La corrupción sentará en el banquillo a 96 acusados en 2023

La agenda judicial del nuevo año llega repleta. Un total de 96 acusados de delitos relacionados con la corrupción, presunta, se sentarán en el banquillo de los acusados en 2023. Algún juicio podría demorarse a 2024. Incluso ya hay cola entre algunas piezas del caso Taula que deberán esperar a enjuiciarse de forma consecutiva, ya que tienen el mismo Fiscal Anticorrupción como acusación. De estos 96 procesados, un total de 60 ya tienen fecha de juicio oral: Gürtel, pieza de los contratos menores (26 acusados), Taula zombis (26 procesados) y Taula-call center (8 acusados). 

Otros 36 acusados esperan que se señale la fecha del juicio, como sucede con los casos Erial (19 acusados) y Avialsa o cártel del fuego (17 procesados). Y otras dos piezas separadas esperan en capilla que se dicte auto de apertura de juicio oral: Taula Requena-Enguera (6 acusados) y Taula-Contratos de Cultura del Ayuntamiento de València. Al caso Taula aún le quedan otras seis piezas separadas por finalizar su instrucción.  

Todos estos juicios pendientes sentaran en el banquillo a destacados prohombres de la política valenciana como Francisco Camps, Alfonso Rus, Rafael Rubio, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Serafín Castellano, entre otros. Además, otros 23 juzgados en los últimos meses están a la espera de sentencia: Taula-Thematica Events (9 acusados) y el caso Alqueria (14 procesados). 

La última pieza de la Gürtel: A juicio los contratos con las empresas de Francisco Correa

Un total de 26 personas se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir del 23 de enero. La última pieza valenciana de la trama Gürtel juzgará el trato de favor de la Generalitat a siete empresas de Francisco Correa entre 2004 y 2009. Las empresas de la trama Gürtel recibieron 1,8 millones en contratos menores a 12.000 euros desde cuatro conselleries y cinco empresas públicas de la Generalitat, por valor de más de 1,8 millones.

Entre los 26 acusados está el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, tres exconsellers (Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera), dieciséis técnicos o cargos intermedios de la Generalitat y seis miembros de la trama Gürtel. Camps se enfrenta a dos años y seis meses de cárcel, la pena que solicita para él la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la Administración. Entre siete y nueve años de inhabilitación para los tres exconsellers. Además de penas de 2 a 3 años de prisión para los técnicos y cargos intermedios de la Generalitat que, en algunos casos, han alcanzado una conformidad con la Fiscalía. 

Los zombis de Taula: Cobrar, presuntamente, sin ir a trabajar en Imelsa y Ciegsa

Los contratos zombis (cobrar sin trabajar) en las empresas públicas Ciegsa (Generalitat) e Imelsa (Diputación de València) sentará en el banquillo a 26 acusados. Esta segunda pieza del caso Taula enjuiciará al expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus, el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent y el exdiputado provincial y ex subdelegado del Gobierno en la C. Valenciana, Rafael Rubio (investigado también en el caso Azud). Anticorrupción pide 12 años para Rus y Caturla por los contratos zombis y otros seis años para Rubio. Y fianzas civiles para todos que suman 4.721.081 euros.

El "call center" de Imelsa: El centro de llamadas adjudicado en un concurso en entredicho

La pieza separada D del caso Taula juzgará a 8 personas por las presuntas irregularidades en la adjudicación y prestación de un servicio de call center o centro de llamadas para la empresa pública de la Diputación de València, Imelsa. Una adjudicación que estuvo presuntamente amañada para que la empresa Servimun ganara el concurso, gracias a la amistad que existía entre un funcionario de la Diputación de Valencia investigado en la causa y responsable del contrato, Salvador Deusa, y Mariano López, ex suegro de Marcos Benavent, el yonqui del dinero. Anticorrupción pide por estos hechos 8 años de prisión para Alfonso Rus, 4 años y seis meses para Marcos Benavent y 13 para el empresario Mariano López y el propietario de Servimun, adjudicataria del contrato del Call Center, Fernando Palomares.

El caso Erial: Las presuntas mordidas de las ITV y el Plan Eólico

El caso Erial sentará en el banquillo a 19 personas por las presuntas mordidas pagadas y cobradas durante la adjudicación de los lotes de la Inspección técnica de vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Entre los acusados se encuentran los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, además del círculo de confianza más estrecho del primero, como sus dos presuntos testaferros y su exjefe de gabinete. El juicio está pendiente de conocer qué sección de la Audiencia de València juzgará los hechos, que deberá fijar la fecha de las vistas como mínimo a partir de septiembre, cuando el Fiscal Anticorrupción de la causa habrá finalizados los dos juicios ya señalados del caso Taula. Aunque el juicio podría retrasarse a 2024.

El cártel del fuego: El reparto del negocio en la extinción de incendios

Un total de 17 personas serán juzgadas en la Audiencia Nacional acusadas de forma parte de una supuesta organización criminal que presuntamente se concertó para alterar la contratación y adjudicación de los contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea. El exconseller de Gobernación Serafín Castellano está acusado por aceptar regalos del cártel por valor de 167.177,02 euros. Se enfrenta a una petición de 21 años de cárcel para él, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Un caso que destapó en exclusiva Levante-EMV el 4 de agosto de 2013.

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