El juez del caso en el que se investiga a Francisco Puig, hermano del presidente de la Generalitat, y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, ha declarado compleja la causa, lo que supone que, probablemente, su instrucción se extenderá al menos dieciocho meses.
Un juzgado de València ha abierto diligencias por supuestas irrregularidades en la adjudicación de subvenciones para uso del valenciano a raíz de una denuncia del PP. La querella se centra en la actividad de las empresas Comunicació dels Ports SA y Mas Mut Produccions SLU, ambas administradas por Francisco Javier Puig y beneficiarias, desde 2015, de 600.000 euros en ayudas.
La decisión de declarar compleja la causa puede deberse a que haya un gran número de imputados o delitos, a que haya abundante documentación, se necesite llevar a cabo actuaciones en el extranjero o que se deba revisar la gestión de personas públicas, entre otras razones.
