Cuando aún no se había decidido la suerte de la III División Orgánica, con sede en Valencia, una columna de milicianos y guardias civiles, al mando del coronel de Carabineros Hilario Fernández Bujanda, y del también diputado de Izquierda Republicana por Castellón, Francisco Casas Sala, se pusieron en marcha el día 25 de julio hacia la ciudad de Teruel con la finalidad de recuperarla para el gobierno republicano. Los militares de esta ciudad se habían sublevado pocos días antes con éxito. Formaban una minúscula guarnición militar, pero que ayudados por la Guardia Civil, y por grupos de civiles armados, y la excesiva confianza de la autoridades republicanas, a cuya cabeza se encontraba el gobernador civil, pudieron controlar y dominar Teruel después de algunas horas de incertidumbre.
Teruel era una ciudad y provincia con poca importancia militar, pero suponía un aldabón y un entrante cerca de la capital valenciana. Poco podían hacer los militares sublevados de Teruel para amenazar Valencia, pero era necesario para el gobierno de la República su recuperación. Albacete, también sublevada, había vuelto a manos del gobierno republicano mediante un ataque conjunto de dos columnas valencianas. Se pensaba que la rendición de Teruel sería cosa de días, pero ocurrió todo lo contrario.
Con el estudio del juicio sumarísimo que se les incoó nada más ser apresados por la Guardia Civil a los dos máximos dirigentes de la columna, el coronel de Carabineros Hilario Fernández Bujanda y el diputado Francisco Casas Sala, hemos podido comprobar la total falta de garantías legales y la rapidez con que los militares sublevados quisieron terminar con la vida de estos dos defensores de la República. Aunque también hubo honrosas excepciones dentro de los militares que formaron parte de este teatro judicial, como el defensor de los dos encausados, el teniente de Ingenieros, Tomás Asensio.
Los guardias civiles que formaban parte de la columna, se sublevaron en Puebla de Valverde el 29 de julio. Inmediatamente detuvieron al coronel Fernández Bujanda, y poco después al diputado Casas Sala. Hubo numerosos muertos entre los milicianos de la columna, y solo unos pocos heridos entre los miembros de la Guardia Civil. Acto seguido la columna de guardias, junto a los detenidos, un buen número de milicianos, algún militar republicano, el capitán Luis Sirera y los máximos dirigentes de la columna, marcharon hacia Teruel, donde supusieron desde un primer momento un alivio y refuerzo a la exigua guarnición turolense. El mismo 29 de julio por la noche, se recibió en la Comandancia Militar de Teruel, un telegrama del jefe de la V División Orgánica, en el que se instaba a la formación de juicio sumarísimo contra Coronel Carabineros y exdiputado (sic) Casas Sala y marxistas detenidos…y decretando ejecución sentencia con simplificación tramite. En el sumario que hemos podido consultar solo se juzgó a los dos dirigentes de la columna, por los delitos de devastación, saqueo y rebelión, no así a los otros detenidos por la Guardia Civil.
Como les habían ordenado, todo debía ser rápido, al día siguiente, el juez encargado del sumario, el capitán de la Caja de Reclutas de Teruel, Lupercio Villuendas, tomó declaración a dos capitanes de la Guardia Civil de la columna que se habían sublevad. Los dos declararon que una de las causas de su sublevación, fueron los continuos saqueos y robos cometidos durante su trayecto hasta Puebla de Valverde por parte de los milicianos de la columna, sin que las continuas quejas de los mandos ante el coronel de Carabineros tuvieran efecto. En algunos trabajos anteriores se hace referencia a que los oficiales del instituto armado tenían planeado sublevarse cuando se encontraran cerca de Teruel. De las declaraciones de estos dos oficiales, nada se desprende en este sentido, puesto que de haberlo planeado desde un principio, lo hubieran declarado ante el juez militar, y no fue así.
En la madrugada del 31 de julio se tomó declaración a los dos encausados, lo que nos da a entender la celeridad con la que se pretendía zanjar el tema de los dos detenidos. A la 01’15 de la madrugada declaraba el coronel Hilario Fernández Bujanda, natural de Logroño y de 56 años de edad. Ante el juez explicó que lo detuvo un comandante de la Guardia Civil, Francisco Ríos Romera, quien nada más llegar a Teruel se suicidó, y que sino se hubiera puesto a las órdenes del gobierno legalmente constituido, hubiera cometido rebeldía, y por ello castigado. Poco después lo hacia el diputado Francisco Casas Sala, al que los militares rebeldes en el sumario siempre señalan como ex diputado, natural de Manresa, de 39 años y abogado. Es curioso que las declaraciones de los dos prisioneros ocupan solo unos pocos párrafos en el sumario.
Unas horas después, se nombraba el Consejo de Guerra que juzgaría de manera sumarísima al coronel de Carabineros y al diputado Casas Sala. Con la formación del Consejo de Guerra se produjo la gran anomalía legal, al coronel le hubieran debido juzgar oficiales generales, pero no habiendo en esta plaza personal de la categoría correspondiente, se forma el Consejo de Guerra con oficiales de menor graduación. El presidente seria el comandante militar de Teruel, Mariano García, teniente coronel que había encabezado la sublevación, junto con el verdadero líder y máximo artífice del golpe en la ciudad aragonesa, el comandante Virgilio Aguado, que pocas semanas después moriría en un encuentro con los milicianos cerca de Sarrión. También componían el Consejo de Guerra un comandante de la Guardia Civil y dos capitanes de la misma. No había ninguna duda de la intención del Consejo de Guerra y de los militares sublevados, la ejecución rápida e inmediata. El general Mola, verdadero forjador del comploto militar ya lo había señalado en uno de sus comunicados, la acción debía ser en extremo violenta.
De inmediato se les leyeron a los detenidos los cargos. El coronel alegó su creencia de no haber cometido delito, y que de haberlo cometido pedía que fuera juzgado por el gobierno, del cual depende el declarante. El diputado Casas Sala, también alegaba incompetencia de jurisdicción, y que no se conformaba con ningún cargo de los que resultan en documentos. La sed de venganza de los sublevados y las prisas por terminar de la manera más rápida esa farsa de juicio, se evidenciaron cuando los dos procesados propusieron nuevas diligencias, que se desestimaron por el presidente con el argumento que ocasionarían dilaciones y retardo en el procedimiento.
Pocas horas después, a las 14 horas de ese mismo día se celebraba el Consejo de Guerra para dictar sentencia. El coronel Fernández Bujanda no quiso estar en la sala que los juzgaba, con seguridad presuponía cual sería la sentencia. Casas Sala si estuvo presente. El fiscal pedía la pena de muerte y una multa de un millón de pesetas para los dos. El abogado defensor, el teniente de Ingenieros Tomas Asensio, pedía la absolución de los dos procesados. En su alegato, a pesar del ambiente que reinaba propenso a su ejecución inmediata, propuso la instrucción de un nuevo sumario para aclarar los hechos y que de un modo tan rápido e impreciso se quiere juzgar…El defensor terminaba su alegato dirigiendo un llamamiento a los sentimientos cristianos y humanitarios del Consejo y rogarle y pedirle y suplicarle en nombre de Dios y la Ley que antes de dictar sentencia piensen en lo irreparable de su determinación y en la mucha sangre que de todos los españoles se esta derramando y que no aumenten con su precipitación la suma ya grande de inocentes que viene sacrificándose para dar fin a esta lucha entre hermanos. Sus súplicas cayeron en saco roto.
Poco después, el Consejo de Guerra dictaba sentencia: Fallamos, que debemos condenar y condenamos a Don Hilario Fernández Bujanda y a Don Francisco Casas Sala a la pena de muerte, previa degradación del primero de los condenados y a que indemnicen solidariamente en la cantidad de un millón de pesetas por los daños producidos…informando no proceder al indulto.
Se les notificó inmediatamente su entrada en capilla, manifestándoles que podían pedir los auxilios que necesitaran y que digan su ultima voluntad, a lo que contestaron que no tenían nada que decir.
Se informó de inmediato mediante telegrama a la Junta de Defensa Nacional, en aquellos momentos, la única autoridad en el bando rebelde, que mantuvo la sentencia del Consejo de Guerra, y en telegrama el 1 de agosto ordenaba: procédase inmediatamente a ejecutar sentencia Consejo de Guerra…significándole que la ejecución aludida se ha de efectuar en el cementerio a las 19’30, para lo cual se ha nombrado el correspondiente piquete Poco después el médico certificaba la defunción de los dos defensores de la legalidad republicana que fueron enterrados en el cementerio de Teruel en la manzana sexta, zanja novena, con los número 38 y 39.
Según fuentes consultadas, los otros prisioneros, posiblemente también, el capitán Luis Sirera, fueron trasladados a la Puebla de Valverde y fusilados en el cementerio al día siguiente a las 4 de la mañana en grupos de cinco, permaneciendo todavía enterrados en una fosa común.
Terminaba de esta manera tan trágica el primer intento por parte de las autoridades republicanas de tomar Teruel. El fracaso supuso un duro golpe en la retaguardia valenciana. Muchos fueron los que culparon del fracaso a la Junta Delegada del Gobierno, por haber permitido que en la columna pudieran servir elementos de la Guardia Civil.
Solo cuando se asaltaron los cuarteles de Valencia los primeros días de agosto, se organizaron diversas columnas con la intención de tomar Teruel y vengar a los compañeros caídos. Estas columnas formadas por milicianos de los diferentes sindicatos y partidos del Frente Popular, y elementos dispersos de los diferentes regimientos de la ciudad, no consiguieron tomar la pequeña ciudad de Teruel a la que ya se habían sumado algunos refuerzos provenientes de Zaragoza. La ofensiva de diciembre de 1936 en el que tomaron parte todas las columnas valencianas y la XIII Brigada Internacional, fue un rotundo fracaso, la falta de operatividad y una acción conjunta nefasta, permitieron que la ciudad de Teruel, se mantuviera durante un año más del lado rebelde. Esta fracasada ofensiva sirvió en cierta manera para que el gobierno republicano redoblara sus esfuerzos para la creación de un nuevo ejército y un mando único.
