Vanessa Peña saca números y no le salen. Entre ella y su pareja ingresan al mes poco más de 600 euros, así que pueden pagar un alquiler que ronde los 200 euros. Así lo hizo, hasta que el amigo al que le arrendaban una pequeña vivienda les dijo que necesitaba el piso para su familia y que se tenían que ir. Imposible encontrar por ese precio otra casa. Solo el alquiler de una habitación ya cuesta 300 euros y la pareja tiene, además, una niña de 19 años. Un joven del sindicato de barrio Construyendo Malilla les acogió durante unos días en su casa. Les avisaron de una vivienda vacía de banco y allí se metieron.

Así, son okupas desde hace poco más de dos semanas y allí viven sin luz, tras adecentar un mínimo la vivienda. Sin embargo, ya tienen orden de desahucio para el 26 de julio. «El piso era de banco pero vino el dueño a decirnos que al final habían saldado la deuda con la entidad bancaria y el piso era ahora de ellos, de nuevo. Así que nos iremos. No queremos perjudicar a ningún vecino. Seguiremos okupando piso de banco tras piso de banco hasta que encontremos un alquiler que podamos pagar», explica Vanessa. La mujer hace las declaraciones en la plaza del Ayuntamiento de València, junto a otras familias en similares circunstancias y acompañada por un grupo de jóvenes de Construyendo Malilla. Ella ha sido la promotora de la protesta. Ella pidió el permiso y se identifica ante la policía como principal responsable, aunque lamenta que, por miedo, no sean más familias las que se unan a la concentración. «Cada día hay más desahucios y somos muchas familias, demasiadas, las que no podemos pagar un alquiler. Ni tan siquiera un alquiler social, porque los precios asequibles que maneja el ayuntamiento van desde 322 euros por 60 m2 hasta 491 euros por 92 metros cuadrados.

Ni tan siquiera eso puedo pagar, pero tampoco recibo ayuda alguna, solo la de estos jóvenes», asegura Vanessa, una mujer que ha tramitado un grado de discapacidad tras sumar enfermedades. Su marido, churrero, lo que acumulason facturas sin poder trabajar. Ahora cobra el paro «pero no es eterno».

Marisa Segura sí tiene trabajo. Dos, para ser más precisos. Uno con contrato, los fines de semana, por 250 euros y otro sin él, por 600. Los dos en hostelería, fregando platos. Con ninguno de los dos podrá firmar un contrato de alquiler ya que son otros los requisitos y perfiles que se exigen. La mujer tenía una peluquería antes de una pandemia que la ha dejado en la ruina y con deuda de un año de alquiler. No le ha llegado la orden de desahucio, pero sabe que le llegará. «El ayuntamiento ha ofrecido pagar tres meses de alquiler pero la inmobiliaria se niega. Quieren que me vaya del piso», explica Marisa. Pero la mujer no vive sola. Tiene tres hijos, de 15, 11 y 6 años. Sabe que una de sus opciones reales pasa por hacer lo mismo que Vanessa y que tantos otros: okupar una vivienda vacía de banco.

«Solo en la ciudad de València hay 56.000 viviendas de banco vacías. Tenemos el parque público más pequeño de Europa, que solo representa el 3 % y cada año vemos cómo se criminaliza a las familias que se ven obligadas a okupar inmuebles. Lo hacen por necesidad. La vivienda es un derecho fundamental», concluyen desde el Sindicato de barrio Construyendo Malilla.