calcula que esta medida pueda garantizar la estabilidad de 2.500 puestos de trabajo en toda la C. Valenciana de atención primaria y centros y recursos municipales. Según desgranó la vicepresidenta, hay cerca de 1.955 profesionales en atención primaria; 193 en la Red de Agentes de Igualdad y 352 profesionales que trabajan en la atención a la infancia y la adolescencia.
Canal de comunicación
El decreto, además, servirá de instrumento y medio de coordinación entre las tres administraciones (local, provincial y autonómica) con el objetivo de generar un espacio de participación y una acción coordinada por todas las partes en materia de servicios sociales, con la puesta en común de propuestas de funcionamiento y mejora de la calidad del sistema, el intercambio de información y la creación de comisiones técnicas para realizar estudios y planificar materias para todos los municipios de la C. Valenciana.
Para facilitar ese diálogo permanente y el consenso entre Generalitat, diputación y ayuntamientos, se contará con representantes de las tres administraciones en el órgano de colaboración y coordinación interadministrativa.
Además, el decreto también regula la coordinación en los equipos de servicios sociales de Atención Primaria de carácter básico, desarrollando una figura profesional de dirección y sus funciones.
