Una de las exigencias de Podemos, los socios externos del Pacte del Botànic, a la vista de los acontecimientos en el juicio a la rama valenciana de Gürtel es excluir a los empresarios implicados en el pasado en prácticas corruptas de los contratos públicos.
El juicio no ha terminado, pero los nueve empresarios investigados en la causa han asumido ya los hechos de los que están acusados para que así la Fiscalía solo pido multas para ellos. El constructor alocantino Enrique Ortiz abrió esa línea de pactos y la han seguido todos.
El secretario general de Podemos, Antonio Estañ, recordó ayer en las Corts que algunas de estas sociedades mantienen en la actualidad importantes contratos de servicios públicos. Habló del «régimen de monopolio del agua», las residencias de mayores o las basuras. «Si no echamos a los que se han beneficiado, no regeneraremos el árbol», afirmó. Pidió al Consell así que se auditen los contratos con estas firmas y que «mire de poder cancelarlos».
El presidente de la Generalitat respondió que la abogacía está estiudiando el caso, pero previno, que la ley de contratos es estatal, por lo que la posibilidad de actuación es limitada.
No obstante, Ximo Puig no fue tan restrictivo como los portavoces socialistas en los últimos días y abrió la puerta a algunas posibilidades de trabajo.
«Haremos lo posible para que ningún corrupto tenga relación con la Generalitat», aseveró. Y ofreció al partido morado instar a modificar alguna ley española para que los corruptos «no puedan volver a contratar».
La actuación habría que realizarse en el Congreso de los Diputados, donde, como la vicepresidenta Mónica Oltra recordó poco después, el PP de Mariano Rajoy está en minoría. ¿Qué falta? «Que la mayoría se ponga las pilas y cambie leyes». Una invitación a PSOE y Podemos a entenderse.
