Dieciocho semanas han aguantado los centros de mayores de la Comunitat Valenciana sin tener que lamentar bajas entre sus residentes a causa del coronavirus. Desde los últimos días de marzo cuando todavía se registraron fallecidos de la gran ola de enero hasta los primeros de agosto, en los que ahora el Imserso sitúa la primera muerte por covid-19 de esta cuarta oleada. Un deceso en la semana del 2 al 8 de agosto y seis más en la última con datos del 9 al 15.

En total, siete nuevas víctimas en el colectivo más golpeado, que suma 1.738 bajas desde marzo del año pasado, el 22,8 % del total de víctimas reconocidas hasta ahora de la covid.

La esperanza de que la cuarta ola pasara de largo entre el colectivo estaba ahí tanto por la inmunidad lograda por la vacuna como por los controles puestos en visitas y salidas de los residentes. De hecho, pese a que los brotes activos en residencias en el pico de la ola pasaban del medio centenar, la afectación a los residentes no parecía grave. En los de más envergadura que se tuvo noticia, como el de Navarrés, se hablaba de una mayoría de positivos asintomáticos y muy pocos con algún síntoma que hacía recomendable su control en el hospital.

Aún así, las vacunas pueden fallar, aunque en un porcentaje mínimo y, además, el sistema inmunitario de los mayores es más frágil. El acúmulo de dolencias de los mayores hace que la covid-19 se convierta también en un agente desestabilizador, como sucede con la gripe. Se desconoce si estos siete fallecidos conocidos ahora estaban vinculados a alguno de los brotes masivos registrados en residencias durante esta última oleada en la Comunitat Valenciana.

Desde la patronal de las residencias, Aerte, su presidente José María Toro lamentaba estas pérdidas pero hacía hincapié en la bajada de la mortalidad en el colectivo. «Está siendo casi ocho veces inferior que la histórica desde el inicio de la pandemia. Estos datos demuestran la protección que la vacuna ofrece a las personas más vulnerables», explicó.

Por ahora parece que la afectación del virus en los centros de mayores está también de retirada, como en el resto de colectivos. El número de positivos confirmados la semana pasada se situó en 78, por debajo de los 85 de la semana anterior. También el número de residencias con brotes activos ha bajado: de las 55 del pasado 10 de agosto, a las 48 confirmadas ayer por Sanidad. De ellas, en 17 se había confirmado algún positivo entre los residentes en la semana del 9 al 15, según el Imserso.

Cabe recordar que con un solo positivo, ya sea en residentes o en trabajadores, se notifica un brote y éste no se cierra hasta que han pasado 28 días desde el último positivo.

Precisamente, los trabajadores sociosanitarios tendrán que someterse a pruebas periódicas para evitar ser vía de transmisión involuntaria del SARS-CoV-2 (al tener más interacciones sociales que los internos). Así lo ha plasmado la Conselleria de Sanidad en un nuevo protocolo, que llega después de una recomendación del Ministerio de Sanidad pactada en la Comisión de Salud Pública del pasado 9 de agosto y que establece dos formas de control.

Control de los mayores no inmunizados

Si el empleado no está vacunado, tendrá que someterse a dos pruebas de antígenos a la semana. Los vacunados tendrán que pasarlo cada dos semanas si el centro está en un municipio en nivel de alerta dos o tres, y también a la vuelta de vacaciones o permisos o si entran por primera vez a trabajar en el centro.

Queda aparcada, por ahora, la opción de introducir como obligatoria la vacunación covid-19 para trabajar en este sector, como se está acordando en otros países. Según la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, en la C. Valenciana solo el 4 % de trabajadores sociosanitarios estaban sin inmunizar. El presidente de las patronal José María Toro aplaudió la medida y demandó saber cuánto antes cuándo llegarían las pruebas «para comenzar de manera inmediata».