CRUE

La rectora de la UJI insiste: "La financiación es fundamental para desplegar la ley de universidades"

La también presidenta de los rectores españoles, Eva Alcón, recuerda a la Generalitat que sin fondos del plan de financiación ni del Gobierno no podrán hacer frente a las demandas de la LOSU

Reunión de los consejeros de Educación y rectores con la ministra de Ciencia y Universidades Diana Morant.

Reunión de los consejeros de Educación y rectores con la ministra de Ciencia y Universidades Diana Morant. / Levante-EMV

Gonzalo Sánchez

Gonzalo Sánchez

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) es una ley ambiciosa y buena sobre el papel, pero que no se puede cumplir si nadie financia a las universidades. Es la opinión que defiende desde hace muchos meses y que este jueves volvió a manifestar la rectora de la UJI y presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas(CRUE) Eva Alcón.

La financiación es "la cuestión fundamental" para aplicar la LOSU y es "urgente" que las administraciones implicadas (tanto Gobierno como Generalitat) doten a las universidades de los recursos necesarios. Así se explicó ayer Alcón en el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I, tras reunirse en varias ocasiones con la Minisra de Ciencia y Universidades Diana Morant, para tratar el asunto en diciembre.

Los rectores llevan décadas reclamando un plan plurianual de financiación para las universidades públicas, es decir, que la Generalitat apruebe cuentas para varios años y así las universidades puedan realizar planes más a largo plazo. La falta de este plan tiene bloqueados proyectos de investigación muy importantes, aularios y reformas necesarias, entre otros proyectos. Las cinco universidades públicas valencianas llevan con las cuentas congeladas desde el año 2009, y gobiernos de uno y otro signo político no han sido capaces de solucionar este problema.

Estudiantes de la UV en el campus de Tarongers, el pasado viernes.

Estudiantes de la UV en el campus de Tarongers. / Francisco Calabuig

En resumen, la falta de financiación ya estaba en la base de las universidades valencianas cuando el Gobierno aprobó la LOSU, una ley que, entre otras cosas, obliga a los campus a reducir la temporalidad del profesorado al 8% y aumentar la inversión en universidades al 1 % del PIB. Todo ello con una ley que no tiene fondos para dedicar a este asunto.

Retrasos en la ley

La situación de los campus es tal que el Gobierno decidió retrasar la entrada en vigor de la ley desde finales de 2023 hasta el mes de septiembre de 2024, para dar un lapso a las universidades para que se preparen. Las universidades siguen pidiendo lo mismo: financiación. De unos o de otros, pero financiación.

El conseller de Educación José Antonio Rovira estuvo presente ayer en la reunión que mantuvo la ministra Diana Morant con todos los consejeros de Educación de España en la Conferencia General de Política Universitaria. Allí, Morant anunció el retraso hasta septiembre de la nueva Ley de Universidades.

Rovira considera esta decisión de Morant un "fracaso", ya que "las propias universidades han trabajado a contracorriente para estar preparadas y ahora nos encontramos con este anuncio que demuestra que el Gobierno de Sánchez no ha hecho su trabajo", añadió.

El conseller criticó, asímismo, que no se haya escuchado a las comunidades autónomas en el proceso de la LOSU "pero ahora, en cambio, se nos diga que tenemos que cofinanciarla, pagando el incremento de los costes". "En cambio, el Ministerio no aclara ni cuánto va a aportar ni cuando", añadió.

La rectora de la UJI Eva Alcón, en una imagen de archivo.

La rectora de la UJI Eva Alcón, en una imagen de archivo. / EFE

Cotización de los becarios

A las universidades se les abrió un nuevo frente el 1 de enero de 2024 cuando comenzaron a pagar la cotización a la seguridad social de todos los becarios valencianos, aunque estuvieran realizando prácticas no remuneradas.

Esta medida, que sufragarán íntegramente lo centros, viene derivada de la última reforma laboral y las universidades protestaron, una vez más, de tener que abonar este cambio con fondos propios.

Respecto a los estudiantes en prácticas, Rovira señaló que la Seguridad Social cubre la mayor parte del coste -un 95 %- y en el caso de los alumnos de FP el Ministerio de Educación sí que asumirá el 5 % restante, "algo que no ocurrirá en el caso de los estudiantes en prácticas universitarios, ya que el Ministerio ha dicho que no lo asumirá", apuntó Rovira.

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