En la Conselleria de Justicia se han puesto manos a la obra y no es una forma de hablar. Casi podría cambiarse la toga y el mazo por el casco, el mono y el martillo. El presupuesto del departamento que dirige Gabriela Bravo prevé un importante movimiento de grúas en el próximo curso con casi 90 millones de euros destinados a infraestructuras judiciales de las que la mitad irán para obras nuevas.
Las partidas para nuevas sedes judiciales son uno de los programas que más se incrementan de cara a 2023 en una conselleria que vive una importante subida global, del 10,7 %, hasta alcanzar un montante general de 717 millones de euros. En esta, el programa administración de la justicia vuelve a llevarse más de la mitad de todo el presupuesto con 421 millones, un crecimiento respecto al año anterior de un 9,5 por ciento.
En cuanto a las obras, el capitulo 6, que corresponde a las inversiones, son 73,4 millones de euros. Ha subido un 24 %. Se trata del presupuesto para el plan de infraestructuras judiciales, que contempla la construcción de nuevos palacios de justicia, la reforma de muchas sedes judiciales y la actuación sobre muchas otras para garantizar la accesibilidad y la eficiencia energética. La ejecución del plan está en fase más avanzada porque muchos proyectos ya han empezado o las obras empiezan en breve.
En este se encuentran los 44,27 millones para nuevas sedes judiciales, lo que supone un incremento del 70 %. En este sentido, las obras previstas son las de la Ciudad de la Justicia de Alicante, con 12 millones y cuyas obras están previstas para diciembre; la sede de juzgados Alzira (13,26 millones); la de Llíria (9 millones para unas obras en ejecución), la de Villena (125.000 €), la de Xàtiva (1,38 millones) y la de Sagunt (2,5 millones para la licitación de unas obras previstas para el primer semestre de 2023).
No será en los únicos lugares en los que se mueva el ladrillo. También se prevé reformar sedes judiciales por un valor de 21,6 millones. Entre estas destacan los 6,75 millones para la rehabilitación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, una de las obras más importantes de la legislatura. También está la reforma del juzgado de Ontinyent, el de Vinarós, el de Dénia o el del archivo de Alicante.
A esto hay que sumarle las inversiones que se encuentran en el capitulo 7 (el que corresponde con transferencias de capital a ayuntamientos) para las sedes de Gandia y Torrent. Esta partida serán 15,75 millones que amplían el total para infraestructuras judiciales hasta los 89 millones de euros. Estas actuaciones, además, se complementan con otras adecuaciones de eficiencia energética por valor de 3,86 millones más otros 780.000 euros para equipamientos y mejora de climatización.
Por último, también destaca el aumento en el gasto de la partida de personal al pasar de 10 a 12 millones de euros para incorporar refuerzos en los juzgados de la Comunitat Valenciana. Es una partida que no ha dejado de aumentar, ya que en 2015 se dedicaron solo 1,45 millones por lo que si se suma el total supone que el presupuesto para refuerzos se haya multiplicado por ocho en dos legislaturas.
