Mazón se une a los alcaldes del PP de Alicante en contra de la ley de amnistía
Antonio Teruel
El PP ha hecho gala este sábado de su fuerza en el ámbito local, situando a los municipios como primera línea de choque frente al Gobierno de Pedro Sánchez. La práctica totalidad de los alcaldes y alcaldesas populares de la provincia de Alicante han participado en un acto para mostrar su rechazo a la Ley de Amnistía y a lo que consideran una "extorsión" al Ejecutivo central por parte de los independentistas catalanes. Esta cita se ha desarrollado de manera simultánea en provincias de toda España, pero en el caso alicantino, aparte de tratarse de una demostración de músculo por el gran número de localidades que gobierna el PP en esta demarcación, ha contado además con la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Diversos alcaldes y alcaldesas han ido leyendo de manera sucesiva el manifiesto del acto; el primer edil de Benidorm y presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha sido el encargado de enunciar el principio y el final, mientras que de los distintos fragmentos se han ido encargando regidores y regidoras de localidades como Albatera, Almoradí, Santa Pola, El Campello, Biar o Busot, entre otros; también ha participado el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Entre otros aspectos, han denunciado las "decisiones injustas y arbitarias" que está tomando el Gobierno con tal de contentar a sus socios de investidura, criticando que Sánchez "antepone" a cualquier otra cuestión "las exigencias con las que las formaciones separatistas le vayan extorsionando".
Para los munícipes populares, esto supone una "degradación institucional", que "ataca los principios constitucionales más básicos" y "cercena el principio de igualdad de los españoles". Ante esto, consideran que "no podemos aceptar" que haya "ciudadanos de primera y de segunda" y "renovamos nuestro compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución". También critican "el secretismo" con el que el Gobierno lleva las negociaciones con los independentistas, y califican la Ley de Anmistía de "injusta e inormal", además de estimar que "rompe el principio de separación de poderes".
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