El pacto Consell-Gobierno evita llevar el macrodecreto a las renovables al Constitucional

Dicen que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio y a ese lema se han acogido el Gobierno de España y el Consell para evitar que el macrodecreto del Consell de medidas urgentes para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania en la Comunitat Valenciana terminase ante el escrutinio del Tribunal Constitucional. No es que alcanzado por los ejecutivos central y autonómico sea malo, pues los cambios son quirúrgicos y técnicos, simplemente que cualquier cosa es preferible a que los tribunales puedan tumbar una norma, como podría haber pasado.

El Gobierno y la Generalitat han resuelto las discrepancias que mantenían en relación respecto al decreto ley en cuestión que aplicaba acciones tanto en materia energética como económica y con las que acelerar la implantación de las energías renovables. Ambas administraciones han alcanzado un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación establecida para ello, con lo que se evita que la Administración General del Estado recurra la norma autonómica al Tribunal Constitucional.

El Gobierno cuestiona parte del decreto de renovables del Consell

El Gobierno central mostraba dudas sobre los artículos 1 y 8 del decreto, que modifican el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat, aprobado en 2021, y la ley autonómica de impacto ambiental, respectivamente, medidas con las que se intentaba facilitar la instalación de plantas fotovoltaicas ante el aumento de los costes de la energía.

Así, según han explicado fuentes de ambas instituciones, en el primer caso, la Generalitat se ha comprometido a promover la correspondiente modificación legislativa para la inclusión de una disposición adicional en la que se establezca que "cuando la norma haga referencia a las infraestructuras de competencia estatal, será de aplicación lo dispuesto en la normativa sectorial específica de carácter estatal".

También se compromete a promover la correspondiente modificación legislativa a fin de suprimir el inciso "sin asumir los riesgos y beneficios de aquella" que aparece actualmente en la redacción del artículo 197.3 del texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.

El Consell fijará áreas de prioridad energética para impulsar las renovables

En relación con el artículo 8, en el apartado 3, que modifica el apartado 6 del anexo de la ley de impacto ambiental, ambas partes acuerdan que lo previsto en dicho precepto "debe entenderse sin perjuicio de la legislación básica estatal aplicable". De esta manera, el Estado y la Generalitat consideran resueltas las discrepancias manifestadas y concluidas las controversias planteadas, según la resolución publicada este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Recurso por los macrodepósitos

Este acuerdo ha evitado que el Gobierno recurra ante el tribunal de garantías una ley (o una parte de ella) puesta en marcha por el Ejecutivo autonómico, algo que ya ocurrió el pasado noviembre cuando el Gobierno central presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que reclama que deje sin efecto un artículo de la Ley de Ordenación del Territorio que incorporó el Consell en diciembre de 2021en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Autonómicos de 2021 para impedir la construcción de los macrodepósitos para almacenar y mover combustible en el puerto.

En concreto, el Consell legisló para establecer que no se pudieran levantar depósitos para mover sustancias peligrosas a mil metros del casco urbano. De esta forma, la Generalitat trataba de intervenir para parar un proyecto que rechaza Alicante y el propio presidente Ximo Puig. Sin embargo, el intento, a falta de ver el dictamen del Constitucional, no tiene sentido según la Abogacía del Estado, ya que la Generalitat trataría de interferir en competencias que no son suyas sino estatales, como es la autorización de carga y descarga en puertos que son estatales.

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