Mas urge a Hacienda a desbloquear 66 millones para pagar dependencia y la renta de inclusión

Políticas Inclusivas advierte que hay 26.000 expedientes que requieren una ampliación de crédito

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

La gestión trae choques internos hasta en los gobiernos en funciones. Uno de los últimos que se produce en el seno del Consell antes de que Carlos Mazón asuma como nuevo presidente de la Generalitat (se espera que sea la semana del 23 de julio) es un viejo conocido en el Botànic entre la Conselleria de Políticas Inclusivas y la de Hacienda: la ampliación de crédito para hacer frente al pago de las ayudas de dependencia y la renta valenciana de inclusión.

El departamento que dirige la vicepresidenta en funciones Aitana Mas reclaman a Hacienda que se desbloquee una ampliación de crédito para pagar los nuevos expedientes de estas dos ayudas sociales que cifran en 66,8 millones. Es el dinero que, aseguran fuentes de esta conselleria, llevan pidiendo desde hace tres meses para poder pagar las nuevas incorporaciones tanto al sistema de dependencia como al de la renta valenciana así como sus consiguientes actualizaciones.

La Ley de Servicios Sociales Inclusivos aprobada en 2019 señala que tanto las ayudas de dependencia como la renta valenciana de inclusión se consideran "prestaciones garantizadas" y que, por lo tanto, "cumpliendo con los requisitos de acceso, podrán ser exigibles como derecho subjetivo, contando para tal fin con créditos ampliables". Es decir, que no están vinculadas al dinero presupuestado (como ocurre con otras ayudas) sino que con cumplir los criterios que se piden para acceder a la ayuda se tiene el derecho para cobrarla.

Sin embargo, para ello hace falta que se autorice esa ampliación de crédito. Ese es el punto que defienden fuentes del departamento de Mas llevan pidiendo en los últimos tres meses al área que encabeza el socialista Arcadi España. Lamentan que ha sido, de momento, sin éxito mientras que se han autorizado otras medidas como la ayuda a la cesta de la compra o se anunció un crédito de mil millones para empresas a través del Instituto Valenciano de Finanzas, con ambiente electoral de por medio.

26.000 expedientes

En total, señalan que hay cerca de 26.000 expedientes afectados que tendrían que quedar congelados a partir de la segunda quincena de junio (es decir, la próxima semana) si no se recibe esta ampliación de crédito. En concreto, serían 13.066 los expedientes que afectarían a la renta valenciana de inclusión (por valor de 31,6 millones) mientras que 13.776 son de dependencia de las que 4.400 son de nuevos demandantes y el resto son solicitudes de revisiones que sumarían hasta 35,2 millones.

"Los servicios sociales y estas dos ayudas han sido uno de los buques insignia del Botànic", señalan fuentes del departamento de Mas que critican que estas dos ayudas estén "congeladas". "Son miles de personas que se pueden quedar sin recibir unas cantidades que les corresponden según la ley", añaden. Las quejas administrativas se unen también al malestar generado en la última semana entre Compromís y PSPV, titulares de las dos carteras, por la decisión de los socialistas de no ceder ningún puesto en la Mesa de las Corts a los valencianistas para la próxima legislatura.

En Hacienda, por su parte, defienden que se está trabajando en la solicitud realizada por la Conselleria de Políticas Inclusivas, pero que una ampliación de crédito lleva su tiempo. "Se está mirando, no es un asunto sencillo, pero estamos en ello", trasladan fuentes del departamento que dirige Arcadi España tratando de enviar un mensaje de tranquilidad. Sin embargo, en el departamento de Mas avisan que el tiempo corre y es necesario acelerar porque un mes podría gobernar la derecha y eliminar unas ayudas "muy necesarias".

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