El exconseller Rafael Blasco puede tener un problema para depositar el aval de dos millones de euros que solicita la Fiscalía porque ya tiene sus bienes embargados por orden del Tribunal de Cuentas. El órgano auditor decretó hace un año la intervención de «bienes y derechos» de Blasco, de los ex altos cargos condenados Josep Maria Felip y Àlex Català y del presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, para cubrir la responsabilidad civil del caso Cooperación.
El Tribunal de Cuentas ha embargado a Blasco, Català, Felip y López por un total de 1.951.290 euros. La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas dictaminó que el perjuicio ocasionado a la arcas de la Generalitat Valenciana fue de 1.951.290 euros, de los que 1.623.819 euros corresponden a las subvenciones concedidas a la Fundación Cyes que carece de vinculación con la constructora del mismo nombre y los restantes 327.470 euros a los intereses.
El Tribunal de Cuentas dejó fuera a los condenados Tina Sanjuán, Marc Llinares y Xavier Llopis porque no fueron los que tomaban las decisiones.
Los altos cargos que firmaron las resoluciones fueron Rafael Blasco, Àlex Català y Josep Maria Felip. El órgano auditor también ordenó embargar los bienes de Marcial López que no trabajaba en la Administración porque al recibir las subvenciones tiene que responder de la gestión de las mismas.
El Tribunal de Cuentas es un órgano independiente del Tribunal Superior de Justicia que ha tramitado un procedimiento paralelo por el perjuicio ocasionado a la Administración por los procesados.
La Fundación Cyes recibió 1,6 millones de euros de fondos públicos para desarrollar dos programas de ayuda a Nicaragua. El TSJ ha considerado probado que solo llegaron a Nicaragua 47.953 euros. La entidad que presidía Marcial López destinó 969.875 euros a la compra de tres inmuebles y un garaje en la avenida Ausias March 79 de Valencia y pagó el 25 % de la subvención (456.690 euros) al empresario Augusto César Tauroni como comisión.
La declaración de bienes que el exconseller Blasco entregó en 2011 a las Corts refleja que es propietario de una vivienda, dos inmuebles urbanos y una finca rústica. Los inmuebles conforman una verdadera hacienda en Alzira. Blasco transformó lo que era una casa de campo en un naranjal en un conjunto de tres edificios en los que destaca una mansión. La Fiscalía mantiene abierta contra Blasco otra investigación por un supuesto delito de alzamiento de bienes de un local utilizado como garaje que apreció el Tribunal de Cuentas cuando procedía a ejecutar el embargo.
