"El ministerio tiene hackeado el sistema de citas de extranjería desde hace dos años"

Las personas migrantes y refugiadas en València sólo encuentran barreras. Para pedir cita en extranjería ante cualquier trámite, para abrir una cuenta en el banco, para alquilar una vivienda, para empadronarse donde viven, para ir al médico... Tengan o no la documentación en regla, su día a día es una "vulneración constante" de derechos fundamentales. Conforme las entidades sociales que trabajan con la población migrante denuncia las discriminaciones que sufre el colectivo, la Administración redacta leyes, normas, decretos o convenios. Y ni con esas.

"El racismo es estructural , cotidiano e institucional. Las administraciones públicas y sus empleados vuelven a ser quienes más discriminan y la principal causa de la exclusión social", denuncian. El informe "Discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en València", presentado por 7 organizaciones así lo demuestra tras mostrar una radiografía de los casos donde más han intervenido estas entidades en 2023 y que son: en el padrón, en las citas de extranjería y asilo, por las prácticas policiales, por las identificaciones por perfil étnico y racial, en la sanidad pública, en las entidades bancarias, en vivienda y en el CIE de Zapadores. El 90% de los casos de discriminación no se denuncia. "Por eso, este no es un informe de cifras (porque no serían reales)", recalcan.

Para realizar cualquier trámite que haga referencia a la documentación, la población migrante debe obtener una cita previa. La atención en ventanilla se ha eliminado en las comisarías y oficinas de extranjería. Todas las citas que tiene que ver con la tramitación de permisos de residencia en la Oficina de Extranjería deben solicitarse vía mail. Las citas para expedición del NIE (el DNI de los extranjeros) se solicita a través de una web y las citas para pedir asilo, por vía telefónica. Esa es la teoría. En la práctica, no hay manera de poder hacerlo ya que esas mismas citas se venden en el mercado negro. "Lo sentimos, no hay citas disponibles", reza el letrero cuando el usuario lo intenta.

Y es que "la red del ministerio lleva dos años hackeada. Está publicado, es su responsabilidad y lo sabe la policía y lo sabe el ministerio. Y lo permiten. Hay bots que sortean a la policía y 'cogen' las citas en segundos para cualquiera de los trámites", explican desde Movimiento Por la Paz (MPDL), una de las entidades que han realizado el informe. El programa informático salta en el preciso instante en el que se abren las citas, consigue esquivar los controles de la web del Ministerio y en menos de 20 segundos ya ha conseguido una cita. A una persona le cuesta, por lo menos, un par de minutos. Al programa informático, un instante. Por eso, desde hace dos años, solo los robots consiguen una cita en Extranjería que vale entre 100 y 200 euros en el mercado negro. Ya sea para un trámite en la oficina o para poner la huella en el NIE, en comisaría. Por ello, desde las entidades exigen que el Gobierno central "cumpla con la legalidad y otorgue más citas para todos los trámites que tengan que ver con extranjería; que disponga de un sistema presencial y que ponga fin al mercado clandestino de citas. Es impensable que cualquier ciudadano tuviera que pagar para conseguir una cita en su centro de salud, por ejemplo", recalca el informe

El padrón es un documento clave para entrara a formar parte del sistema. Sin padrón no haya nada. Para garantizar que personas que viven en la calle, comparten piso por un tiempo, carecen de documentación reglada o tienen alquilada una habitación no quedaran excluidas, el Gobierno diseñó un procedimiento especial de empadronamiento, que tampoco se cumple. "No se aplica correctamente, la propia administración desconoce el procedimiento y encima las solicitudes tardan más de un año en resolverse", afirman desde la Asociación Rumiñahui. Cristina relata su experiencia. "Solicité el empadronamiento especial en casa de quien me había acogido. Cuando vino la policía para comprobarlo la propietaria le dijo a la inquilina que me echara. Me sentí fatal porque yo no quería perjudicar a quien me había acogido. Me fui sin tener adónde ir. Así se rompe el tejido social", relata la mujer.

Sin cuenta del banco no hay servicios, ni alquiler, ni trabajo

El sistema no permite realizar pago alguno sin una cuenta bancaria de por medio. Las entidades financieras no abrían cuentas sin NIE lo que impedía a la persona migrante contratar servicios básicos como la luz o el agua, pagar el alquiler o cobrar una nómina. Para esto también exite una solución, que también se incumple a diario. Se denominan cuentas de pago básicas y se regulan mediantes dos decretos ley. Sin embargo, las entidades bancarias niegan este derecho vulnerando, de nuevo, los derechos fundamentales de los más vulnerables. Salif conte, de 24 años, explica que perdió un trabajo por este motivo. "Sólo me faltaba dar un número de cuenta pero fue imposible", explica. A su lado, desde CEAR recalcan: "Al final son los bancos los que deciden si se cobra o no la Renta Valenciana de Inclusión (RVI).

Acceder a una vivienda digna es casi un imposible para la población migrante, que suma el mensaje de "solo a españoles o no inmigrantes" a las cláusulas abusivas que caracterizan el mercado. La población migrante encuentra dificultades hasta para obtener la tarjeta sanitaria, habida cuenta de el sistema público de salud es universal y gratuito, explican desde Cepaim.

A las dificultades diarias se suman el trato policial. València Acull denuncia "indefensión jurídica del migrante por no poder formular una denuncia tras ser víctima de un delito, sin miedo a ser expulsado", mientras que la ONG Rights International Spain (RIS) critica las identificaciones por perfil étnico y racial que "sólo persigue 'cazar' a las personas que carecen de la documentación en regla para meterla en un CIE". Desde CIE's No denuncian que la "violación de derechos fundamentales en los CIE es una constante desde hace años. Maltrato, vejaciones, detenciones ilegales y una larga lista donde se castiga con dureza y deportaciones a quien se atreve a denunciarlo