El Consell que preside Ximo Puig comenzó ayer a digerir el varapalo del pasado viernes cuando, contra pronóstico, el Gobierno de Pedro Sánchez informó de que 14 departamentos de salud (el 70% de la población de la Comunitat Valenciana) permanecerían en la fase 0 de la desescalada.

Después de tres días de intenso fragor político, que comenzaron con el jarro de agua fría del viernes, y en los que el presidente Ximo Puig se ha empleado a fondo para dejar patente su enfado con esta decisión, ayer los esfuerzos se destinaron a tratar de reconducir la situación y rebajar el conflicto con el Ejecutivo central, con quien se negocia ya para que la Comunitat Valenciana pueda pasar a la fase 1 en unos días, probablemente el lunes, tal como reconoció en rueda de prensa el responsable del Centro de Alertas, Fernando Simón, al dar casi por hecho que en breve todos los departamentos de salud estarán en una situación «muy buena» para pasar de etapa.

Tanto Puig como la consellera de Sanidad, Ana Barceló, mantuvieron la tesis de que el ministerio cambió los criterios sobre la desescalada una vez entregados los informes, pero el tono de ambos se rebajó de forma sensible respecto a días pasados cuando Barceló denunció que la decisión era arbitraria y Puig remató que lealtad no es sinónimo de sumisión.

El jefe del Consell habló en una entrevista televisiva de su intención de «pasar de pantalla» y añadió que se «está avanzando» al tiempo que evitó entrar en choque con el Gobierno o ahondar en el agravio comparativo respecto al País Vasco. En la misma línea discurrió la rueda de prensa de la consellera Barceló, la primera desde su airada intervención del viernes para evaluar el portazo del Gobierno. La propia Barceló habló de «mirar hacia adelante» y, al igual que Puig, evitó ahondar en las diferencias con el ministerio. Por su parte, el Gobierno central evitó también el cuerpo a cuerpo. En la comparecencia posterior a la reunión del consejo de ministros, varios medios de comunicación plantearon a la ministra portavoz, Maria Jesús Montero, y al de Sanidad, Salvador Illa, las quejas del Consell y el posible criterio político a la hora de permitir que el País Vasco pasara de fase con algunos indicadores claves más negativos que la Comunitat Valenciana. «No voy a entrar en reproches con ninguna comunidad, los técnicos hacen su trabajo con independencia», indicó Illa, quien calificó de satisfactoria la reunión con Barceló el día anterior. Montero siguió el guión y reiteró que Pedro Sánchez no iba a entrar en discursión con ningún barón regional, un comentario que, con todo, sonó a reproche velado a Puig, cuyo mensaje crítico cogió fuerza en el ámbito nacional durante la ronda de entrevistas televisivas y radiofónicas del lunes. Illa remató con una apelación a la unidad. En realidad la tormenta política comenzó a amainar el lunes por la tarde durante la reunión bilateral que mantuvieron el ministro y la consellera, en la que se trataron de tú a tú las discrepancias respecto a la evaluación de la Comunitat Valenciana para el pase de fase. Las conversaciones que también se produjeron al más alto nivel continuaron a lo largo de ayer y seguirán hoy. Y para evitar que se malogren, la prudencia empezó a ganar terreno en las declaraciones de ambas partes.

Barceló desveló que el ministerio le había trasladado que el criterio de la movilidad había sido uno de los factores principales para vetar la entrada completa de la Comunitat Valenciana a la fase uno y aseguró que había arrancado el compromiso al ministerio de que a partir de ahora los criterios para pasar de fase se conocerían con antelación. La consellera y Puig siguieron, a preguntas de los periodistas, reclamando el informe en el que el Gobierno había basado su no a la desescalada completa, pero con menos ahinco que días atrás. Fernando Simón, por su parte, mantuvo en su comparecencia, que no habría problemas en entregarlo «si lo reclamaban» y ello, a pesar de que el Consell lleva al menos dos días exigiendo que se haga público.

Con todo, tanto la controversia en torno al informe, como la teoría de la decisión política comenzó ayer a desdibujarse en pro de un entendimiento necesario entre ambas administraciones. Consell y Gobierno tratan de superar el conflicto (está por ver las heridas que dejará este nuevo enfrentamiento entre Puig y Sánchez) ya que cómo, apuntó, Barceló «quedan muchas fases por delante».

Por lo pronto, Barceló y Puig se reunirán hoy formalmente para anunciar si pedirán formalmente el pase de fase. Aunque el propósito está claro, el Consell quiere tener atado del todo el sí antes del anuncio para evitar situaciones como la ocurrida la semana pasada cuando tras dar por hecho el pase, se encontraron con el portazo. El coste no es sólo político. «No se trata de una carrera entre comunidades», advirtió ayer Puig. Pasar a la fase uno no sólo es un alivio para la ciudadanía sino que es clave en términos económicos, sobre todo, para sectores importantes como la hostelería o el turismo.

La salud es lo primero, dicen los responsables de ambas administraciones, pero después, está la economía y es evidente que la comunidad que antes libere determinadas actividades estará mejor posicionada para salir de la grave crisis económica que lleva aparejada la sanitaria.

«Los datos son poco claros»

Mientras, el alcalde de València, Joan Ribó, se mostró preocupado por los motivos «poco claros» para mantener el área sanitaria de València y de las grandes ciudades de la Comunitat en la fase 0 de la desescalada, a pesar de los buenos datos presentados inicialmente.

«No se pueden cambiar las reglas a mitad de partido y los verdaderos motivos por los cuales no hemos pasado a la fase 1 no son claros y tampoco sabemos si son técnicos», señaló el alcalde que lamentó que se perjudica gravemente a la C. Valenciana.

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