El primer juicio del caso Taula por prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, fraude en la contratación y blanqueo de capitales en la empresa pública Imelsa, el Ayuntamiento de València y que también salpica al Partido Popular como responsable civil subsidiario ha quedado visto para sentencia este viernes tras el último alegato de las defensas y de los principales imputados.
Entre los imputados ha hecho uso de la palabra final el exgerente de Imelsa, la empresa de la Diputación de Valencia ya extinguida y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, quien ha asegurado sentirse "engañado, manipulado, presionado y mancillado" durante toda la causa y ha pedido, ante "la falta de pruebas", su absolución y la "nulidad de toda la causa". Benavent ha acusado a su exsuegro, Mariano López, de "falso testimonio" en sede judicial y ha pedido al tribunal que tome medidas contra él, ya que ha reafirmado que "sustrajo las grabaciones" y las "manipuló" con él. El yonqui del dinero ha vuelto a "pedir perdón" a las personas a las que ha hecho daño por esta causa y ha finalizado su intervención recomendando al tribunal el visionado de la película "Doce hombres sin piedad".
El exalcalde de Moncada y exvicepresidente de la Diputación de València con el PP, Juan José Medina, para quien la Fiscalía pide de 5 años de prisión y 9 de inhabilitación, ha defendido también su inocencia, ha lamentado que lleva seis años de "calvario" desde el inicio del caso Taula, con consecuencias en su vida personal, como la pérdida de su vivienda, su trabajo y el haber sido "cuestionado" ante la opinión pública.
"Desde la campaña (electoral) de 2007 no hemos celebrado ninguna fiesta, ni la ha pagado ninguna empresa pública, ni por supuesto soy responsable de ninguna caja B de ningún partido político", ha aseverado en referencia al alegato de la Fiscalía Anticorrupción, cuya actuación en la causa ha lamentado.
El letrado defensor de Medina, en su informe final que ha expuesto también hoy, ha pedido la absolución de su cliente por falta probatoria de los cargos, que ha atribuido a que "faltaba un político por acusar" en el caso. El abogado ha afirmado que es "irrebatible" su inocencia ya que con los testimonios recogidos en el juicio "no se ha demostrado que el pago por parte de Imelsa, no hay documento, tan solo el hilo argumental de los policías de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción", de quien espera que modifique sus conclusiones por "la debilidad de la carga de la prueba".
También han hecho uso de la palabra final en su defensa la exjefa de servicio en el Ayuntamiento de València y funcionaria, Francisca Tamarit, quien ha lamentado que desde que se inició la investigación del caso su vida personal se ha convertido en "una pesadilla", también para su entorno familiar. "He actuado desde mis funciones, con la conformidad de mis superiores", ha añadido la funcionaria, la única imputada en el caso por los contratos fraccionados y presuntamente hinchados con el servicio de Bibliobus que el Ayuntamiento de València contrató con la empresa Thematica Events y Liberty, entre otras, propiedad del empresario Rafael García Barat, también juzgado en esta causa.
Tamarit ha relatado que su vida en los últimos años ha sido "una pesadilla", y ha defendido que tras 32 años de trayectoria "intachable" en la función pública sería "absurdo" que pusiera en riesgo su vida personal y profesional "por acudir a un catering" de la Fórmula 1, invitada por Thematica Events, según acreditaron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El ex director financiero de Imelsa José Enrique Montblanch, ha afirmado también tener "la conciencia limpia" porque en el juicio "no se ha podido demostrar nada" sobre su posible vinculación con los presuntos pagos y facturas irregulares.
El caso Taula, con doce piezas separadas que han afectado al Ayuntamiento de València, la Generalitat y la Diputación de València, se inició con las grabaciones que Benavent realizaba a escondidas como un seguro de vida mientras contaba dinero y otras presuntas prácticas corrutpas, y que fueron entregadas a la Fiscalía Anticorrupción por su exsuegro en 2014, que abrió diligencias penales de investigación ese mismo año.
