Las cenizas de la gran falla

La tercera y la cuarta cajas de ahorros españolas y un banco centenario „Bancaja, la CAM y el Banco de Valencia„ se multiplicaron por cero en una década; el sueño de construir el Hollywood valenciano, la Ciudad de la Luz, se ha convertido en un thriller de serie B que está en venta y sin comprador y ha de devolver 265 millones por subvenciones ilegales de la Generalitat; el banco público que avaló muchos de los sueños megalómanos del Consell del PP, el Institut Valencià de Finances (IVF), está al borde de la quiebra (ha multiplicado por seis sus pérdidas); el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), que pagó la fotografía promocional del expresidente Zaplana con Julio Iglesias y en parte bajo mano ha sido ya borrado del mapa; el Aeroport de Castelló no ha despegado aún y la Fórmula 1 que colmó todas las ínfulas de glamur de nuevo rico deja como legado una resaca de 260 millones dilapidados y unos cuantos kilómetros de vallas y neumáticos abandonados.

El «motor» del desarrollo

Es el paisaje de cenizas de la gran falla levantada desde 1995 en tres secciones: grandes proyectos de hormigón (en tiempos de Eduardo Zaplana), grandes eventos de euforia (con Francisco Camps) y grandes escándalos de sobrecostes y corrupción (común denominador en toda la etapa popular). La falla tuvo dirección general propia y hasta secretaría autonómica para canalizar las ocurrencias faraónicas. En este panorama devastador y en mitad de la Plaça de la Mare de Déu se levanta cada día 3 un monolito intangible a la dignidad del duelo, a la memoria del accidente de metro y como testimonio de la vergüenza de un presidente Camps que no supo ni acunar el desgarro de las víctimas. En este paisaje lunar de la nada, lo que queda cuando pasa la vacuidad y las corruptelas, Carlos Fabra Carreras, nombre y apellidos con los que durante lustros actuó la ley en Castelló, ha sido condenado a 4 años de prisión por fraude fiscal.

El exvicepresidente Gerardo Camps cifró en 2008 en más de 5.000 millones el coste de los grandes proyectos y eventos. «Son el motor del desarrollo económico de la Comunitat. Valenciana», presumía. El motor ha gripado. Los proyectos han crecido entre la indiferencia, la complacencia, el clientelismo y un silencio atronador del que no han escapado gran parte de los medios de comunicación, en especial en los años en los que el Consell popular fue mutando a régimen, penetrando en los poros de la sociedad civil, chequera pública en mano. La crisis incubó el estallido crítico en la calle. El 12 de febrero de 2012 una manifestación recorrió la ruta de los símbolos del despilfarro y de una corrupción que se ha cobrado ya 250 políticos y empresarios imputados.

Pero los pilares de barro que se están desmoronado no se levantaron en 2009, ni en 2007, ni siquiera en 2003. Es en 1995 cuando empieza a instaurarse el nuevo modelo económico. Desde el minuto cero, Levante-EMV ha informado críticamente sobre el mal uso del dinero público y ha denunciado comportamientos políticos escandalosos, lo mismo que hizo en la etapa socialista, por ejemplo en el primer caso Blasco o el caso Cosistel.

La hemeroteca y el hostigamiento del Consell al periódico y a sus periodistas, con condena firme del Supremo al Gobierno de Zaplana (11 de diciembre de 2003), acreditan la línea del diario desde tiempos en los que otros que hoy lideran manifestaciones y llenan trincheras ocultaban, cuando no combatían como abanderados del Consell, el episodio del día aquí publicado de Terra Mítica, al IVEX o la penúltima actuación clientelar y presuntamente corrupta del hoy universalmente repudiado Rafael Blasco.

CIUDAD DE LAS ARTES

Un pozo sin fondo y 100 millones para Calatrava

Para el candidato popular, Eduardo Zaplana, la Ciudad de las Ciencias (así se llamaba) proyectada por Lerma no era cara, era «carísima». Unos 180 millones de euros iba a costar el complejo concebido por el Consell socialista. El precio final ha rondado los 1.300 millones, incluidos equipamientos. «Es una obra descomunal sin rentabilidad», lamentó en septiembre de 1995 el primer conseller de Economía del PP, José Luis Olivas, que con los años haría una decisiva contribución a hundir Bancaixa.

Cambio del proyecto

El PP anunció que paralizaría y archivaría el proyecto, pero al final optó por darle una denominación de origen popular. La torre de telecomunicaciones se cayó del plano, pese a que un estudio del Consell la consideraba infraestructura básica (según se publicó el 29 de septiembre de 1995) y a que el Ayuntamiento de Valencia usó ese pirulí como pretexto para autorizar fincas de 18 plantas o más (como la Torre de Francia) para armonizar un entorno de altura. En unos meses se pasó de denunciar el despilfarro que auguraba esa obra a anunciar que se ampliaba el proyecto incluyendo el Palau de les Arts y l´Oceanogràfic.

Olivas aparcó la ocurrencia de incorporar una fuente, bautizada como el «chorrito», en una revisión del proyecto parida en una noche que fue un cúmulo de despropósitos, según denunciaron arquitectos de prestigio. La polémica del Consell del PP con el artista Santiago Calatrava duró poco. El ya de por si ventajoso acuerdo que el arquitecto de Benimàmet tenía con Lerma fue mejorado por el nuevo Consell para que cobrara el 12% del coste de ejecución en vez del 11% sobre el presupuesto. Este sistema de primar errores y modificados para incluir elementos que encarecen el proyecto permitió a Calatrava cobrar 42 millones más de los previstos y rozar los 100 millones de emolumentos. 2,7 por el inédito centro de convenciones de Castelló y 15 por el proyecto de las tres torres que tampoco se han levantado. El cómputo lo hizo el diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco a partir de la revisión de contratos de obras en la sede de la empresa pública. El presupuesto ejecutado fue ganando distancia sobre el previsto. Y la deuda empezó a crecer. El 14 de noviembre de 1998, se publicó en estas páginas que Cacsa alcanzaba ya un pasivo de 265,6 millones de euros. La empresa pública había firmado un crédito sindicado de 210,3 millones con cinco bancos.

La gran necrópolis de dinero público del viejo cauce del Turia fue acumulando sobrecostes de obra y de emolumentos para Santiago Calatrava. Los delirios de grandeza han llevado a disparar el coste, solamente en obra, del Palau de les Arts de 97 a 434 millones. El Ágora ha costado cinco veces más de lo previsto (de 20,7 a 93 millones); el Pont de l´Assut de l´Or pasó de 26,7 a 62,5 y el Museo Príncipe Felipe, de 71,3 a 154,3 millones... En total, unos 600 millones de sobrecoste. Para muestra de descontrol, el millón gastado en obras para montar un restaurante debajo del puente de Serrería cuando el PGOU de Valencia prohíbe locales debajo de la vía pública.

La proliferación de contratos a dedo y anómalos denunciada reiteradamente por el Síndic de Comptes (49 de 66 en el año 2009) ha sido práctica habitual y recogida en estas páginas. Como las irregularidades en modificados. El 24 de diciembre de 2010, se informó de la alerta del Síndic sobre irregularidades en un modificado de 35,6 millones en el Ágora. En los años de ejecución de las obras hay un sinfín de pruebas de la arbitrariedad en las adjudicaciones. El 29 de febrero de 2000 se publicó la concesión de las obras de l´Oceanogràfic a Civis Project por 2,7 millones y sin mediar concurso. Otra muestra: Calatrava entregó los proyectos de l´Assut de l´Or, del Ágora y de las tres torres que no se construyeron meses antes de tener el encargo oficial. Muy confiado en sus posibilidades debía de estar el arquitecto residente en Zurich.

Constatado el fracaso, ahora se va a privatizar la gestión de Cacsa, salvo l´Oceanogràfic, único elemento del complejo cuya explotación resulta rentable. Antes de ceder el negocio a manos privadas, el Consell ha aligerado la carga de nóminas echando a 141 trabajadores (casi la mitad de la plantilla) para que Cacsa pueda ser efectivamente un negocio. Tras ejecutar y pagar el ERE, se ha adjudicado por 290.000 euros a una ETT la gestión de contratos temporales en 2014. Para que los expulsados por una puerta vuelvan por otra cobrando la mitad, filosofía que inspira el adelgazamiento del sector público valenciano.

PARQUE DE BENIDORM

El negocio del suelo, la ruina de las cajas y foco de corrupción

Si hay un icono que concentra todos las perversiones, irregularidades y presuntas ilegalidades que han desvalijado la C. Valenciana ese es el parque de ocio de Benidorm. Sintetiza los sobrecostes (en casi 150 millones de euros, sobre más de 400 que costó), las inversiones ruinosas de las cajas de ahorro instrumentadas por el Consell, la concesión de contratos de forma irregular, las facturas de obras que acabaron en los tribunales, el enchufismo o la reclasificación de suelo adquirido a bajo coste por amigos del poder. El auténtico negocio del parque lo hicieron los propietarios de suelo, como el empresario farmacéutico y expresidente de la patronal alicantina Coepa, Eliseo Quintanilla, quien, a través de Explotaciones Turísticas Finestrat, compró por 8 millones de pesetas y, tras la reclasificación, ganó 9 millones de euros en la venta. El notario benidormí Antonio Magraner, también próximo a Zaplana, o accionistas de Los Almendros de Alicante, entre ellos la suegra del expresidente, también lograron pingües beneficios.

Al promotor Murcia Puchades le cayeron 700.000 metros dentro del plan director del parque, encargado en 1997 al entonces director general de Urbanismo Fernando Modrego, un ilustre de la peña festera Picarol, muchos de cuyos miembros acabaron enchufados en la Generalitat o en el propio parque, junto a familiares y amigos. Levante-EMV lo contó. El expresidente colocó a su cuñado Justo Valverde en el complejo de ocio en 1999 como jefe de compras y luego de personal hasta 2005. Además de Quintanilla y Magraner Duart, otro de la peña cuyo lema era «no et calfes el perol, picarol» fue Roberto Botella, el abogado que dio cobijo en su despacho a Zaplana para que se foguease como letrado. El expresidente le pagó el favor años después nombrándole asesor de Terra Mítica, proyecto impulsado desde el Consell a través de Parque Temático de Alicante (SPTA). La construcción de un macroproyecto que se demostró inviable y desproporcionado respondía a una voluntad política, travestida de oportunidad empresarial a base de fabricar informes a la carta para justificar la inversión pública.

Tras dos estudios de mercado que no casaban con los aires de grandeza del presidente, Price Waterhouse elaboró uno a la medida, que auguraba los 3 millones de visitantes soñados y amparaba la inversión de 270 millones prevista inicialmente. Parte importante de la explicación del sobrecoste puede leerse en sendos sumarios del juzgado de Instrucción número 9 de Alicante y del 3 de Valencia. En el primer caso se abrieron diligencias contra la SPTA por delitos contra la hacienda pública, malversación y falsedad documental. En el juzgado de Valencia se inició una investigación por supuesto fraude fiscal. Se hincharon los costes de obras en viales, asfaltado, excavaciones o canalización de agua e incluso se falsificaron íntegramente las facturas.

Fiscalía señaló a exdirectivos y empresarios como Vicente Conesa o José Herrero. El primero fue acusado de ser el cabecilla de una trama para defraudar en el IVA e impuesto de sociedades por 4,4 millones en los años 2000 y 2001, una causa que implica a 17 empresas y tiene a 24 imputados. Este diario ha informado de las novedades en los casos judiciales, lo mismo que explicó la evolución del parque y sus problemas de viabilidad desde que se concibió como macroproyecto.

Conesa, abonado al escándalo

Fue protagonista del caso Sanz y viejo conocido del PP y de Zaplana. Siendo alcalde de Benidorm, le adjudicó en 1992 los mapas sonoro y verde a sus empresas Delta Ingenieros y CRC Ingeniería Cartográfica por 180.303 euros, más del doble del precio de mercado.

Los contratistas del parque Antonio Moreno y José Herrero explicaron al diputado José Camarasa (PSPV), durante una conversación grabada, que Conesa les comentó que pagaba comisiones a Zaplana. «El señor Conesa decía que se repartía la pasta con el señor Zaplana». «Yo vi como el señor Conesa se metía la bolsa en el maletero». Levante-EMV contó ampliamente el episodio. Lo empresarios se desdijeron y acusaron al socialista de haberles prometido 1,8 millones a cambio de acusar a Zaplana. Éste interpuso una querella y Herrero pidió perdón (en marzo de 2007) al presidente, pero el juez no dio crédito a la versión de que el PSPV intentó comprar el testimonio. No le pareció verosímil la grave imputación formulada por los dos contratistas del parque.

El 1 de agosto de 2000 se informó de la accidentada inauguración, que obligó a cerrar el parque unas horas entre gritos de clientes insatisfechos. En el momento de más éxito (el año 2001) Terra Mítica apenas rebasó los dos millones de visitas. Al igual que los ingresos (80,9 millones ese año), la progresión dibujó una caída en picado „en 2004, se registraron 990.000 visitantes y entraron en caja 25,4 millones„ que abocó al concurso de acreedores, al que se acogió el 26 de mayo de 2004 al no poder hacer frente al pago del crédito sindicado de 111 millones firmado con la CAM, Bancaja y el Banco de Valencia, entre otros. La empresa pública Proyectos Temáticos, la originaria SPTA asumió todos los proyectos de ocio de la Generalitat, era la avalista.

A los tres años de la apertura, las pérdidas acumuladas ya superaban los 200 millones. Los tres grandes accionistas (las dos cajas y la Generalitat) inyectaron en balde fondos para reflotar el sueño del presidente y los hoteleros de Benidorm, algunos de ellos padrinos políticos del salto de Zaplana a Valencia. En diciembre de 2002, Bancaja prestó otros 30 millones a Terra Mítica y esa política de inyección de créditos llevó la caja a duplicar los quebrantos extraordinarios por su gestión de 39,6 millones a 79 millones entre 2002 y 2003. Visto el riesgo acumulado con el parque también por la CAM, el Banco de España ordenó a la caja entonces alicantina que dotara sus pérdidas en Terra Mítica. Los tres accionistas de referencia (CAM, Bancaja y Generalitat, que controlaba el 22%) pusieron en venta el parque nada más levantarse el concurso de acreedores. A finales de 2011, Aqualandia se quedó el complejo por 65 millones, la sexta parte de lo que costó.

RTVV

Traslado de comisarios del Palau al Pirulí, deuda de 1.300 millones y plantilla triplicada

De prometer en campaña electoral «democratizar» Canal 9 a proponerse acabar con «el último bastión socialista». Esa fue la evolución del expresidente Zaplana en su política respecto al Canal 9 que fue desconectado de la máquina el viernes a las 12.19, tras una larga agonía desde que el Consell, tras anular el TSJ el ERE, decretó el cierre y le aplicó la eutanasia sin siquiera demostrar con datos que el enfermo no tenía solución. El PP triplicó la plantilla (de 650 a 1700) y multiplicó por 81 su deuda.

El primer capítulo de confusión entre políticos y periodistas fue la designación del diputado Josep V. Villaescusa como jefe de informativos, tras las elecciones de mayo de 1995. A Villaescusa lo sucedió Pedro García, que fue jefe de prensa de Zaplana y de Camps. Por la dirección de Canal 9 pasaron, entre otros, Jesús Sánchez Carrascosa, responsable de campaña de Zaplana, o Genoveva Reig, directora general de medios de comunicación y jefa de prensa del presidente cuando era alcalde de Benidorm. La secretaria de comunicación de Camps, Nuria Romeral, fue nombrada directora de Ràdio 9 y Lola Johnson pasó de dirigir Canal 9 a consellera y portavoz del Consell campsista. Como en un macabro concurso de traslados, las jefaturas de prensa del Palau y las del pirulí siempre fueron intercambiables. Era el mismo aparato de propaganda con dos puestos de mando.

En tiempos en que habitualmente no había suficientes manos para sostener la pancarta por una «RTVV pública, en valencià i de qualitat», este diario fue de los pocos medios que ofreció la mejor de las coberturas a los sucesivos informes del comité de redacción, que lideró Julià Àlvaro, denunciando la manipulación informativa. Hasta 2003. Hartos de los informes, ahogaron al comité. El 7 de octubre de 1997 se publicó el dictamen sobre la zaplanización de Canal 9, con desmesurada presencia del presidente. Y el 29 de septiembre de 1998, se difundió la segunda de las radiografías a los «Notícies 9». Revelaba que la presencia del jefe del Consell quintuplicaba a todos los líderes de la oposición juntos. El 13 de diciembre de 2001, el informe que se hizo público hablaba de 328 apariciones de Zaplana en el período estudiado frente a las 37 de Ignasi Pla (PSPV) y las 16 de Joan Ribó (EU), líderes de la izquierda parlamentaria. El 23 de marzo de 1999, el comité de empresa denunció fraude de ley en 400 contratos y el 9 de octubre de ese año CC OO llevó a la Audiencia Nacional la contratación fuera de bolsa. Es sólo una pequeña muestra de las informaciones que Levante-EMV y algún otro medio ofrecieron mientras la gran mayoría guardaba silencio. Detrás y delante de la cámara en algún simulacro de debate.

En Canal 9, miembros del comité de empresa de entonces como Vicente Melo, Sergio Capelo, Natxo Àngel o José Manuel Alcañiz, junto a Àlvaro, Josep Lluís Fitó... se significaban públicamente con sus críticas. «Siempre hemos sido 300 en la protesta», subraya un trabajador generoso en la cuenta.

La primera purga para depurar la plantilla de supuestos desafectos se produjo en forma de despido de 45 trabajadores del Bon dia y del A mitjanit, inmediatamente después de las generales de 1996. Los populares no estaban satisfechos con el trato recibido en una campaña que coronó con la amarga victoria de un PP que no alcanzó la soñada mayoría absoluta. En abril de ese año, hubo un conato de elaborar listas negras, pero el jefe de programas y exredactor de esta casa, Pasqual Martorell, y el director de la radio, Francisco Mora, abortaron el intento de los directivos Santiago Lumbreras y José Ramón Varó, a las órdenes de Genoveva Reig.

El acuerdo de Canal 9 con Teconsa, constructora usada como firma pantalla por la red Gürtel para lograr el contrato de 7,5 millones para la cobertura audiovisual de la visita del Papa, es el más suculento y escandaloso de los contratos conocidos, pero hay desmanes anteriores. El 26 de abril de 1997, el sector audiovisual denunció que el director, Sánchez Carrascosa, sólo adjudicaba a productoras afines a él y al PP. Como Cartel, a la que le llovieron 3 millones de euros para producir Entre naranjos. O Producciones 52, que se llevó 2,16 millones en un trimestre por el Tómbola.

El plató flotante de 3,6 millones

Entre los episodios más rocambolescos y relatados en estas páginas figura la adquisición a la naviera Boluda de un paquebote, el Elisa B, que estaba condenado al desguace. Por aquel amasijo de chatarra se pagaron 3,6 millones de euros para convertirlo en plató flotante del veraniego De nou a la mar. Era la etapa del todo por la audiencia.

A partir de las informaciones de este periódico, el PSPV llevó a los tribunales (11 de julio de 1999) el presunto uso de medios públicos en beneficio de una televisión privada, Valencia Te Ve, a la que Canal 9 prestó sus enlaces para retransmitir la ofrenda a la Mare de Déu y la inauguración de l´Hemisfèric, en 1998. El gerente de la emisora, propiedad de María Consuelo Reyna y en la que recaló luego Carrascosa, era Francisco Aura, que fue jefe de producción de Canal 9. El subdirector de informativos de TVV Vicente Andreu la dirigió, tras tomarse una excedencia. Aura y Andreu hicieron negocios en RTVV intermediando en la emisión de corridas de toros a través de su empresa Astel Producciones. A esta firma le adjudicaron el infantil Babalà, tras privatizarlo. Se llevaron 3 millones en un semestre por realizar un espacio de producción en plató y con poca exigencia de medios.

Del primer intento de privatización, en el mes de mayo de 2002, y de la censura de RTVV a una noticia que era vital para ella misma se informó el 16 de noviembre. También de la ratificación por el Tribunal Supremo, en febrero de 2007, de la ilegalidad que suponía,con la ley de entonces, ceder informativos, programas, deportes y publicidad a manos privadas.

Mientras tanto, la plantilla y la deuda iban creciendo. En 2005, el agujero alcanzó los 678 millones. Entre otras razones, por las pérdidas en la intermediación de los derechos del fútbol. Canal 9 vendía a las distribuidoras a precio mucho más barato del pagado a los clubes. Una forma de financiarlos. En junio de 1996, el Consell tuvo que encargar un informe jurídico a la carta para acelerar la defenestración del primer director general popular, Juan José Bayona. Con vistas a que su sucesor, Josep Vicent Villaescusa, firmara, dentro de la Forta, la compra al Valencia por 72 millones de euros de los derechos entre 1998 y 2003. El 12 de enero de 2005, se publicó que el Síndic no veía justificado que RTVV perdiese 13,8 millones en la reventa de la explotación de la imagen televisiva del Valencia CF y el Villarreal CF.

La Sindicatura insistió en el siguiente informe en que la práctica de revender perdiendo carecía de toda lógica. Al final, han sido 235 los millones que la televisión pública ha regalado a los clubes en esta insólita reventa de derechos a la mitad del precio por el que fueron adquiridos.

Cuando el escándalo Gürtel aún no había estallado, este diario publicó que la visita del papa generó en RTVV gastos extras por 12 millones. Entre el aluvión de noticias sobre las andanzas valencianas de la red de Correa en torno a Canal 9, hay una que sintetiza la confusión de intereses públicos y privados y sitúa juntos en la misma escena a algunos ilustres de Gürtel y concesionarios de la Generalitat y del canal público. «Álvaro Pérez y contratistas del Consell dieron una fiesta en Marrakech al director de RTVV». A la fiesta sorpresa del 40 cumpleaños de Pedro García, entonces director general y acusado de cobrar 500.000 euros de comisión de Correa, asistieron el constructor Vicente Cotino (Sedesa), Álvaro Pérez «El Bigotes», de Orange Market, o el productor Miguel Perelló, entre otros. Ataviados con camisetas con la emotiva inscripción «Peter´s Birthday 40».

CASO GÜRTEL

Las primeras informaciones de Orange Market, cuatro años antes de la operación de Garzón

«Una empresa relacionada con paraísos fiscales organiza actos para el PP valenciano». «Los responsables de Orange Market, Álvaro Pérez y Luis de Miguel Pérez comparten sociedades con Pablo Crespo». Eran informaciones de apertura publicadas el 19 y 20 de mayo de 2005. Faltaban cuatro años para que estallara la operación Gürtel, ordenada por el juez Garzón el 6 de febrero de 2009. En esos y otros textos de días sucesivos se explicaba la circunstancia de que la firma que montaba los actos del PP había sido adjudicataria del pabellón valenciano en Fitur. «Turismo adjudica de nuevo el stand de Fitur a la empresa que organiza los actos del PP», se destacaba en titular el 20 de enero de 2006. En las cinco ediciones consecutivas en las que se le encargó el montaje del pabellón valenciano facturó 5,3 millones.

Tardaría tiempo en descubrirse que a esas alturas, Francisco Correa había decidido trasladar a Valencia la capital Gürtel. Salvando las distancias, igual que se trasladó el Gobierno de la República en noviembre del 36. Por estrategia de supervivencia y visto que la calle Génova (sede nacional del PP) ya no representaba el caudal de ingresos de la etapa de Aznar, cuando Gürtel operaba con la marca Special Events. En abril de 2004, al año de constituirse, Orange Market pasó de ser afluente del caudal B de Gürtel, a convertirse en río madre.

Se amortizó de sobra la máquina de contar dinero que «El Bigotes» compró, por 540 euros, el 17 de octubre de 2005. El diario detalló en 2005 los vínculos de esa red con paraísos fiscales, concretamente con la Isla de las Nieves o Islas Vírgenes Británicas.

A la trama no gustaron las informaciones ofrecidas durante años. No en balde, en su declaración ante Garzón el 12 de febrero de 2009, «El Bigotes» lamentaba: «Hay un periódico en la C. Valenciana, que es Levante-EMV, que en cuanto saco la cabeza me machacan». En una grabación, se le escucha repartir insultos a redactores de esta casa.

Desde el estallido del caso Gürtel, que sepultó la carrera política de Francisco Camps „absuelto judicialmente pero condenado política y socialmente„, se aportaron nuevas revelaciones. En estas páginas se desgranaron las docenas de contratos pescados a dedo en la práctica totalidad de las consellerias y empresas públicas como Vaersa, que montó un paripé de procedimiento negociado sin publicidad entre tres firmas Gürtel para simular haber consultado varias ofertas.

Orange Market era la gran fábrica de dinero negro para Correa, quien tejió un entramado societario para que el euro cobrado en negro en Valencia acabara en cuentas de Jubilate Holding BV o Bangtone Limited, en Antillas Holandesas, y, de vuelta en España, era blanqueado a través de la compra de terrenos, por ejemplo en la Nucia, y ampliaciones de capital de patrimoniales como Caroki, Cresva o Castaño Corporate, todas de la trama.

La financiación del PP

Este diario tasó los contratos de la Generalitat recibidos por las ocho constructoras acusadas de financiar al PP pagando mítines a través de facturas falsas emitidas por Orange Market. La firma Gürtel cobraba a las constructoras (Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz u Hormigones Martínez) servicios ficticios que jamás les prestó y que camuflaban trabajos para el PP. Unos 937 millones lograron esas empresas, solas o en UTE. La Brigada de Blanqueo de capitales de la UDEF citó al diario como fuente en sus informes.

La Agencia Tributaria destacó en un informe de abril la aportación de 3 millones en dinero negro a las campañas del PP de 2007 y 2008, cuestión que copa una de las seis piezas Gürtel que instruye el juez Ceres en el TSJ valenciano. El 29 de septiembre de 2009, se publicó: «La trama Gürtel cobró al PP en negro por las principales campañas locales de 2007». En la rama textil del caso, el jurado popular absolvió a Camps y a Ricardo Costa, por cinco votos a cuatro, del delito de cohecho, tras ser acusados de recibir trajes regalados por la trama. Tras 26 sesiones de juicio, el 25 de enero se leyó la sentencia absolutoria. Pero políticamente habían sido condenados. Como mínimo, por permitir que la banda entrara en la cocina de la Generalitat y exprimiera la teta pública para cobrarse el estilismo del PP. Cuando no por la presunta financiación en dinero B al PP por parte de la trama Gürtel.