Igualdad revertirá los nueve centros de menores infractores que privatizó el PP

Conselleria de Igualdad iniciará el proceso de reversión de nueve centros de menores infractores que privatizó el Partido Popular para que pasen a gestión pública. Así lo publicó este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que explica que la gestión pública de estos centros de menores se implantará en un plazo de cinco años.

Fuentes de Igualdad cuentan que comenzarán primero con los dos que más personal tienen (RSE Jaume I y RSE Pi Margall), que pasarán a ser gestionados por el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), en cumplimiento de la ley de infancia. 

Tras esto, deberán absorber el resto de centros para integrarlos en la red pública (RSE Las Colonias, RSE Pi Gris, RSE Mariano Ribera, RSE Cabañal, RSE Els Reiets) en el plazo marcado. 

En total, todos estos complejos dan trabajo a 600 personas que se verán afectadas por la reversión pensada por conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

El objetivo de esta medida es «devolver a la gestión pública estos centros que atienden a menores vulnerables y acabar con una privatización que no tenía sentido», explican fuentes de la Conselleria de Igualdad dirigida por Aitana Mas (Compromís).

Estos nueve centros socioeducativos para menores con medidas judiciales son todos los que tiene la Comunitat. Es decir, hasta ahora, todos los reformatorios de menores estaban privatizados, no así los centros de acogida para menores tutelados pero que no han cometido delito alguno.

Igualdad deberá revertir los dos centros antes del día 25 de diciembre de 2023, según marca la ley de Infancia. Así que se absorberán estos centros socioeducativos más grandes antes de esta fecha.

La decisión de Igualdad llega a final de la legislatura porque es una de las disposiciones que recoge la ley de infancia aprobada en el año 2018. El texto del decreto dice que «los servicios de las residencias socioeducativas para personas menores de edad en conflicto con la ley cuya gestión no corresponda, a la entrada en vigor de esta ley, a la Generalitat, continuarán prestándose por el mismo medio hasta que se extinga el contrato o el instrumento jurídico que les sirva de cobertura jurídica. La gestión pública de estas residencias se implantará progresivamente en un plazo de cinco años desde su entrada en vigor, periodo en el que podrán contratarse o concertarse con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro».

En conclusión, Conselleria de Igualdad tenía de fecha límite este año 2023 para revertir al menos dos de los centros socioeducativos privatizados.

Sindicatos como CCOO han saludado la medida de Conselleria de Igualdad. Un responsable del sindicato explica que «estos centros llevaban 30 años funcionando a través de entidades privadas y algunas vinculadas también a la Iglesia. Conselleria, con la ley de Infancia de 2018 consideró que era mucho mejor que pasaran a funcionar con personal público». 

La principal razón que empujó a conselleria a revertir estos centros fue el funcionamiento interno de estos centros en manos de empresas privadas. «Estamos hablando de menores con medidas judiciales muy duras por haber cometido delitos graves en algunos casos. No solo depende de Igualdad sino también de Justicia. Al final las entidades privadas no dejan de ser empresas en el fondo, y miran por el ahorro y por tener beneficios. Conselleria dijo que eso no podía ser y que debía pasar a gestionarse por personal público», asegura el responsable de CC OO.