La conselleria de Igualdad ha tenido que derivar a pacientes con problemas de salud mental grave a otras autonomías, al tener todas las viviendas tuteladas llenas. Esta realidad se lleva arrastrando desde hace meses, e incluso la Generalitat reconoce que faltan muchos pisos asistidos para hacer frente a la demanda que existe.
"Muchas personas con trastorno mental grave salen del hospital o incluso desde las prisiones y acaban directamente en la calle, cuando deberían estar en uno de estos recursos", explica Bina Sinal, educadora social de una de las viviendas supervisadas de la asociación Àmbit, que trabaja con personas con patología dual (trastorno mental grave y adicciones).
La vivienda está València y es una de las tres que tiene esta asociación. En total hay unos 130 pisos asistidos en toda la C.Valenciana, la gran mayoría en València, y casi todos pertenecen a entidades privadas. Los internos pagan la estancia gracias a ayudas directas que concede la conselleria de Igualdad.
En función de la gravedad de la persona hay tres tipos de recursos; el primero son viviendas asistidas (con atención durante las 24 horas), el segundo las viviendas supervisadas (con educadores una parte del día) y el tercero pisos supervisados de promoción de la autonomía personal, con mucha más libertad para el interno.
La vivienda en la que trabajan Bina Simal y Gloria Celma, educadora e integradora social, es del segundo tipo y tiene cinco plazas. Ambas explican que "siempre hay una lista de espera muy grande para este tipo de recursos".
Como trabajan para Àmbit, ambas se enfocan en personas ex reclusas . "Hacemos entrevistas en la prisión donde detectamos potenciales personas a tratar mientras cumplen la condena. En las cárceles no hay suficientes recursos para tratar estos trastornos, así que las enfermerías se acaban convirtiendo en módulos de salud mental", cuentan. Denuncian que ni siquiera hay viviendas suficientes para las personas que salen de prisión.
Javier Vilalta, presidente de Àmbit, asegura que "se ha hecho una inversión muy grande en salud mental en los últimos siete años desde conselleria de Igualdad", pero al mismo tiempo denuncia que "la inversión en Sanidad se ha disminuido mucho para pasar a gestionarse por otra conselleria". A su juicio, "es un error, porque muchas personas acaban también sufriendo adicciones".
Sistema bloqueado
"No hay plazas para atender a la gente en viviendas asistidas. Ahora mismo hay un bloqueo de personas que tratan de acceder a estos recursos pero no pueden", explica José María Toro, presidente de Aerte. La patronal critica una modificación de las ayudas por parte de conselleria de Igualdad que "ni siquiera cubre los gastos de una vivienda asistida", y dice que este es el motivo de que haya tan pocas ahora mismo.
Una plaza en una de estas viviendas, con casi un trabajador por interno y atención 24 horas cuesta 2.350 euros al mes. En una vivienda supervisada, donde se da atención de 9 a 18, el coste es menor pero hasta hace poco Igualdad pagaba lo mismo. Así que conselleria decidió bajar la ayuda para las viviendas supervisadas a 800 euros al mes, lo que provoca, según Toro, que los usuarios no puedan pagar la diferencia y opten todos por una vivienda asistida. Estos pisos son a penas el 10 %, pero acumulan la mayoría de solicitudes "así que ahora mismo hay un atasco muy grande y por eso se han acabado derivando personas a otras autonomías", señala.
Toro critica que "ahora mismo la mayoría de viviendas no tienen incentivos porque con las nuevas ayudas de Igualdad no les da para ser rentables". Por eso la patronal propone que "Igualdad debería fijar un tope máximo de ayuda para las viviendas asistidas (con atención 24 horas y cinco trabajadores sociales) y otro para las supervisadas (atención 8 horas y dos trabajadores). Entendemos que no se puede cobrar lo mismo, pero con 800 euros no cubrimos ni los gastos", denuncia.
«La esquizofrenia en sí misma no es peligrosa»
La palabra asusta a la mayoría de personas, pero José Luis, usuario de una vivienda asistida, explica que todavía hay mucho estigma. Él tiene esquizofrenia, y como la gran mayoría no es en absoluto peligroso ni violento. Según él, el problema es que «las personas con problemas de salud mental suelen hacer cosas que el resto no esperan o que descolocan a la gente. No tiene que ser nada malo ni hacer daño a nadie. Pero como es algo distinto a lo acostumbrado la gente tiene miedo», explica.
De hecho, asegura, que el porcentaje de delitos entre la gente con este trastorno es menor que entre la población general, y que, aunque haya personas como él que necesiten apoyo por parte de asociaciones como Àmbit "nos cuelgan una etiqueta sin haber hecho nada malo". José Luis salió recientemente del psiquiátrico de Fontcalent, en Alicante, donde por su mejoría llevaba meses saliendo a realizar actividades deportivas y artísticas a la ciudad.
De ahí ha llegado a una de las viviendas tuteladas de la asociación, donde cura sus heridas para volver a ser independiente. Desde allí explica un fenómeno que define como "la locura de los cuerdos". "Cuando mi familia me dejó totalmente desatendido sin entender muy bien lo que pasaba mientras veía cómo empeoraba, y acabó por dejarme, ese es un ejemplo", cuenta.
Apuesta por el Sasem
Igualdad reconoce que faltan viviendas tuteladas para los casos más graves, pero también hay una gigantesca laguna en la detección y tratamiento temprano de trastornos mentales. Esa es la gran apuesta de conselleria, desplegar una red que pueda atender a las personas en los primeros compases del trastorno. Se desplegó en septiembre de 2021 y lleva el nombre de programa Sasem.
El objetivo, como explica la Directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental Elena Albert, es la "no institucionalización" de estas personas. Es decir, fomentar los cuidados en el hogar familiar y no meterlos en un centro. Además, se da la posibilidad a los pacientes de poder escoger varios recursos con el mismo importe de su ayuda, todo adaptado a sus necesidades. Puede, por ejemplo, recibir varias horas de atención en un centro de día y el resto en una vivienda asistida, para, según Igualdad "dar una atención centrada en la persona".
El problema es que este programa descansa en los ayuntamientos y su capacidad para contratar educadores e integradores sociales. E Igualdad denuncia que muchos todavía no han acabado de desplegarlo, con lo que, en la práctica, este programa para personas con trastornos de salud mental no llega a muchos, y acaban abocados a recursos como las viviendas tuteladas. Por ejemplo, en València el objetivo es llegar a los 88 trabajadores sociales, y para 2023 se espera contar con 36 empleados distribuidos en tres equipos de doce personas.
