La organización territorial: Una cuestión de escalas

La organización del territorio es una manifestación más del ejercicio de la política, sea estatal, autonómica o local, estrechamente relacionada con el análisis de la estructura territorial y la planificación. Constituye un instrumento básico, fundamental, para la organización y la administración de la ocupación y el uso del territorio, de la manera mejor, la más racional, acompañada de un desarrollo armónico respetuoso con las condiciones de partida naturales. La organización territorial tiene que ver con las estructuras de gestión y gobierno de las divisiones administrativas públicas, está relacionada con el desarrollo y la gestión de actividades económicas y sociales, y debería contribuir al bienestar social de la población así como a la preservación de nuestro medio ambiente.

Una organización que requiere de divisiones territoriales resultado de la aplicación de criterios naturales, humanos, históricos, económicos? y por supuesto administrativos, en función de los objetivos y de las metas comunes. Es sabido que las divisiones territoriales difieren en función del criterio de referencia. Así, en la delimitación de regiones con carácter sintético y global, se tienen en cuenta simultáneamente criterios naturales, humanos e históricos, mientras que la práctica político-administrativa se limita a unidades tradicionales. La red de ciudades, la jerarquía del sistema urbano, y las infraestructuras de transporte, se convierten en las estructuras espaciales permanentes más destacadas, a las que se deben añadir aquellas organizaciones que se han ido asentando a lo largo de décadas e incluso siglos.

Nos referimos a las unidades territoriales básicas, las locales, los municipios; a las organizaciones comarcales de base histórico-natural, con ciudades que ejercen parcialmente sus funciones de capitalidad y económicas (agrociudades, centros industriales, núcleos de servicios); a las divisiones provinciales, que datan del siglo XIX; a las comunidades autónomas, ligadas a la implantación de nuestro sistema democrático, cuyos principios permiten identificar realidades nacionales o regionales, a partir de unidades territoriales bien definidas, organizadas en torno a capitalidades, a sentimientos de pertenencia a ese territorio, ligados a la historia y cultura propias, y a la existencia de identidades institucionales. Y finalmente a los estados, que forman parte de un sistema mundial cada vez más global. La globalización condiciona sin duda el devenir de la estructura económica de los estados, y de sus sociedades.

Los actuales escenarios políticos, económicos y sociales, invitan, cuando no obligan, a reformular la organización territorial de nuestros espacios geográficos, en cualquiera de las escalas territoriales que tratemos. Algunos sectores de la sociedad y de sus representantes cuestionan los ayuntamientos de reducidas dimensiones, se alzan voces reclamando una organización de la administración local basada en unidades supramunicipales, se reclaman nuevas funciones de las comarcas, se cuestiona la función de las diputaciones y de las divisiones territoriales que representan, las provincias; se critica la duplicidad de funciones por parte de gobiernos provinciales o autonómicos; se piden más competencias para nuestras comunidades autónomas; se discute la organización del estado, o bien más centralizado o en cambio con una estructura federal; se replantean los principios fundacionales de la Unión Europea, donde nos encontramos desde posiciones proeuropeístas a antieuropeístas. ¿Quién dijo que la cuestión de la organización territorial estaba cerrada en nuestro país o en el continente europeo? Es evidente que nos hallamos ante un escenario apasionante y desde luego con numerosas incógnitas y no menos riesgos.

La crisis económica, así como los acontecimientos geopolíticos de escala continental o mundial, constituyen factores distorsionadores de la organización territorial en sus diversas escalas. La coyuntura política internacional, bajo la presión de los gigantes económicos mundiales, las decisiones controvertidas de la política exterior europea, el futuro del euro y la crisis del estado del bienestar, los movimientos de población forzados, etc. condicionan de alguna manera el devenir de la futura organización y ordenación del territorio.

Desde la perspectiva valenciana la discusión se focaliza en aspectos como la racionalización y la reorganización del territorio mediante nuevos valores de proximidad. Las divisiones comarcales, unidades histórico-geográficas y articuladoras del territorio, adquieren una nueva consideración. En todo caso espacios supramunicipales, capaces de articular y coordinar la gestión de espacios metropolitanos, o espacios supracomarcales de rasgos similares, como es el caso de las comarcas centrales valencianas. Nos referimos a términos como proximidad, reconocimiento de lo singular, identificación de las especificidades, estrategias comunes de actuación? gestión eficaz, definida por la igualdad y la equidad social.

Con todo, los (nuevos) modelos de organización territorial deberían tener en cuenta criterios de desarrollo territorial, de manera que permitiesen establecer vínculos entre las áreas con diferentes capacidades y dinámicas (por ejemplo el eje mediterráneo y su entorno); y la consideración de los procesos de participación que permitan valorar la opinión de las sociedades y su vinculación a procesos de definición de nuevas realidades territoriales. No se nos escapa que los últimos hechos acaecidos en España y más allá del Canal de la Mancha, las elecciones generales del 26-J o el «Brexit» británico del 23-J, tendrán sus efectos en la organización territorial en algunas de sus escalas.

La Universitat de València, una vez más, acogerá un nueva edición de la Universitat d'Estiu a Gandia, con nuevos retos, con las mismas inquietudes. Esperemos que con resultados satisfactorios.