La condena de la Comisión Europea a España por el falseamiento de las cifras de déficit que la Generalitat llevó a cabo durante muchos años, sobre todo a partir de 2002, dejará a los pies de los caballos a los actuales responsables de la Intervención de la Generalitat. Y es que la censura de la UE „de la que Levante-EMV informó en exclusiva en su edición de ayer„ no solo hace responsable del ocultamiento sistemático de facturas al ex interventor general Salvador Hernándiz, sino que la censura se extiende al equipo de contabilización que éste tenía en el Consell. ¿Y quién conformaba este equipo? De los cinco viceinterventores con que contaba, destacan dos, el que era su mano derecha, Francisco de las Marinas, actual interventor general, y el viceinterventor de Control Financiero, Ignacio Pérez, quien fue designado por Hernándiz y hoy sigue desempeñando este puesto.
Pérez, con el aval de De las Marinas, se ha convertido en una pesadilla para el Consell por la reciente elaboración y difusión de duros informes de fiscalización, entre otros, sobre los gastos de Helga Schmidt en Les Arts, Feria Valencia o la educación concertada. Unas fiscalizaciones que han acabado, algunas, en los tribunales o que han conllevado graves problemas para el Ejecutivo. En el pasado, sin embargo, el celo no era el mismo en los responsables de la Intervención.
La CE, según el informe de conclusiones preliminares que confirmará mañana, responsabiliza a Hernándiz y a su equipo del falseamiento del déficit. «La C. Valenciana „asevera„ incurrió en una negligencia grave por la ausencia de un registro de gastos sanitarios». La sentencia reprocha que la Intervención «no utilizó» la red de interventores delegados que tiene en los hospitales para obtener los datos reales del gasto sanitario e incluso «no aceptó la oferta de la Sindicatura de Comptes» de trasladarle «directamente» los datos, ni pidió a la Conselleria de Sanidad «que le enviara oficialmente» la relación de facturas sin cobertura presupuestaria. Algo de lo que Sanidad sí informaba a la Sindicatura, a petición del órgano externo de fiscalización. De este modo, la Intervención «reiteró en múltiples ocasiones» a la IGAE [Intervención del Estado] unos datos de gasto sanitario como correctos, pese a que sabía por Sanidad que eran incorrectos, prosigue el informe. También atribuye a la Viceintervención General de Contabilidad Pública la obligación de la obtención y examen de la documentación necesaria para elaborar la Cuenta General.
Apartar a los interventores
Por todo ello, el varapalo europeo, de extraordinaria gravedad al situar a España „arrastrada por la Generalitat„ al mismo nivel que Grecia, podría conllevar la exigencia de responsabilidades al actual equipo de interventores del Consell (Hernándiz ya regresó a su plaza, precisamente en la Sindicatura). Una decisión que dependerá de si el Consell recurre el fallo europeo y de las conversaciones con la IGAE.
El candidato socialista a la Generalitat, Ximo Puig, se lamentó de que la condena europea «va a suponer un coste más de imagen y una hipoteca para los valencianos». «Alguien tiene que explicar lo que ha ocurrido con las falsas notificaciones del déficit valenciano», aseguró el responsable de Economía y candidato por Alicante, Julián López, quien reclamó la convocatoria de la Diputación Permanente de las Corts para que el Ejecutivo dé explicaciones. «Hace algún tiempo se decía que la derecha gestionaba bien la economía», dijo Puig, para concluir que «en la C. Valenciana se ha demostrado que la derecha gobierna mal en muchos aspectos pero, sobre todo, en economía».
