La investigación judicial abierta por el posible encubrimiento de la conselleria que dirige Mónica Oltra tras detectar un caso de abusos sexuales a una menor tutelada, por el que ha sido condenado a cinco años de prisión el exmarido de la vicepresidenta, se ha ampliado con otros cinco nuevos cargos de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas investigados. El Juzgado de Instrucción número 15 de València encargado del caso ha decidido citar como investigados a la directora general y a la subdirectora de Infancia y Adolescencia, a la jefa de este Servicio, al secretario territorial y a una técnico de la Sección del Menor que no dio credibilidad al relato de la niña.
El inicio de esta investigación penal dirigida inicialmente contra ocho cargos de la conselleria y personal del centro de menores en el que se produjeron los abusos -cuya condena todavía está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo - y que ahora se amplía con otros cinco investigados se debe a la "sospechosa actuación del personal directivo y técnico de la Conselleria, particularmente del personal que ordenó y llevó a cabo lo calificado como "instrucción parajudicial" , así como el tratamiento dispensado a la menor que según lo relatado, lejos de ser protegida fue objeto de una injustificada persecución", según hace referencia el auto judicial.
La causa se inició a raíz de dos denuncias, una interpuesta por la propia menor, y la otra por la asociación Gobierna-te. Las denuncias consideran que los hechos son constitutivos de posibles delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, denegación de auxilio, abandono de menor y contra la integridad moral.
El juez ha determinado que de la documentación aportada hasta el momento y de las declaraciones prestadas por los investigados a lo largo de esta semana, entre los que figura la Directora Territorial de la Conselleria de Políticas Inclusivas, consta la intervención de estos otros cinco investigados en el proceso de apertura de un expediente de "información reservada" referente a los presuntos abusos en el centro, así como en el retraso en la comunicación de los hechos referidos por la menor, de catorce años, de los que tuvieron conocimiento en febrero de 2017 y que no se destaparon hasta que unos policías localizaron a la menor tras una fuga del centro en junio de ese mismo año, cuatro meses después.
El instructor entiende que la actuación en los hechos por parte de estos cargos de la conselleria debe ser esclarecida, de ahí que sean citados como investigados. Por un lado por la no comunicación a la Fiscalía de Menores de los graves hechos relatados por la menor en febrero y por otro por no apartar al educador de su víctima y que no constara en el expediente de protección de la menor comunicación alguna de los abusos.
Además se recrimina la investigación paralela que la conselleria realizó una vez ya había sido judicializado el caso, hecho del que ya tenían conocimiento, según detalla en el auto el juez instructor. "Resulta un hecho difícilmente controvertible que cuando desde la Dirección General se solicita a la Dirección Territorial que se abra un Expediente Informativo o Información Reservada sobre los hechos, los mismos se habían judicializado semanas antes y ello había sido debidamente comunicado a la Dirección Territorial", puntualiza el juez.
El auto judicial remarca que dos oficios de la Fiscalía fueron remitidos a la Dirección Territorial de la conselleria en su día, como así lo evidencia el registro de entrada con fecha del 7 de Julio de 2017, y otro con registro de salida el 11 de julio de 2017, del jefe de la Sección de Menores donde respondía de manera parcial a lo ordenado por la fiscal, "remitiendo documentación, pero no contestando a los demás puntos requeridos".
Así, explica que esto dio lugar a un tercer escrito de la fiscal de Menores el 14 de julio de 2017 recordando que no se había cumplimentado lo interesado por la misma y que no fue contestado hasta el 14 de agosto por escrito de la jefa del Servicio de Infancia.
