Las nueve empresas condenadas en la Audiencia Nacionalrecibieron solas o en unión temporal de empresas [(UTE) a menudo asociadas entre ellas] un total de 937.983.774 millones en contratos de la Generalitat, entre 2005 y 2009.Sedesa, presidida por
Las cuentas hechas por Levante-EMV, a partir de datos de los diarios oficiales, amplian la cifra en 203.098.826 euros, si la cuenta se retrotrae a 1999.
Enrique Ortiz e hijos, con 205.098.826 euros, Lubasa (77.337.451) y Lubasa Facsa completan la relacion de contratistas vip de obra civil del Consell.
La sentencia de la Audiencia Nacional que los condenó por delito electoral y falsedad documental, tras admitir los hechos a la Fiscalía Anticorrupción a cambio de una rebaja de la pena, los denomina «grupo de empresarios» que pagaban «facturas mendaces» por «supuestos servicios de Orange Market a estos empresarios» para «ocultar que las campañas electorales eran pagadas, si no en todo, sí en gran parte, por el grupo de empresarios, violentando e infringiendo cuantitativa y cualitativamente la legislación» electoral, señala el fallo.
La sentencia también ratifica cuánto abonó cada empresario al PP. Las más generosas fueron Facsa y Aguas de Castelló que pagaron 349.714 euros (sin IVA) para las campañas electorales de 2007 y 2008. El segundo en volumen de «colaboración» fue el constructor imputado en el «Caso Brugal», Enrique Ortiz, quien desembolsó 300.100 euros» camuflados en seis facturas a Orange Market.
La mercantil Pavimentos del Sureste SA pagó 172.000 euros (sin IVA) en cuatro facturas a Orange Market por servicios «que realmente no habían sucedido», por lo que tres de sus responsables Jose Enrique Fresquet Martínez y los hermanos Tomás y Rafael Martínez Bernia (éste último expresidente de la patronal alicantina) han acabado condenados.
Sedesa, la empresa de la familia del ex presidente de las Corts, Juan Cotino, también contribuyó con otros 129.900 euros a los comicios de 2008, por lo que el sobrino del expolítico, Vicente Cotino (ya condenado a año y medio por delito fiscal), también ha sido condenado.
Finalizan la lista de pagadores Lubasa, que contribuyó con 95.000 euros a la campaña de 2007 o PIAF SL que aportó 26.993 euros en 2007 y 2008. Unos pagos que «colocaban a estos empresarios en situación privilegiada, no sólo para mantenerse como contratistas de la administración regional, sino para colocarse en situación especialmente ventajosa, por no decir monopolítisca en contratos futuros».
