UGT PV gana las elecciones entre el personal laboral de la Generalitat

La federación de Serveis Públics se impone seguido de CSIF, CCOO PV e Intersindical

D. A.

La Federació de Serveis Públics de UGT PV ha ganado las elecciones del personal laboral de la Generalitat en la que supone la antesala a los comicios del personal funcionario de la Administración autonómica que serán los próximos 23 y 25 de mayo.

En este sentido, en las que afectan al personal laboral de la Generalitat, conformado por alrededor de 700 trabajadores, UGT PV ha sido el sindicato más votado en las tres provincias y el que ha conseguido, la mayoría de delegados en juego. En total, UGT Serveis Públics contará para los próximos cuatro años con 18 delegadas y delegadas con quienes seguir defendiendo los derechos y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores públicos.

En concreto, la representación del personal laboral de la Generalitat la lidera UGT Serveis Públics con 18 representantes; le sigue, como el segundo más votado, CSIF-CV, con 11 delegados mientras que CCOO PV ha obtenido 7 delegados e Intersindical ha conseguido dos.

UGT ya fue el sindicato más votado hace cuatro años, en 2019, aunque todos los sindicatos han perdido delegados ya que se ha reducido el número de representantes a votar debido a que la plantilla de este personal laboral ha descendido. Muchos de estos se han ido 'funcionarizando' a lo largo de los años. Sin embargo, el reparto proporcional respecto al de hace cuatro años apenas cambia.

Estas primeras elecciones suponen un termómetro de cara a las que se celebrarán a finales de mayo entre todo el personal funcionario de la Generalitat. Supone, también, una forma de medida de la temperatura de los empleados de la Administración autonómica respecto a las acciones del Consell con todas las distancias que puede suponer equiparar los sindicatos a los partidos políticos.

Asimismo, destaca la importancia de estos comicios porque ya comienzan a contar para la conformación de la Mesa General de negociación de la Administración y en la que se debate con el Ejecutivo autonómico aquellas medidas que afecten al personal público. El último ejemplo, el requisito lingüístico donde, tras su negociación con los sindicatos, recibió cambios como la inclusión de un examen extra de nivel de valenciano para todas las OPEs.