La batalla del PP contra el Fondo de Cooperación municipal con el que la Generalitat ya ha repartido 240 millones de euros a los ayuntamientos valencianos, ha pasado otro nivel. A principios de este mes, la Diputación de Alicante -encabezada por el presidente del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón-, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ contra esta aportación de la Generalitat a los consistorios y a la que las diputaciones han de sumarse incorporando la misma cantidad económica.
Ahora, el grupo popular ha pedido en las Corts la derogación de este fondo mediante una enmienda a la ley de Medidas Fiscales de la Generalitat. El PP mantiene que el Fondo de Cooperación municipal vulnera las competencias y la autonomía financiera de las corporaciones provinciales en el momento en el que la Generalitat les «obliga» a participar en la misma. Así también lo expresó el PP en el recurso que Mazón llevó al Constitucional el pasado enero a través del grupo popular en el Congreso de los Diputados y que el tribunal ya ha admitido a trámite.
«Jamás se ha cuestionado la herramienta del Fondo de Cooperación, sino su contenido y su imposición», aseguraba el diputado provincial de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, Javier Gutiérrez, cuando la diputación alicantina decidió recurrir las ayudas ante el TSJCV.
Según la Generalitat, desde el año 2017 hasta ahora un total de 542 municipios de la Comunitat Valenciana y siete entidades locales menores se han beneficiado de este fondo municipal, en el que el gobierno autonómico ha invertido 240 millones de euros. A estos habrá que sumar otros 40 millones que se han incluido en los presupuestos de 2023, según explicó ayer a Levante-EMV el director general de Administración Local, Antoni Such.
A esta inyección económica recibida, según Such, «de forma incondicional, objetiva y sin mirar el color político» por las administraciones locales, hay que añadir los 20,5 millones al año que aporta la Diputación de València (143,5 millones en total en 2023) y los 5,7 millones de la Diputación de Castellón (un total de 40 millones). La de Alicante nunca ha aportado nada a este fondo.
«Lo que tiene que hacer Mazón es preguntarle a sus alcaldes si quieren que el fondo se elimine», señalaba ayer el socialista Antoni Such. El responsable autonómico de la gestión de los fondos a los municipios asegura que la postura de los populares en contra de las ayudas se debe a que lo único que intenta el PP «es que sigan dándose las ayudas de forma discrecional, a sus amigos y de forma poco objetiva».
Una afrenta «anticonstitucional» a la autonomía provincial
Con sus recursos ante el TSJ y el Constitucional, los populares pretenden evitar «una posible vulneración de la Constitución y el menoscabo del Estatuto de Autonomía» que, según ellos, comete la Generalitat con este fondo, por lo que exigen «no solo la anulación del acuerdo del Consell, sino también la necesaria medida cautelar de suspensión para revertir esta afrenta a la autonomía provincial».
