La declaración de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra el próximo 6 de julio es la primera decisión adoptada por el juez instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Antonio Ferrer, que será quien dirigirá la investigación a partir de ahora sobre la actuación de la Conselleria de Igualdad en el tratamiento de la menor que sufrió abusos por un monitor, exmarido de Mónica Oltra. El Alto Tribunal valenciano asumió el pasado jueves toda la causa, iniciada por el Juzgado de Instrucción 15 de València, en 2021, tras la denuncia inicial de la joven que sufrió los abusos, defendida por el abogado y líder del partido de extrema derecha España 2000, José Luis Roberto. Las acusaciones y las defensas ya preparan una batería de peticiones de nuevas diligencias que presentarán ante el TSJ y que será el magistrado Antonio Ferrer el que decida si las acepta, o no. El propio magistrado también puede ordenar las que estime convenientes. Decisiones que extenderá la instrucción de esta causa, con toda probabilidad más allá del verano.
Entre las nuevas diligencias que podrían solicitar las partes estarán las que intentarán ahondar en el origen exacto de la apertura del "expediente informativo a fin de constatar, en su caso, la veracidad de los hechos", iniciado el 8 de agosto de 2017, tras comunicar la Fiscalía de Menores la apertura de diligencias de investigación por los presuntos de un monitor, entonces marido de la consellera de Igualdad Mónica Oltra, a una menor tutelada, que serían confirmados por dos sentencias de la sección segunda de la Audiencia de València (la última del 17 de marzo de 2021). Sobre quién originó la apertura de este expediente hay controversia. Los funcionarios investigados en la causa declararon en Instrucción 15 que "el citado expediente informativo fue aperturado a instancias de la directora general de Infancia y Adolescencia en una conversación que mantiene con la subdirectora general de Infancia el 8 de agosto de 2021". Aunque la vicepresidenta Mónica Oltra aseguró el 7 de marzo a los periodistas que "ese informe, el expediente, lo encargué yo, dejen a la gente en paz. Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado, se lo dije a la Directora General y la Directora General dijo: “Oiga averígüese aquí que ha pasado". Aunque en su primer escrito de defensa, los abogados de Oltra aseguraban que estas declaraciones estaban "claramente condicionadas por la sensación de injusticia e impotencia que sentía al pensar que esa imputación no era más que la instrumentalización penal que conllevaba poner en tela de juicio la profesionalidad de todas las funcionarias y funcionarios de la consellería que habían tenido intervención, así como de los distintos profesionales intervinientes".
Las acusaciones intentarán ahondar en esta contradicción entre lo declarado por Oltra en las Corts, ante los medios y en su escrito de defensa. Y las defensas en justo lo contrario, que el expediente informativo se hizo para cumplir la legalidad. Aunque en este detalle pesa, y mucho, la opinión vertida por la sección segunda de la Audiencia de València en la condena por abusos al monitor que califica este expediente informativo de "parajudicial" y elaborado para desacreditar a la menor, en lugar de esclarecer los hechos.
Además, de la investigación realizada en el Juzgado de Instrucción 15 también quedan pendientes dos declaraciones importantes que se suspendieron en abril, tras decidir el magistrado de este juzgado elevar la causa al TSJ. Se trata del interrogatorio en calidad de testigos a la trabajadora social y el técnico del centro de día a los que la menor comunicó el 13 de febrero los abusos. La joven acudía a este centro de manera puntual para retirar la aportación económica que su progenitor le enviaba desde un centro penitenciario.
