"Financié 1.680 euros por un bono de belleza para dos años que ya no puedo usar"

El producto estrella de los Centros Ideal (que bajaron la persiana el pasado mes de diciembre dejando en la estacada a centenares de clientes con tratamientos pagados o financiados y sin disfutar) era el «Bono Woman». Se trataba de pagar o financiar un bono que se podía disfrutar en dos años y que ofertaba toda una serie de tratamientos de medicina estética y belleza: desde maderoterapia, hasta bótox, pasando por sesiones de depilación láser o la inyección de vitaminas para eliminar manchas en la piel. El bono se ofertaba por 2.500 euros, pero las clientas pagaban convencidas ante las «rebajas» que les ofrecían. 

María, de 37 años, compró el bono por 2.160 euros. No le pareció un precio desaorbitado ya que le «entraban» las sesiones de bótox que se inyecta de vez en cuando y que cuestan 250 euros en otras clínicas.Pero aquí no había límite y un plazo de uso de dos años. Echó cuentas y financió el bono. «Lo que me pincharon no me hizo efecto, pedí la revisión y ya no tenían ni hueco y cuando fui a reclamar habían cerrado», denuncia la joven. Ella sí firmó un contrato «vinculante» y por ese motivo ha podido paralizar los pagos de la financiación. «Si no recibo el tratamiento no pago», argumenta.

Mónica, de 44 años, era clienta de los Centros Ideal desde hacía un par de años y cuando le ofertaron el «Bono Woman» se lo dejaron, por ser clienta habitual, en 1.600 euros. Pero también, por ser clienta habitual, no firmó contrato alguno. Ella pensó en emplear las sesiones en depilación láser y acabar con el vello de su cuerpo. «Financié un bono de belleza que no puedo disfrutar. Y aún lo estoy pagando. De 12 sesiones solo disfruté dos y no puedo suprimir las cuotas», explica la mujer. 

"Lo que me pincharon no me hizo efecto. Yo me he puesto bótox otras veces y esto fue raro", dice María

Para el abogado Jose Vicente Frasquet «hay mucho que investigar» tras el cierre de los Centros Ideal, el buque insignia del Grupo Dibea Cristina Álvarez. «Vendieron bonos y productos hasta el último día, pero sabemos que no han apagado el alquiler de algunos locales, que debían al menos las nóminas de noviembre y diciembre a las plantillas y que empleaban productos de pésima calidad. Las recaudaciones mensuales eran cuantiosas pero no se invertía en los gastos fijos y fundamentales para cualquier negocio como son alquileres, salarios y proveedores. ¿Entonces? ¿Adónde iba ese dinero? No se puede adquirir una serie de compromisos a sabiendas de que no los puedes cumplir». 

Más de 30 afectados para una misma denuncia

De hecho, el letrado valenciano Jose Vicente Frasquet trabaja en una querella en la que ya participan una trintena de afectados de la Comunitat Valenciana además de clientes perjudicados por las mismas circunstancias en Sevilla, Murcia, Madrid, Jaén, Cantabria, Córdoba... El objetivo es presentar la querella ante la Audiencia Nacional por una posible «estafa a nivel nacional» y otros presuntos delitos como «administración desleal, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y mala praxis», además de otros delitos «que se puedan deducir de la investigación porque desconocemos si habrá fraude a la seguridad social o cuestiones similares».

La unión hace la fuerza, y por ese motivo Frasquet invita a los afectados a sumarse a la causa que prepara porque a pesar de que cada cliente tiene su propio caso, tratamiento y características «se trata de demostrar la misma manera de actuar y los perjuicios causados en casos diferentes. Para un afectado, para decenas o para cientos, el procedimiento es el mismo y cuantas más personas se sumen más se reducen los costes». 

Agujeros para la investigación

Para el abogado valenciano, el argumentario de la empresa para cerrar las clínicas tiene agujeros que investigar. «Dicen que cierran como consecuencia de la pandemia. Pero lo hacen cuatro años después y de un día para otro, tras meses sin pagar el alquiler de los locales a pesar de ingresar miles de euros en bonos que no han dejado de vender y de ofertar. Tanto es así que había 'overbooking' de citas. Es decir, se vendían bonos pero no había citas disponibles en las clínicas. Esto no es el cierre de una empresa que deja en la calle a 600 empleados. Estamos convencidos de que este caso merece una investigación y vamos a por ella», añade Frasquet. 

De momento, el abogado está realizando todos los trámites recomendados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en aras de paralizar las cuotas de tratamientos financiados, así como realizar los trámites pertinentes que permitan reclamar la inversión ya ejecutada. Con los préstamos vinculados a un tratamiento específico hay un procedimiento, pero en aquellos casos que se han pagado por anticipado la cosa se complica y es indignante que en este país pagar por adelantado sea sinónimo de que puedes ser víctima de una estafa y se complica recuperar ese dinero», explica el abogado, tras recalcar estafas conocidas en España como Fórum Filatélico u otros que han afectado gravemente a la salud como los casos de Dentix o iDental.