Fedea pide compensar con 1.150 millones al año a la C. Valenciana hasta la reforma de la financiación
El organismo especializado aboga por un fondo de nivelación de 3.277 millones para las autonomías maltratadas ante la "complejidad" de pactar un nuevo modelo
El estudio cifra en 233 euros la infrafinanciación por habitante de la C. Valenciana respecto a la media. El diferencial se dispara hasta los 687 euros si se compara con Cantabria
Merino saluda a la ministra María Jesús Montero antes del inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera / Levante-EMV
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, ha cifrado en casi 1.150 millones al año la cantidad anual que debe recibir la Comunitat Valenciana del Estado para compensar el maltrato que sufre del sistema de financiación. El organismo que dirige Ángel de la Fuente ha presentado este lunes un nuevo informe sobre el modelo de financiación autonómica en el que propone fórmulas para abordar su reforma, que anticipa "compleja" y a largo plazo, y en el que vuelve a constatar los agravios que este comporta para los valencianos.
Fedea insiste en la necesidad de pactar un nuevo modelo (lleva una década caducado) ante la "poca transparencia" y la "elevada desigualdad" que genera el actual. Por las dificultades políticas que prevé para alcanzar esos acuerdos, la fundación apuesta por implementar "ya" "retoques que ayuden a paliar los principales problemas" de esas autonomías y acercarlas a la media a la espera de ese acuerdo "global". Así, "lo primero" sería la activación de un fondo de nivelación transitorio, sufragado por el Estado, que sirva de parche y ayude a las autonomías infrafinanciadas a alcanzar el nivel de recursos del resto para pagar la Sanidad, la Educación y los servicios sociales.
Según sus cálculos, este fondo debería estar dotado de 3.277 millones de euros y se repartiría entre cuatro territorios: la Comunitat Valenciana (1.148 millones), Andalucía (1.409), Murcia (405) y Castilla-La Mancha (315). Este reparto adicional permitiría a la Generalitat destinar 233 euros más a la inversión por cada valenciano en servicios fundamentales, aunque no alcanzaría a equipararla con el gasto medio y continuaría 500 euros por persona por debajo de otros territorios como Cantabria. Esa diferencia entre lo que percibe del Estado un valenciano y un cántabro es actualmente de 687 euros por persona (de 3.417 a 2.730 euros). Los pagos compensatorios se mantendrían hasta la reforma global del sistema y una vez aprobada, se integrarían en el nuevo mecanismo.
El fondo de nivelación que propone Fedea no es una herramienta novedosa. La reclamó el Botànic, ahora el Consell de Carlos Mazón e incluso está incorporada al acuerdo de investidura sellado entre el PSOE y Sumar. La Generalitat, en todo caso, aseguró que según sus cálculos este mecanismo corrector debería rondar los 1.500 millones, una cantidad sensiblemente superior a la que defiende Fedea, si bien esta está siendo calculada específicamente por la comisión de expertos.
Exige un pacto PP-PSOE
La reforma integral del sistema es asumida como muy compleja por Fedea, que pone la presión sobre PSOE y PP. A los dos grandes partidos les exige un acuerdo previo para que la modificación sea "factible" y "pacífica", y que posteriormente abran el diálogo a los territorios y el resto de fuerzas políticas. "Negociar entre dos es más fácil que entre 15", ha defendido De la Fuente, que ha solicitado a socialistas y populares "que dejen de tirarse los trastos a la cabeza y hagan un esfuerzo por alcanzar un pacto sensato". "Ya con ese acuerdo", continúa el experto, se debería "ampliar el consenso al máximo" tanto con los gobiernos autonómicos como con el resto de partidos.
De esta forma, el organismo cuestiona la postura tanto del Ministerio de Hacienda, que en la pasada legislatura buscó el consenso entre autonomías a partir de su propuesta del famoso 'esqueleto' del nuevo modelo, como la del PP, que reclama que sea el Ejecutivo central quien ponga encima de la mesa un plan de reforma.
Fedea sí que respalda la posición del PP para que las negociaciones se abran en un foro multilateral como la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo hace al advertir del riesgo de que se inicie "una deriva hacia un sistema de financiación autonómica a la carta", negociado de forma bilateral con comunidades como Cataluña, lamentando que esto "privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial".
En este contexto, Fedea alerta de que, dado los pactos de investidura alcanzados por el PSOE con las formaciones independentistas, "podría iniciarse una deriva hacia un sistema de financiación a la carta, que limitaría artificialmente la contribución de éstas a la redistribución regional y a la financiación de los gastos comunes del Estado".
"Esto no sería admisible", añade el informe, que reconoce que esta situación ya existe con las comunidades forales --País Vasco y Navarra--, aunque desde Fedea apuestan por "trabajar para ir corrigiéndola de forma gradual".
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, se reúne con expertos para la reforma del sistema de financiación / Germán Caballero
Más herramientas tributarias a las autonomías
El fondo de nivelación de 3.000 millones es una fase previa antes de abordar las "cuestiones técnicas", el auténtico meollo del asunto. En este sentido, Fedea plantea la necesidad de aumentar los recursos que se introducen en el sistema de reparto para facilitar su posible reforma sin ganadores ni vencedores. Sin embargo, defiende que el incremento del dinero debe financiarse "mediante una subida de impuestos autonómicos para evitar los problemas de incentivos que se derivarían de nuevas inyecciones de recursos estatales". Estos fondos extra pasarían posteriomente por mecanismos de solidaridad para repartir los recursos por población ajustada.
Fedea propone la creación de tramos autonómicos en impuestos cedidos como el IVA o las tasas especiales. Estos gravámenes serían fijados de forma colegiada por las autonomías y los rendimientos "se repartirían en proporción a la población ajustada, evitando así que posibles ajustes al alza en los recursos totales del sistema beneficien en términos relativos a algunas autonomías más que a otras".
Dentro de las medidas de simplifación del sistema que defiende Fedea, que define el modelo actual como "incomprensible" para el ciudadano, el organismo también apuesta por revisar el sistema de retenciones y entregas a cuenta, es decir, los tiempos de pago del Estado para hacerlos "más sensibles a la evolución real" y que muestren los posibles cambios impositivos de los ejecutivos autonómicos. Fedea cuestiona que la liquidación se ejecute con dos años de retraso porque diluye esos movimientos fiscales, que no se trasladan "directamente" a las cuentas públicas de esa comunidad.
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