El año 2021 ha de ser el año de la rehabilitación, una oportunidad histórica para impulsar un necesario y urgente cambio de paradigma en el sector de la construcción y en la manera de concebir nuestra relación con el medio edificado.
En primer lugar, ha de serlo porque los beneficios que aporta la rehabilitación, tanto a nivel económico como social o medioambiental, son indiscutibles. Permite recuperar las funciones residenciales de las viviendas existentes y, como consecuencia, racionalizar el uso del suelo no edificado, limitando el crecimiento de las ciudades y respondiendo a la demanda de vivienda de una manera sostenible.
En el marco de la transición verde se estima que, en España, más de 25 millones de viviendas necesitan una intervención, cuando en la actualidad el ritmo alcanzado apenas supera las 30.000 viviendas al año. Esta es la medida del reto al que nos enfrentamos y que la Unión Europea ha cifrado en una tasa de rehabilitación del 3 % del parque construido anualmente.
En segundo lugar, ha de serlo porque hemos hecho experiencia, durante esta ya larga e intensa crisis sanitaria del coronavirus, de la importancia que tiene habitar viviendas confortables, salubres y adaptadas a nuestras necesidades, presentes y futuras.
En este sentido, la reforma de las viviendas ha cobrado una relevancia inusitada. Prueba de ello es el hecho de que sea, dentro del sector, la única actividad que ha visto incrementado su volumen de negocio. Según el observatorio del CSCAE, el número de viviendas nuevas visadas en 2020 cayó un más de un 17 % y la rehabilitación integral también retrocedió, un 8,5 % en este caso.
En tercer y último lugar, ha de serlo porque de ello depende la recuperación de la economía. Con la llegada de los fondos europeos se abre una oportunidad inédita para transformar el sector. Los más de 6.800 millones de euros destinados a la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana abren la puerta a implementar con rapidez las reformas necesarias para que el sector pueda por sí mismo transitar hacia su reconversión, una vez esta coyuntural inyección de recursos públicos haya cesado.
Rehabilitar para recuperar la economía
La rehabilitación está destinada, efectivamente, a dejar de ser la hermana pequeña de la promoción en la medida en que la reutilización ha de reivindicarse como el mecanismo más eficiente de defensa del derecho a una vivienda y el mejor mecanismo de recuperación económica.
Sin duda, las viviendas de obra nueva seguirán jugando un papel importante en cuestiones como la consolidación del tejido construido de nuestras ciudades y el aumento de un parque público, pero es la rehabilitación y la adecuación del parque construido la que en años venideros cobrará protagonismo.
Todo ello solo es posible si contamos con una información exhaustiva, ordenada y fiable de las condiciones en las que se encuentra el parque de viviendas existente. Solo sobre una base que refleje el volumen del parque de viviendas, su edad y el estado de conservación se podrán planificar líneas efectivas de actuación, priorizando la conservación de zonas o barrios más degradados, la mejora de la accesibilidad en los edificios con condiciones más gravosas, la mejora de la eficiencia energética en las zonas más sensibles… y, cómo no, poder adelantarnos a los posibles daños causados por su degradación.
La ITV de los edificios
En la Comunitat Valenciana disponemos del instrumento adecuado para ello: el Informe de Evaluación del Edificio de Uso Residencial de Vivienda (IEEV CV). Este documento, realizado por un profesional competente en la materia, analiza tres aspectos concretos:
- Estado de conservación del edificio
- Nivel de cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad
- Eficiencia energética
Todos los edificios de viviendas de la Comunitat Valenciana con más de 50 años, así como aquellos que vayan a recibir ayudas públicas, están obligados a tenerlo. Es algo así como la ITV de los edificios: un control periódico —cada diez años— de la situación en la que se encuentra el parque construido que deriva en ciertas recomendaciones para la mejora de su situación e, incluso, la descripción de actuaciones urgentes a realizar.
Lo cierto es que, en la actualidad, el nivel de cumplimiento en la Comunitat Valenciana es muy bajo, pese a que la normativa vigente establece una sanción que oscila entre los 600 y 6.000 euros. En esta situación se encuentran ya todos los edificios construidos antes de 1901 y, a partir del 1 de enero de 2022, a estos se sumarán aquellos construidos antes de 1950.
La situación es, no obstante, muy desigual en la Comunitat Valenciana. En primer lugar, es más elevado el grado de cumplimiento en las grandes conurbaciones. De ahí se desprende que, por ejemplo, el grado de cumplimiento en la provincia de Valencia alcance el 5 %, en tanto que en Castelló o Alicante se sitúe en el entorno del 3 %.
Pero luego hay significativas diferencias entre municipios en función de si hay o no una implicación activa por parte de las entidades locales. Por ejemplo, esta es la diferencia entre un ayuntamiento con un plan específico de promoción del IEEV y otro que no, estando apenas separados por una calle.
En esta captura del visor del IEEV CV del Institut Cartogràfic Valencià queda reflejado en rojo el parcelario con una antigüedad superior a 50 años y en verde aquellos edificios que ya tienen realizado el IEEV CV.
Así, con el objetivo de impulsar de una manera definitiva la redacción de IEEV CV, la Vicepresidencia Segunda del Consell y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha lanzado unas ayudas dotadas con dos millones de euros cuya solicitud puede presentarse hasta el 30 de junio.
Habrá una subvención básica del 20 % del importe protegido del IEEV CV para todas las solicitudes de edificios con una antigüedad superior a 50 años, más una subvención adicional en función de los puntos obtenidos en la baremación.
La suma puede alcanzar 4.500 euros por solicitud en función del número de viviendas y superficie del local del edificio en cuestión.
