La crisis económica también supuso una crisis tributaria. Cuando los ayuntamientos notaron la asfixia económica y la imposibilidad de alcanzar el objetivo de déficit cero que les imponía el Gobierno central de 2016 a 2018, vieron en el Catastro la posibilidad de sanear las cuentas.

Y es que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es una de las principales fuentes de ingresos municipales. Ese fue el origen de una regularización masiva del Catastro en toda España que solo en la C. Valenciana (desde octubre de 2014 hasta ahora) ha afectado a 541 municipios -140 localidades en Alicante, 135 en Castelló y 266 en Valencia- según Impuestalia, una empresa especializada en tributos. Solo con la tasa de 60 euros impuesta por Hacienda para «regularizar» el inmueble, el Gobierno ha recaudado más de 63 millones de 105.269 inmuebles (95.396 urbanos y 9.873 rústicos). Luego es decisión del ayuntamiento si reclama o no el pago del IBI «actualizado» con 4 años de carácter retroactivo. Es ahí donde, según el sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) «vendrán las sorpresas».

Desde el ministerio justifican el procedimiento de regularización catastral como «una medida de lucha contra el fraude en el ámbito inmobiliario cuyo objeto es incorporar al Catastro cuantas nuevas construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones o reformas se hayan realizado sin haber sido declaradas debidamente ante el Catastro, lo que permite la correcta tributación conforme a la realidad de los inmuebles». Desde Gestha no critican la medida porque «lo que sí sería injusto sería que los ayuntamientos aumentaran los coeficientes para recaudar más ya que así quienes declaran sus viviendas legales saldrían perjudicados».

Sin embargo, afirman que la medida «tendrá consecuencias». Y es que hasta 2013, cuando el Catastro detectaba una irregularidad en un inmueble aplicaba una sanción de 60 euros. Desde hace tres años, la «multa» se ha convertido «en tasa» -según el Ministerio de Hacienda, generada por los «gastos de gestión como las fotografías aéreas, la inspección sobre el terreno...»- lo que «conlleva que el usuario no recurra, ni discuta, ni alegue nada... y prefiera regularizar su inmueble y olvidarse del asunto por 60 euros». Pero no será así.

El valor catastral de los inmuebles regularizados se incorpora al padrón para la gestión del IBI de ejercicios futuros y pasados no prescritos. Y ahí llega la crítica. «Los usuarios pagan la tasa de 60 euros porque solo el abogado y el procurador cuestan mucho más. Lo que no saben es que, dentro de un tiempo, les llegará una carta de su ayuntamiento reclamándoles 3.000, 4.000 o los miles de euros que correspondan del pago actualizado del IBI, con 4 años de retroactividad», avisan.