Vox deja su sello en un acuerdo de Gobierno sin referencias al cambio climático ni a la igualdad

El pacto de Gobierno sellado por el PP y Vox para gobernar en coalición la Comunitat Valenciana consta de 50 puntos en los que la ultraderecha ha dejado su sello de forma nítida. Desarrollan los cinco ejes presentados el martes tras el anuncio del preacuerdo a través de nueve epígrafes. Ninguno de ellos está dedicado al cambio climático ni a igualdad, dos asuntos que pasan por alto ambas formaciones, que de hecho hablan de "violencia intrafamiliar".

Sí que adquieren otros compromisos muy significativos que abren la puerta a la aplicación de políticas de las que Vox ha hecho bandera, como el pin parental, una ley de familias, el fin de subvenciones que consideren "catalanistas", la derogación de la ley de memoria histórica valenciana o la ampliación de regadíos. También vincula el futuro de la radiotelevisión pública a la "coyuntura económica".

El torero Vicente Barrera será vicepresidente y conseller de Cultura

Son las principales conclusiones del acuerdo que acaban de confirmar PP y Vox tras apenas dos días de negociación. La ultraderecha se hace finalmente con la vicepresidencia para el torero Vicente Barrera, que gestionará Cultura, y con las conselleries de Justicia, Interior y Gobernación y la de Agricultura. Los titulares de estas carteras todavía se desconocen. A cambio, el texto fija que Vox desistirá de presentar candidato alternativo y respaldará la investidura de Carlos Mazón.

El documento concreta algo más los cinco puntos básicos pactados el martes. Lo hace desgranándolos en nueve áreas: libertad; economía; mundo rural, agua y patrimonio; reducción del gasto político; educación y lengua; sanidad; políticas sociales, familia y vivienda; infraestructuras y seguridad.

El punto 1 es sintomático: "defenderemos la unidad de España, la igualdad entre españoles y la riqueza y diversidad cultural", arranca el texto. Acto seguido, se compromete derogar la ley de memoria histórica valenciana para "reivindicar la historia de España y de la Comunitat Valenciana" y "garantizar la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos".

En el apartado económico, PP y Vox prometen bajadas de impuestos "drásticas" y "en todos los tramos" del IRPF, con más énfasis en rentas "bajar y medias". También eliminar la tasa turística y un plan de fomento del turismo.

Sin referencias al cambio climático, las propuestas en este ámbito se incluyen en el "mundo rural". Aquí, tras la polémica generada en Doñana, ambos partidos pactan "impulsar la ampliación de regadíos en el sector primario". Prometen también defender la "política de trasvases", entre ellos el Tajo-Segura.

De torero vertical y con dominio a vicepresidente del Consell

"Violencia intrafamiliar"

Otra concesión evidente del PP a Vox se detecta en el epígrafe dedicado a "familias". Los de Mazón asumen el concepto de "violencia intrafamiliar" de la ultraderecha y también se comprometen a aprobar una ley integral de "protección de la familia" que "potencie la natalidad" y gastos escolares. Además, aseguran que revisarán "todo el sistema y la normativa vigente en materia social".

El pin parental también sobrevuela de nuevo. En el apartado de "educación y lengua", se establece que los padres "elegirá libremente" y "en su caso, autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares".

La televisión pública también tiene un hueco en el programa. Vox ha amenazado con clausurarla en varias ocasiones, y aunque el programa no va tan lejos, avanza que se apostará por "un modelo de radio y televisión pública que sea racional con la coyuntura económica".

La seguridad es otro claro asunto introducido con éxito por Vox, que llevaba el tema prácticamente en su lema electoral. Aquí, se plantea la okupación "ilegal" como el principal reto y se comprometen a crear una "oficina especializada" para las víctimas.