El Consell reclama financiación al Estado para la compra de pisos a la Sareb

El ladrillo ha irrumpido con fuerza en la precampaña del 28M de la mano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En cuestión de 72 horas, el líder socialista ha anunciado dos potentes planes para reactivar el mercado de la vivienda pública en España: la movilización de 50.000 pisos de la Sareb y la financiación de otras 43.000, de obra nueva o para rehabilitar, con 4.000 millones de euros del ICO.

Pero más allá de las proclamas, poco se sabe de su letra pequeña. De la avanzada ayer en el Congreso, apenas trascendió ningún detalle de cómo se articulará a nivel territorial y la Generalitat no tenía noticia alguna al respecto. Sobre la lanzada el domingo desde València tampoco hay mucha más concreción.

De momento, se sabe que la Comunitat Valenciana es una de las autonomías que puede salir más beneficiada gracias al elevado catálogo inmobiliario que concentra en este territorio el banco malo. También que es la autonomía con más camino recorrido en la recuperación de bienes del banco malo, ya que el reciente acuerdo alcanzado entre la Conselleria de Vivienda y la Sareb para adquirir 583 inmuebles da experiencia al Ejecutivo valenciano en esta materia.

Moncloa ha cifrado en casi 5.000 las viviendas que esta entidad, creada en 2012 para gestionar los activos tóxicos de bancos y cajas de ahorro, dispone en la autonomía y que son susceptibles de integrarse en la iniciativa. Son casi una de cada cuatro del total, unas 21.000, si bien deja fuera de la ecuación otras 4.000 que posee en la autonomía, que son inservibles para el fin previsto (alquiler social o asequible) por su ubicación, características o precio.

Quién paga la fiesta

El plan del Gobierno contempla que las viviendas de la Sareb se movilizarán "a través de acuerdos de venta" a las autonomías o municipios, pero la gran duda ahora es quién asumiría el coste de esas adquisiciones, que en el caso valenciano obligaría a un elevado desembolso de fondos públicos para abarcar toda la oferta del banco malo.

A consultas de este diario, fuentes de la vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda que comanda Héctor Illueca (Unides Podem) avanzan que la intención es reclamar que el Estado aporte la financiación necesaria para abordar esas hipotéticas operaciones de compraventa, ya que de lo contrario estas no serían "viables". Otras fuentes del Consell se muestran más precavidas hasta conocer los detalles del proyecto de Moncloa.

Desde el propio organismo, sin embargo, inciden en que el ente tiene "una deuda pública que devolver" y que está "supervisado" por Bruselas. Dichas fuentes aseguran desconocer el procedimiento que habilitará el Gobierno, si bien apuntaban a que es una "operación financiera compleja" que podría financiarse desde el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado, vía créditos ICO como con las 43.000 viviendas adicionales anunciadas este miércoles o dejando la factura en manos de las comunidades autónomas.

Más allá de la cuestión del dinero, desde la Conselleria de Vivienda que gestiona Unides Podem ponen el foco en que el gran avance del plan reside en que "abre la puerta a la transmisión de la titularidad de las viviendas" hacia las administraciones públicas, algo a lo que se "resistían" la Sareb y el PSOE hasta ahora, según las fuentes.

En ese sentido, señalan que el mecanismo utilizado hasta ahora era el de la cesión del inmueble, un procedimiento que dejaba en manos de los gobiernos el costeo de la rehabilitación de las viviendas pero que no las convertía en públicas. De hecho, las fuentes aseguran que en alguna ocasión esas casas eran posteriormente vendidas por la Sareb a fondos buitre.

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