El fin del estado de alarma no supondrá el fin del uso de la mascarilla. Tampoco de las medidas de prevención y contención del virus. Así lo fija el Gobierno en el decreto ley que aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros para regular la fase final de la desescalada, bautizada como «nueva normalidad» por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En él, prevé mantener la obligación de llevar mascarilla siguiendo la regulación actual. Es decir, esta prenda de protección deberá usarse en cualquier espacio cerrado, en lugares públicos donde no pueda mantenerse la distancia interpersonal de seguridad de dos metros y en el transporte público. Las excepciones también seguirán vigentes, eximiendo de esta norma a las personas a las que su uso resulte contraindicado por motivos de salud justificados y a los menores de seis años. Infringir esta medida supondrá una infracción leve y conllevará multas de hasta 100 euros.
Además, el decreto -adelantado ayer por la Cadena Ser-, exigirá a las comunidades autónomas tener activados una serie de recursos personales y de material sanitario con los que poder afrontar eventuales rebrotes del virus y recoge medidas orientadas a evitar aglomeraciones en los espacios públicos o de trabajo. De hecho, los gobiernos autonómicos deberán continuar reportando al Ministerio de Sanidad toda la información relativa al seguimiento epidemiológico de la epidemia en sus territorios y la situación de su capacidad asistencial.
Sanidad tendrá la última palabra
Pese a que el documento de Moncloa no contempla ningún punto con el que poder limitar la movilidad, que en esta «nueva normalidad» estará en manos de las autonomías, el departamento de Salvador Illa se reserva la potestad de adoptar medidas adicionales ante cualquier eventual emergencia sanitaria. El ministro resaltó ayer que la movilidad entre distintas comunidades se producirá cuando los territorios alcancen esa última fase de la desescalada y el director del centro de coordinación de alertas sanitarias, Fernando Simón, añadió que los presidentes autonómicos «tendrán que solicitar al ministro» el fin del estado de alarma o, «como mínimo, informar» de su decisión.
Evitar aglomeraciones
En los centros de trabajo, las empresas deberán adoptar las medidas de limpieza y desinfección adecuadas y vigentes ya durante las primeras fases de desescalada. También deberán adaptar las condiciones de trabajo para garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad. En caso de que esto no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
Igualmente, se establecerán medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia. Asimismo, en el transporte público se reajustará la oferta de trenes y autobuses para «evitar aglomeraciones». «El titular de la Dirección General de Transporte Terrestre podrá adecuar la oferta de tales servicios para garantizar su correcto funcionamiento, cuando existan razones de interés general que así lo aconsejen», señala el documento.
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