La legislatura de las autonomías

Algo ha quedado claro desde la noche del 23 de julio pasado: la legislatura en puertas (si todos los pactos de la última semana llegan a ramos de bendecir en unos días) será la de los territorios. Las alianzas imprescindibles han sido con soberanistas catalanes, pero los acuerdos implican cambios en la financiación o la deuda que afectarán, en mayor o menor medida, a otras comunidades. Ese mayor o menor alcance de los efectos de los pactos sellados es la incógnita en la ecuación de la investidura de Pedro Sánchez y el principal reto para los demás gobiernos autonómicos. La legislatura que ha de llegar estará marcada por el resultado de esta confluencia de intereses: o una España que profundiza en la desigualdad entre territorios (y ciudadanos) o la que empieza a apuntalar una estructura más justa. Una España más federal (de verdad) o más asimétrica.

No se ha superado el puente de la investidura y varios gobiernos autonómicos del PP ya están pidiendo la convocatoria de una conferencia de presidentes para poner encima de la mesa los acuerdos con Cataluña. Es buena prueba del tinte territorial del periodo que comienza. Y de que, cuarenta años después, la España de las autonomías es una estructura consolidada a izquierda y derecha, más allá de la amenaza (teórica) de una ultraderecha que asegura no creer en ella pero (en la práctica) se instaura en sus gobiernos y los aprovecha.

Los meses y años que vienen suponen también un dilema para los ejecutivos autonómicos: institucionalidad o interés electoral. El desafío es más fuerte en gobiernos como el de Carlos Mazón, que representa a la comunidad (la valenciana) peor financiada por el Estado. La institucionalidad significa en este caso capacidad de medir discrepancias y acercamientos con el Gobierno central en pos de un trato justo para la C. Valenciana. La tentación de los tiempos que vienen será dejarse llevar por los posibles réditos electorales (en la Generalitat y en el Gobierno de España) de un enfrentamiento sin cuartel con la Moncloa.

La financiación autonómica continúa siendo piedra angular para el futuro valenciano, pero menos si se aplica la cláusula del acuerdo con Sumar (Compromís) que establece una compensación del déficit vía presupuestos del Estado (no mediante préstamos).

No obstante, en los cenáculos políticos de Madrid circula desde hace semanas la teoría de que, esta vez sí, el nuevo Ejecutivo va a lanzarse rápido a la tarea de un nuevo sistema de financiación de las autonomías.

Por un lado, puede servir para presentarse con un mecanismo igualitario (o más que el actual) ante la opinión pública. Por otro, la recuperación de las reglas fiscales (pactadas en el marco de la UE) y la necesidad general de recursos de las autonomías empujan a desarrollar un nuevo modelo. La principal amenaza, en este punto, la pone el «diálogo singular» acordado con Junts sobre el sistema de reparto de fondos.

La financiación es la ansiada clave de bóveda de la agenda valenciana, pero esta no acaba ahí. La deuda provocada por la acumulación de años de déficit es otra pieza crucial. También está en los acuerdos con Cataluña (el otro territorio más afectado por esta losa, junto al valenciano), en este caso por la vía de Esquerra Republicana. Y traslada de nuevo la duda de si la condonación de una parte de la mochila de intereses tendrá una inclinación más favorable para Cataluña que para otros territorios.

Las inversiones en el corredor mediterráneo, la red ferroviaria de Cercanías y la ampliación del puerto de València completan la primera página de la agenda valenciana, a la que Mazón añade de su puño y letra la cuestión del agua, en forma de deuda hídrica a compensar.

En la parte parlamentaria, será interesante si la mayor visibilidad de las comunidades altera la dinámica de disciplina de grupo de los grandes partidos y ganan fuerzas los bastiones territoriales. Los partidos minoritarios ya han demostrado su peso. La no presencia de Compromís en las firmas de los acuerdos por su inclusión en Sumar ya genera debate (interno y externo), aunque el pacto de este grupo ha incluido por primera vez una referencia explícita a la infrafinanciación valenciana.

El papel del Senado, con mayoría absoluta del PP, en esta legislatura merecerá atención: o un instrumento contra el Gobierno o avanzar hacia cámara territorial. Posiblemente en estos años se juegue su razón de ser.

La legislatura de los territorios supone una relevancia especial para el Ministerio de Política Territorial. Será clave así quién ocupe esta cartera.

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