Podemos denuncia en el Congreso el intento de expulsión del colombiano que acudió a poner una denuncia a la comisaría de Burjassot

Unidas Podemos ha presentado una batería de preguntas al Ministerio del Interior relacionadas con el intento de expulsión del país de un migrante colombiano que acudió a la comisaría de Burjassot a denunciar que había perdido el pasaporte.

La policía de Burjassot ordena expulsar a un colombiano que acudió a comisaría a denunciar la pérdida de su pasaporte

En concreto han sido la diputada de Unides Podem por Castelló en el Congreso, Marisa Saavedra, junto a Ismael Cortés y Enrique Santiago, diputados de la Comisión de Interior, quienes han pedido explicaciones al Gobierno y han recordado las resoluciones del Defensor del Pueblo en contra de esta práctica.

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Saavedra ha explicado que ha conocido este caso a través de València Acull quien ha relatado que a raíz de desplazarse voluntariamente a la comisaría para informar sobre la pérdida de su documentación, que se habría quemado después de incendiarse la autocaravana donde dormía, el pasado mes de diciembre, el Cuerpo Nacional de Policía incoó un procedimiento de expulsión contra un ciudadano colombiano, por estancia irregular en el Estado español

La diputada destaca que desde el año 2004, el Defensor del Pueblo recomienda al Ministerio de Interior que no se incoen procedimientos sancionadores en los extranjeros en situación administrativa irregular que acudan a las comisarías a denunciar delitos, amparándose en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, la Directiva europea 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de las víctimas de delito y la Recomendación general de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa.

Antecedentes en València

Saavedra recordó que "no es el primer caso similar que denuncia la entidad antirracista, pues en mayo del 2019, denunciaron a través de una campaña mediática el caso de una mujer de Honduras, que se presentó a denunciar la agresión de un hombre y acabó detenida, sin poder denunciar y con una orden de expulsión".

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Para la diputada, esta manera de proceder de las Fuerzas de Seguridad no “solo provoca temor y desconfianza hacia los quienes tendrían que velar por la seguridad de todas las personas sino que genera indefensión en las víctimas, la impunidad de los victimarios y obstaculiza el acceso a derechos, es una vulneración del Estatuto de la Víctima del delito y una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica".

Por eso Saavedra preguntó "si se ha realizado alguna actuación para poder garantizar el derecho de las víctimas a denunciar con garantías, en relación con las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la normativa nacional e internacional, y si se va a tomar alguna medida para que las personas testigos o víctimas puedan denunciar con seguridad, independientemente de su situación administrativa".

Finalmente Subdelegación del Gobierno decidió archivar el caso. El organismo explicó que recibió una “propuesta de sanción por estancia irregular en el país”, pero que lo paralizó porque “no hay hechos graves y la persona no tiene vinculación con el país”. 

El caso llegó el pasado día trece y, tras estudiarlo el viernes pasado, el organismo decidió archivar la expulsión del joven, que fue requerido en comisaría dos días después de poner una denuncia, cuando le incoaron un expediente de expulsión del país. 

Fuentes de la Policía Nacional aseguraron que la actuación en este caso es "totalmente correcta" y que al tratarse de una persona en situación irregular "procedía una propuesta de sanción por estancia irregular". Además rechazan que sea un trato discriminatorio ya que "si una persona acude a renovarse el DNI y se detecta que tiene situaciones pendientes nuestra labor es actuar".