El Consell planea un decreto de urgencia para consolidar las firmas que dejaron Cataluña

El Consell tiene preparada ya una línea de actuación frente a la estrategia de Junts para impulsar el regreso a Cataluña de las empresas que huyeron tras el procés independentista y que ha incluido en los acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los primeros decretos del Ejecutivo de coalición. La respuesta del equipo de Carlos Mazón pasa por un plan de medidas de consolidación de estas empresas en la Comunitat Valenciana, aseguran fuentes de Presidencia a este diario. Está por ver cómo se articula, aunque la idea inicial es redactar un decreto de urgencia, si bien este último extremo no está cerrado. «Está todo en fabricación», precisan las citadas fuentes.

De momento, la Abogacía de la Generalitat ya ha recibido el encargo de analizar el acuerdo entre el partido de Carles Puigdemont en lo que toca al regreso de las empresas. El objetivo es decidir si hay materia para un recurso ante el Tribunal Constitucional. Es una de las iniciativas que el jefe del Consell planteó cuando se conocieron los requisitos de Junts para apoyar al Gobierno.

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No obstante, parece difícil que el contenido final del acuerdo dé pie a un recurso de constitucionalidad, ya que, hasta dónde se conoce, no se han incluido multas a las empresas por no regresar a Cataluña, que era el elemento más sensible en la negociación entre Junts y los socialistas. Lo que el soberanismo catalán ha conseguido es la modificación de la ley de Sociedades para favorecer el retorno a la citada comunidad de las empresas que se marcharon durante el procés de 2017.

Un millar de empresas

Se trata de cerca de un millar. Entre ellas, algunas de las principales entidades financieras de España, como Caixabank y Banc Sabadell, que trasladaron sus sedes oficiales a València y Alicante, respectivamente, dado que la primera integró al Banco de Valencia y la segunda, a la CAM.

La ley de Sociedades sufrió un cambio en 2017 que Junts interpreta que se realizó para facilitar la salida de empresas de Cataluña. La modificación relaja las condiciones para las grandes empresas para decidir una nueva ubicación: a partir de ese momento lo podía aprobar únicamente el consejo de administración, aunque en los estatutos de la sociedad se establezca que tiene que hacerlo la junta general de accionistas.

Desde Frankfurt, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que asistió a la feria textil Heimitextil2024, pidió la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes autonómicos ante las «extorsiones» de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez. Una petición que se suma a la de otros barones del PP como los de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; Baleares, Marga Prohens, y Murcia, Fernando López Miras, entre otros.

El jefe del Consell defendió que en el pleno del pasado miércoles en el Congreso en el que salieron adelante in extremis los dos decretos sociales del Ejecutivo a cambio de cesiones a los indepedentistas fue «un esperpento que no hay quien lo tolere», y advirtiendo que «el camino que viene por delante puede ser ciertamente agónico», por lo que insistió en que se reúna ya el foro de líderes territoriales. Mazón exigió a Sánchez, que dé la cara «ya». «El problema verdadero de lo de ayer [por miércoles], no solamente es lo que ocurrió, que es gravísimo, es que no acabó», sino que «acaba de empezar», afirmó el president en referencia a esas cesiones de Sánchez a Junts. «No se decide ya en España se decide en Waterloo, decide Puigdemont todo lo que está ocurriendo», advirtió Mazón, quien lamentó que Junts esté decidiendo «cómo se ataca a las empresas valencianas para que se vayan de la Comunitat Valenciana, cómo se está extorsionando al Estado y cómo se quiebra la separación de poderes» y el problema es que «acaba de empezar».

De igual modo, el síndic del PP en las Corts, Miguel Barrachina, acusó a los socialistas valencianos de haber «traicionado los intereses de la Comunitat al pactar clandestinamente establecer que las empresas que libremente han decidido ser valencianas se les pueda forzar retornar a Cataluña».

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La debilidad de Sánchez

Barrachina lamentó «la debilidad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que, según denunció, «le marcan la agenda desde Junts». «Es un presidente maniatado por sus socios de gobierno. Así es muy difícil gobernar un país y hacer políticas en beneficio de todos los ciudadanos porque unos pocos con intereses muy particulares como es Junts están marcando la agenda del Gobierno de Sánchez», afirmó.

Aseguró que los socialistas valencianos «de nuevo han preferido ser socialistas antes que valencianos» y consideró que no «sirve de nada tener una ministra valenciana como Diana Morant si es incapaz de defender» a los valencianos.