El Gobierno solo financia el 20% de la dependencia valenciana, aunque está obligado a pagar la mitad

La Ley de Dependencia de 2007 fija que el estado debe financiar el 50 % de esta partida de las autonomías. Eso sobre el papel, porque la realidad es otra muy distinta que ya han sufrido varios Gobiernos autonómicos. Según la vicepresidenta y consellera de Igualdad Susana Camarero, el Gobierno solo paga el 20 % de la dependencia.

No solo eso, además la Comunitat Valenciana es una de las autonomías peor financiadas en dependencia de todo el estado. Con estas reivindicaciones bajo el brazo, Camarero viajó ayer a Madrid para reunirse con la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y volver a reivindicar la parte que por ley debería recibir la Comunitat.

Esta situación no evita que el territorio valenciano sea una de las autonomías con mejores prestaciones sociales de todo el estado (por debajo, eso sí, de País Vasco y Navarra que siempre suelen liderar las estadísticas). El esfuerzo económico del Consell en materia de Igualdad lleva siendo muy elevado desde, al menos, 8 años, por lo que Camarero reivindica que el estado cumple su parte.

El año 2022 el Gobierno tan solo financió el 14 % de la dependencia de la C.Valenciana. Este año ha aumentado su implicación, pero muy lejos del 50 % al que está obligado por ley. De los 1.014 millones que se gastaron ese año en dependencia, unos 850 salieron directamente de las arcas valencianas.

La realidad es que el Gobierno no cumple con la ley de dependencia en ningún territorio del estado, pero comunidades como Galicia (32 %) o Castilla y León (27 %) están mucho mejor financiadas que la valenciana, según denunció en su momento la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

La vicepresidenta segunda también ha expresado su preocupación por la “desidia en la gestión del gobierno del Botànic” de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, lo que dificulta al actual Consell la consecución de los objetivos establecidos en los mismos y hace peligrar su ejecución, por lo que ha solicitado al Gobierno de España colaboración para la búsqueda de soluciones conjuntas respecto a los plazos y condiciones de ejecución y justificación.

El año pasado, según esta misma asociación, 11 Gobiernos "hicieron caja" con las ayudas de la dependencia. Es decir, bajaron la partida autonómica y dejaron de invertir dinero porque el estado aumentó su participación. No fue el caso de la Generalitat Valenciana, que pese a la infrafinanciación se mantiene en el pelotón de cabeza en todos los indicadores. En lugar de recortar, incrementó el presupuesto en dependencia un 6, 14 % respecto al año pasado, con una media de 1.916 euros gastados por persona potencialmente dependiente y 9.386 euros de gasto medio por persona beneficiaria.

Alimentos y sinhogarismo

Otro de los temas que la consellera de Servicios Sociales ha expuesto es el reparto de la recaudación del 0,7% del IRPF para fines sociales, que -en su opinión- debería adelantarse y hacerse “como muy tarde, en septiembre y no retrasarse hasta finales octubre, como ha ocurrido en 2023”.

Del mismo modo, la vicepresidenta del Consell ha pedido “premura” al Gobierno para que traslade a las comunidades autónomas las condiciones de gestión de las tarjetas de alimentos del Fondo Social Europeo.

Por último, otro asunto expuesto por la vicepresidenta del Consell ha sido la Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030, un tema que según ha explicado “requiere contar con instrumentos de financiación adecuados y la transferencia de los recursos necesarios a la Comunitat