El alumnado tendrá voz para decidir las normas de convivencia en clase

Los alumnos y alumnas de los centros escolares tendrán voz para elegir las normas de convivencia en el aula. Lo harán en asamblea y la comunidad educativa cree que esta es una forma de evitar que los estudiantes se salten las normas, ya que en parte las crearían ellos.

Así lo han acordado Conselleria de Educación y los sindicatos en una reunión celebrada este jueves para cerrar el próximo decreto de convivencia antes de su aprobación. No significa que las normas la vayan a dictar los alumnos, pero sí que la dirección del centro les escuchará antes de decidir sobre qué directrices poner.

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El decreto también trae cambios en las sanciones que se pueden imponer a los alumnos en caso de infracciones muy graves (como agredir o amenazar a un profesor o profesora, por ejemplo). Antes se podía expulsar al estudiante 30 días lectivos, ahora este plazo se reduce a 30 días naturales (contando festivos).

El espíritu del decreto es trabajar en la prevención y el diálogo con los alumnos para no tener que llegar a las medidas punitivas cuando uno de ellos ejerce la violencia en clase. Una de las medidas es que los alumnos se sientan protagonistas y partícipes de las normas que van a regir sus aulas, aunque la decisión final recae sobre los profesionales.

"La idea es que se frenen un poco más a la hora de cometer infracciones porque no va solo contra la autoridad, sino contra sus compañeros y su propia palabra cuando aceptó que iba a cumplir esas normas que se han decidido entre todos", cuenta Killian Cuerda, docente y sindicalista de UGT.

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Los docentes se sienten "abandonados"

Pese a que el decreto marca actuaciones para fomentar el diálogo y la prevención de la violencia, los docentes dicen sentirse "abandonados", y afean que el decreto no haya incluido más herramientas para blindar la actuación de los profesores en el aula.

Un ejemplo, el decreto contempla los 30 días de expulsión, siempre y cuando no suponga un perjuicio negativo para el alumno o alumna. "Pero no ponen ninguna medida alternativa a esto. Es decir, es expulsar al alumno o mantenerlo en clase, y fomentar una sensación de total impunidad por lo que ha hecho, cuando se puede tratar de situaciones muy graves como que amenacen o agredan al profesor", explica Cuerda.

Para Cuerda, esto supone un "abandono total" para el profesorado, que se siente "atado de pies y manos" en este tipo de situaciones tan graves. Aunque recuerda que este tipo de situaciones suponen un delito de atentado contra la autoridad pública lo normal es que los docentes no denuncien.

Otra situación; el decreto está pensando para sancionar las infracciones que tengan que ver con amenazas y violencia, pero no de otro tipo. "No deja del todo claro qué pasa si un alumno se pone a gritar, a insultar al resto de alumnos o a reventar mobiliario del aula. Eso también es una alteración grave de la convivencia pero no se recoge como tal, hay muchos grises", añade UGT.

Pese a todo el decreto establece también que estas medidas de sanción sean lo último, y prioriza "las estrategias de intervención basadas en el diálogo, la conciliación y la restauración" para conductas "gravemente perjudiciales para la convivencia".

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La crítica de los docentes en este punto es que el decreto es demasiado general, y dice que son los propios centros los que tendrán que elaborar sus formas de actuar. "Nos habría gustado la elaboración de más protocolos para gestionar este tipo de situaciones y que no fuera algo tan general", remarca Cuerda.

Rebaja de ratios y más recursos

La idea de Educación es esta: si la prevención se hace bien, no son necesarias medidas para evitar los conflictos en clase. Pero los docentes no las tienen todas consigo para garantizar que se previenen estas conductas.

UGT reivindica que la orden no viene acompañada de ningún tipo de presupuesto, y tampoco se explica bien cómo se van a hacer estas asambleas, ni de qué manera se van a formar a estos profesores o en qué horario deben trabajar con los alumnos esta "cultura del diálogo". Por eso reivindican que, si se pretende dar una atención mejor y más personalizada en los centros, lo primero debería ser bajar las ratios de alumnado que hay ahora mismo.

"Pensamos que el decreto está bien, pero que tiene mucha teoría y poca consistencia. No hay ni inversión ni protocolos claros sobre cuándo tenemos que formarnos en los profesores. Al final esto puede implicar que nos tengamos que formar en nuestro tiempo fuera del aula, lo que provoca que nuestra jornada se estire como un chicle", denuncia.

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