2023: el año que la derecha recuperó la Generalitat

El año 2023 ha sido el del cambio político en la Comunitat Valenciana. Tras dos legislaturas de gobiernos de izquierdas, la derecha logró el vuelco y recuperó en mayo la Generalitat, dando carpetazo al Botànic. Carlos Mazón hizo buenas las altas expectativas con las que llegó a la campaña electoral —y que otros no detectaron o no quisieron creer— y llevó al PP a su mejor resultado desde 2011, en buena parte al ser capaz de absorber casi al completo los restos de Ciudadanos, que consumó su desaparición de las Corts. Aun así, el popular tuvo que apoyarse en Vox para poder formar Gobierno.

La misma suerte que el partido naranja corrió Unides Podem. Los morados se quedaron lejos del 5 % exigido para obtener representación en el parlamento autonómico, enterrando por el camino las opciones de resistencia del bloque progresista, donde el PSPV creció en votos y escaños y Compromís, aunque aguantó el tirón, acusó la ausencia de Mónica Oltra, su gran referente.

La ola azul caló a lo largo y ancho de toda la autonomía. El PP se impuso en las tres capitales y en la mayoría de comarcas, lo que le valió para conquistar poco después las tres diputaciones. Mención a parte merece la de Valencia, donde pese a no sumar mayoría con Vox, el PP logró el apoyo decisivo de Ens Uneix, el partido del exsocialista Jorge Rodríguez, que hizo bueno su único representante en la corporación provincial para alcanzar la vicepresidencia primera en el gobierno de Vicent Mompó, a quien terminó apoyando en el decisivo debate de investidura en lugar de a Carlos Fernández Bielsa (PSPV). Ambos gobiernan ahora con el apoyo externo de Vox.

En la sede de los populares valencianos todavía quedaban restos del champán que corrió la noche del 28 de mayo cuando, a la mañana siguiente, Pedro Sánchez ejecutaba otro de sus golpes de timón y llamaba a las urnas generales en cuestión de semanas.

Aquel movimiento, interpretado como suicida en un primer momento, tuvo mucho que ver en los tiempos empleados por Mazón para cerrar el pacto de Gobierno con Vox. Los populares valencianos no querían cargar con el lastre de hacer vicepresidente al candidato con el que concurrió la ultraderecha, Carlos Flores Juberías, condenado en 2002 por violencia machista contra su entonces mujer.

Por eso, se buscó un acuerdo exprés con Vox que incluía el despeje de Flores al Congreso. El adelanto en la convocatoria de elecciones generales de Sánchez les obligaba a acelerar el pacto para poder incluir al elemento incómodo en las listas del 23J, que debían quedar cerradas algunas semanas antes.

Dicho y hecho, los dos partidos apretaron el acelerador y en apenas 15 días y tras dos fugaces reuniones, hubo fumata blanca programática. La premura sorprendió en Génova, donde el objetivo era dilatar la rúbrica de esos pactos territoriales —el PP dependía de Vox en otras cinco comunidades— hasta después de los comicios para no dañar las opciones de Alberto Núñez Feijóo, a quien las encuestas situaban en un escenario muy similar al de Mazón: vencedor claro de las elecciones pero dependiente del partido de Santiago Abascal para poder gobernar.

El primer preacuerdo alcanzado entre PP y Vox son apenas cinco puntos muy genéricos que han sustentado un acuerdo de coalición para toda la legislatura: «Libertad, desarrollo económico, Sanidad y servicios sociales, señas de identidad y apoyo a las familias». Flores, cuyo futuro todavía no se había anunciado públicamente, fue uno de los negociadores de Vox. Le acompañaron el presidente provincial de Valencia, Ignacio Gil Lázaro, y el torero Vicente Barrera, quien a la postre se convertiría en vicepresidente primero de Mazón.

Así, el líder de los populares valencianos tiró adelante con su hoja de ruta y fue investido antes de las generales. También anunció el reparto de carteras —eliminó dos departamentos— y de otros cargos institucionales entre PP y su socio. Los populares cedieron tres conselleries (Cultura, Justicia y Agricultura) —la de Barrera con rango de vicepresidencia primera—y la presidencia de las Corts a Vox.

El PP entregaba buenos escaparates a su compañero de viaje, pero se reservaba para los suyos el control del 95 % presupuesto que gestionará la Generalitat en 2024. Con los nombres de la cuota popular, Mazón marcaba distancias con su socio: dio la segunda vicepresidencia a Susana Camarero, ponente del primer pacto de Estado contra la violencia de género, e hizo portavoz y macroconsellera a la exsíndica de Ciudadanos, Ruth Merino. El president completó su organigrama con caras conocidas de anteriores etapas del PP en la Generalitat.

Ya con el Ejecutivo formado se puso en marcha una drástica reducción de la estructura de la Generalitat. Además de las dos conselleries, se eliminaron una treintena de altos cargos y otros 60 asesores. En total, un ahorro de 5 millones de euros al año. En paralelo, se han aprobado las primeras rebajas fiscales, una de las grandes banderas de la campaña de Mazón. Se ha bonificado al 99 % el impuesto de Sucesiones y Donaciones —reduciendo la recaudación en 230 millones— y se han introducido deducciones fiscales para más de 2 millones de personas, según estimaciones oficiales.

Estos primeros pasos se han dado sin apenas fricciones entre PP y Vox. La sintonía entre Mazón y Barrera es evidente y a ella hay que sumar una izquierda en recomposición que tampoco está poniendo en aprietos a populares y voxistas.

La resistencia de Pedro Sánchez el 23J tiene doble lectura para Mazón: algunos en Madrid le responsabilizan del resultado insuficiente de Feijóo por su pacto con Vox, si bien la continuidad del socialista le permite tener un Gobierno central ante quien exhibir carácter reivindicativo por la agenda valenciana.

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