La historia del Embalse de Alarcón es la de «un sueño hecho realidad». Así lo creen los descendientes de los regantes que impulsaron esta obra faraónica a medias con las centrales hidroeléctricas. Buena parte de ellos siguen siendo miembros de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), la asociación que aúna a todas las acequias y plataformas de regantes que se nutren del Júcar en la provincia de València. Fue esta agrupación la que se comprometió a financiar en 1941 la obra y la que protagonizó una dura negociación con el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat para que la gestión de la infraestructura hidráulica pasara a manos del Estado.
La operación se llevó a cabo con figuras como Juan Antonio Delgado Aleixandre en la comisión para la negociación. El resultado fue el Convenio de Alarcón, por el que se regulaba la explotación del embalse por parte de las 40.000 familias que lo usan para riego. Este acuerdo se ha integrado en todos y cada uno de los Planes Hidrológicos del Júcar que se han redactado hasta la actualidad, el último de ellos en 2016 y ahora, a un año de su renovación, las alarmas han saltado porque en el borrador que ha hecho público el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, se ha omitido la mención y referencia a este convenio. A expensas de ver si terminará por incluirse o no, lo cierto es que este acuerdo es un documento independiente con una vigencia de 60 años. Su inclusión en el plan hidrológico refuerza su peso y certifica su validez.
En dicho convenio, rubricado hace hoy 20 años, la USUJ y las hidroeléctricas (hoy integradas en Iberdrola) cedían la gestión del embalse, que no su propiedad, asumiendo que debían entrar otros actores al Júcar, en especial los regantes de la Mancha Oriental y el Vinalopó. Se aceptó a cambio de tres contraprestaciones: que el Gobierno acometiera la modernización de las infraestructuras de regadío (que se han producido a cuenta gotas), la garantía de una curva de reserva de agua para asegurar el riego de los cultivos valencianos y la exención de los gastos de gestión, mantenimiento y explotación del embalse durante 60 años.
Sin embargo, desde la firma del convenio no han dejado de judicializarse ciertos asuntos. El Tribunal Supremo, en 1983, obligó a la Administración a entregar el embalse que se arrogaba para sí misma. De nuevo, el Supremo intervino en 2011 porque el Gobierno consideró que la curva de reserva para los regantes valencianos debía calcularse junto a los embalses hermanos de Contreras y Tous, lo que hacía reducir drásticamente los derechos de uso de agua de los valencianos. En 2019, se evitó volver de nuevo a las salas del Tribunal Supremo tras ocho años de proceso judicial cuando Albacete asumió pagar 1,1 millón de euros por el pago de compensaciones a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) por el uso del agua entre 2005 y 2008.
