El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana gasta su último cartucho para intentar archivar el caso Erial para evitar ir a juicio o probar su inocencia mediante la práctica de más diligencias. El exministro de Trabajo ha presentado un recurso de apelación contra el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 8 que daba por finalizada la causa e inicia la recta final hacia el juicio del caso Erial. Será la sección quinta de la Audiencia de València, que hasta ahora siempre ha respaldado las decisiones de la jueza y del Fiscal Anticorrupción, la que decida sobre las peticiones de Zaplana, que ataca todos los flancos más débiles, a su juicio, de la instrucción realizada desde el año 2015.

El ex portavoz del PP en el Congreso ataca con dureza la instrucción realizada por el Juzgado de Instrucción 8, junto a la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "La instrucción desarrollada por este Juzgado ha consistido básicamente en unir a la causa las distintas investigaciones realizadas por la Guardia Civil, por propia iniciativa, que procedía a tomar las declaraciones que le parecía oportuno y sobre las líneas de investigación que dicha fuerza policial consideraba, sin atisbo de encomienda o control judicial y, por supuesto, sin permitir a las defensas intervenir en las mismas. De esta forma hemos asistido a una instrucción netamente policial en la que no ha existido otra iniciativa que la de la fuerza actuante", señala el recurso de apelación al que ha tenido acceso Levante-EMV.

La defensa de Zaplana, que ejerce el abogado y ex fiscal Daniel Campos, añade que tras esta "instrucción delegada en la Guardia Civil (...) se dicta un precipitado, desordenado y confuso auto de transformación, sin que existan otras 'bases indiciarias' para imputar a mi defendido que la declaración previamente pactada de Fernando Belhot y la mal llamada 'hoja de ruta'; indicios que la ilustrísima.señora instructora se ha negado a someter a contradicción señalando nueva declaración del señor Belhot o del señor Benavent una vez levantado el secreto". 

De hecho, el ex presidente de la Generalitat señala que el último auto del caso Erial "clausura la instrucción de forma precipitada, privando a esta parte de la oportunidad de plantear diligencias de investigación alternativas a la propuesta e, incluso, la propia declaración del investigado", en referencia a Eduardo Zaplana que se negó a declarar cuando fue detenido y tampoco ha solicitado su comparecencia desde que se levantó el secreto del sumario, en febrero de 2019.

Ahora el ex ministro sí quiere ser citado a declarar, aunque después de que la Audiencia de València corrija a la jueza y la obligue a ordenar que comparezcan el ex comisario José Manuel Villarejo y a Marcos Benavent, el yonqui del dinero. Una petición que ya realizó en 2021 pero que ha sido rechazada por la Fiscalía Anticorrupción, la titular del Juzgado de Instrucción 8 de València y la sección quinta de la Audiencia de València.

Otro de los flancos de ataque de la defensa del ex jefe del Consell es la declaración de su presunto testaferro uruguayo, Fernando Belhot, que pide sea anulada. "La declaración como testigo de Fernando Belhot tras un pacto ilegal con el representante del Ministerio Fiscal, sin la intervención de esta defensa y vedando una nueva declaración del testigo sometida a contradicción, deja a mi representado en una situación de absoluta indefensión material, por lo que debe declararse la nulidad de dicha declaración y su expulsión del procedimiento", señala en referencia a la imputación inicial de Belhot, que pasó a ser testigo tras colaborar con la justicia y entregar al Juzgado de Instrucción 8 un total de 6.734.026,1 euros, un dinero que le habría entregado presuntamente Zaplana para realizar inversiones.

Sobre las propiedades de pisos, embarcaciones y cuentas en el extranjero, la defensa de Zaplana recurre a la ironía. "Se dice que el señor Zaplana era el propietario, por supuesto 'velado', de un piso en la Calle Núñez de Balboa de Madrid que fue adquirido por Costera del Glorio, con las plusvalías generadas en una previa inversión en una inmueble en la Urbanización La Finca de Madrid, inversión que también habría realizado 'veladamente" mi representado. Pero la pregunta es, ¿para qué tendría el señor Zaplana que “velar” esa inversión?¿No podía haber comprado el inmueble de la finca y posteriormente el piso de Núñez de Balboa? Si la primera adquisición se financió con un préstamo bancario que luego se cancela tras su venta, que necesidad tenía el señor Zaplana de ocultar dicha operación, realizada con dinero de procedencia absolutamente limpia. El señor Zaplana tiene un patrimonio totalmente moderado habida cuenta de las rentas declaradas a la AEAT y que no ha tenido financiación de fuentes desconocidas. El informe pericial aportado por esta defensa demuestra con absoluto rigor y detalle cómo financió y pagó cada uno de los inmuebles que ha tenido desde antes de dedicarse a la política. Las cuentas del señor Zaplana están aportadas a la causa y se puede hacer un seguimiento pormenorizado de sus consumos. Si ha pedido prestado a un amigo dinero para pagar un coche o un impuesto, lo recibió por transferencia, lo declaró al Congreso cuando era diputado, y luego lo devolvió mediante cheques con una absoluta trazabilidad. ¿Dónde está la actuación 'velada'?", alega en el escrito presentado ayer en el Juzgado de Instrucción 8 de València.

Y concluye, por último, sobre el delito de pertenencia a organización criminal que le imputa la jueza que "resulta que juntarse con su amigo de la infancia, es considerado formar parte de una organización criminal; según el auto su asesor fiscal también es miembro de la organización, aunque su labor no se exceda en ningún caso del ejercicio de su profesión. Hasta su secretaria, cuando recibía mails, llamadas, compraba billetes o reservaba restaurantes, según la versión del auto impugnado, cometía actos de participación en una organización criminal".