Uno de los altos cargos investigados en la causa por encubrir el caso de abusos a una menor tutelada por el que ha sido condenado el exmarido de la vicepresidenta, Mónica Oltra, sale en defensa de ésta en su recurso. En este caso es la directora territorial de Igualdad en Castelló, quien recurre el auto del juzgado de Instrucción número 15 de València que solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) que la vicepresidenta sea investigada por su condición de aforada.
La defensa de Carmen Fenollosa ha presentado un recurso de reforma para que el juez instructor deje sin efecto la resolución del pasado 1 de abril. Esta contenía una exposición razonada al TSJ en la que pedía la imputación de Oltra al considerar que existen indicios «racionales, serios y fundados» de la participación de la vicepresidenta en los hechos investigados y que no resulta posible progresar en la investigación sin que la consellera sea oída como investigada.
Corrobora la tesis de Oltra de que el informe parajudicial se pidió para «saber qué cosas se podían mejorar»
La directora territorial trata de desmontar en su recurso las argumentaciones expuestas por el instructor. Niega así que se cometieran irregularidades y esgrime entre otras cuestiones que el sistema de protección de menores víctimas de abusos implantado por la conselleria era relativamente reciente, atribuyendo así sus posibles defectos al poco tiempo que la vicepresidenta llevaba en el cargo cuando ocurrieron los hechos (2017).
«Algunas cosas se hicieron como se venían haciendo desde hacía décadas, un sistema que por cierto se cambió y se intentó mejorar por la conselleria posteriormente», indica en su recurso. Traslada de esta manera la responsabilidad de los protocolos de atención en caso de abusos hacia el anterior equipo de gobierno, del PP. Y pone sobre la mesa de nuevo el aspecto político de esta causa con trece investigados, entre cargos de la conselleria de Políticas Inclusivas y personal del centro de menores donde se produjeron los abusos.
De igual modo, la recurrente defiende, en la línea de lo expuesto por Oltra, la utilidad del expediente «parajudicial» en el que se detallan las actuaciones realizadas en 2017 y los motivos por los que no se derivó a la menor al Instituto Espill. «Sirvió para saber qué había fallado o qué cosas se podían mejorar», argumenta.
