Un empresario declara en el caso Taula que el PP le pedía cobrar en negro

Dos empresarios que realizaron trabajos para el Partido Popular de València durante las campañas electorales de 2007 y 2011 confirmaron ayer la preferencia de los responsables del partido por pagar en negro los servicios prestados a profesionales. La cuarta sesión del juicio del caso Taula por la presunta caja B del PP de València para financiar las campañas electorales de 2007 y 2011 acogió la declaración de otros diez testigos de la Fiscalía Anticorrupción, extrabajadores o propietarios de empresas subcontratados por las consultoras Laterne y Trasgos, responsables de ambas campañas.

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Uno de los empresarios que declaró como testigo confirmó que hizo trabajos para el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València en las campañas electorales de 2007, 2011 y 2015. Su contacto en el partido era la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, que se enfrenta a un año de cárcel por un presunto delito de cohecho. El testigo trabajaba para una agencia de publicidad pero después facturó personalmente los servicios prestados. En su declaración admitió que Mari Carmen García Fuster era la que abonaba los actos. «No solicitaban factura. Pagaban en efectivo y en su despacho. Alguna vez me pagaban con talón al portador». «A mi me pedían que lo hiciera así y así lo hacía. No me solicitaron facturas y cobré en efectivo. La forma de pago me la imponían ellos», respondió el testigo al abogado de García-Fuster, José María Corbín (cuñado de Rita Barberá). 

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Otro fotógrafo que también realizó trabajos para el PP también explicó que esta preferencia por los pagos «en negro» del grupo municipal del PP de València. Tras un «acto que se hizo en el Palau de la Música, hice una factura y fuí a la sede para cobrar. Salió una señorita [me dijo]: ‘¿Cuánto es, sin IVA? Abrió una cajita, me dio el dinero y me dijo: ‘La factura la rompes’», confirmó el testigo ante los magistrados de la sección segunda. Un proveedor de la consultora Trasgos, una agencia de medios que se encargaba de contratar la publicidad electoral de medios de comunicación, confirmó que facturó a Trasgos 156.000 euros sin IVA por trabajos realizados en la campaña de 2011, aunque confirmó que esa cantidad sólo se refería a actos electorales, no otro tipo de actos, como declaró el propietario de la consultora. 

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Por último, la Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer, y el tribunal de la sección segunda lo ha admitido, la citación del director del digital Valencia Plaza, para que declare como testigo mañana miércoles, sobre la documentación que le entregó el testigo y exasesor de Alfonso Grau, Jesús Gordillo. El Fiscal Anticorrupción ha solicitado esta comparecencia y el tribunal la admitió a porque «puede aportar claridad para poder tener más elementos de juicio para conformar criterio a la hora de valorar la prueba y, en concreto, ese testimonio». La Fiscalía busca así acreditar la «falsedad» de la versión de Gordillo y solicitar la dedución de testimonio contra él. El delito de falso testimonio se condena con penas que van de seis meses a dos años de prisión.

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