Los empresarios piden "estabilidad" tras la investidura y los sindicatos más avances sociales

La CEV y la Cámara de Comercio apelan a generar "confianza a los inversores" así como a que sea la legislatura de la financiación autonómica

Los sindicatos creen que acabar con la interinidad del Gobierno es un acto "de normalidad democrática" y piden "ambición" en las transformaciones

García Alcolea (CCOO PV); Salvador Navarro (CEV) e Ismael Sáez (UGT) hace unos días en la plataforma por una financiación justa

García Alcolea (CCOO PV); Salvador Navarro (CEV) e Ismael Sáez (UGT) hace unos días en la plataforma por una financiación justa / Rober Solsona/EP

Normalidad democrática, responsabildiad, estabilidad, progreso social y financiación justa. Estos son algunos de los conceptos que los distintos actores de la sociedad civil valenciana quieren que vengan tras la investidura de Pedro Sánchez y en el nuevo gobierno de coalición progresista que se conformará en las próximas semanas.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro se ha mostrado preocupado por el clima de "crispación" que "aleja las inversiones" por lo que ha confiado en que esta situación se rebaje para generar "confianza y seguridad jurídica" a los inversores. Coinciden las cámaras de comercio valencianas, que han llamado a "mantener los consensos básicos de respeto que aseguren la paz social".

Al mismo tiempo, Navarro se ha sentido "molesto" por las declaraciones de Sánchez en las que dice "hay comunidades que bajan impuestos pero piden más recursos al Estado", haciendo referencia a la Comunitat Valenciana. "No pedimos más recursos, pedimos los que nos tocan por población, los que llevan muchos años negándonos pese a reconocer que somos la comunidad peor financiada". Asimismo, ha destacado que "molesta" que se utilicen los recursos públicos "para beneficiar a unas comunidades y perjudicar a otras". "No queremos más agravios", ha concluido.

"Normalidad democrática"

Desde el sindicato UGT, uno de los mayoritarios, el secretario general en la Comunitat Valenciana, Ismael Sáez, ha dicho que la investidura "pone fin a la interinidad y es pura normalidad democrática" y se ha mostrado satisfecho por el anuncio del presidente de seguir en la senda "de la justicia social y el reparto justo de la riqueza".

Pedro Sánchez tras ser investido

Pedro Sánchez tras ser investido / Eduardo Parra

Por su parte, Ana García Alcolea, de Comisiones Obreras del País Valencià (CCOO PV) señaló que, así como en la anterior legislatura "se logró un avance en derechos sociales pocas veces experimentado en nuestra historia"; el reto ahora es "mayúsculo". "El pacto de investidura expresa compromisos como la apuesta decidida por el diálogo social para afrontar las transformaciones de época y tenemos grandes desafíos en las relaciones laborales: el teletrabajo, la salud mental en el puesto de trabajo, la conciliación o el incremento del SMI. Hay que convertir este mandato legislativo en el del pleno empleo", señala. Por eso, García Alcolea pide "ambición" en el nuevo gobierno con la reducción de la jornada y la regulación del despido.

"Hay que convertir este mandato legislativo en el del pleno empleo"

Además, el secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, ha felicitado al presidente por su reelección "totalmente democrática" y ha pedido "responsabilidad" al "resto de fuerzas que cuestionan el proceso". Asimismo, Inglada ha valorado positivamente los anuncios de ayudas a colectivos vulnerables y clases medias como las subvenciones a "vivienda, el mantenimiento de la bajada del IVA en alimentos básicos y gratuidad del transporte" pero ha pedido "contundencia" en el tema de la "hipotecas variables y la subida del euríbor" porque "supone un problema para gran parte de las familias".

De entre la sociedad civil,  el médico jubilado Carlos San Juan, impulsor desde València de la campaña "Soy mayor, no idiota", ha confiado en que el próximo Gobierno tenga "más en cuenta a los mayores y ponga en marcha la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero", que estuvo a punto de ser aprobada y se vio arrastrada por el reciente "tsunami político".

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