UGT y CCOO protestan por las desigualdades de las condiciones laborales del personal a extinguir de Sanidad

La situación del personal laboral a extinguir de la sanidad valenciana sigue siendo la incertidumbre. Son 2.500 trabajadores y trabajadoras que se han integrado en la plantilla de trabajadores de la consellería de Sanidad después de los procesos de reversión de los hospitales de Torrevieja, Alzira y Dénia, el último de ellos, así como los servicios de resonancias y farmacias sociosanitarias de las tres provincias. Los sindicatos llegaron a un acuerdo en el primer semestre de 2023 y, ahora, denuncian que el "nuevo Consell se niega a cumplir los acuerdos"; motivo por el cual la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV, y la Federación de Serveis Públics de UGT-PV han convocado una concentración, mañana a las 11 horas, frente al Palau de la Generalitat.

El acuerdo alcanzado en 2023 suponía la homogeneización de las condiciones laborales de este personal con las del estatutario y se pactó tras las huelgas convocadas a principios del pasado año. El motivo es que, en la actualidad, el personal subrogado mantiene condiciones laborales desiguales y, para los sindicatos, "precarias" con respecto al personal estatuario. No es sólo una cuestión de equiparar las condiciones de unos y otros, sino que los sindicatos consideran que esta situación "dificulta la gestión eficiente por parte de las gerencias e incide en la calidad de la asistencia".

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Pendiente desde el 2018

El compromiso de UGT y CCOO ha sido siempre equiparar las condiciones de trabajo del personal laboral a extinguir con el estatutario, desde que tuvo lugar la primera integración hace ya seis años por las "condiciones laborales infructuosas" de estos trabajadores y trabajadoras. La primera negociación tuvo lugar en 2018, aunque finalmente se tuvo que recurrir a las huelgas para "conseguir acordar un calendario de mejoras laborales".

Tras cinco años de negociaciones, se registraron acuerdo ante la autoridad laboral y, en el caso de las resonancias y farmacias sociosanitarias, se publicó en el DOGV en agosto. Según explican los sindicatos en la convocatoria, la "Conselleria se niega a reconocer la validez de los mismos y argumenta que sin el informe preceptivo de Hacienda están viciados de nulidad". Para CCOO y UGT se trata de una excusa pobre para no cumplir, ya que este tipo de acuerdos tienen rango de convenio colectivo.

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Asimismo, remarcan que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha manifestado "públicamente a favor de homogeneizar las condiciones de trabajo de todo el personal sanitario pero, en cambio, bloquee los acuerdos que permiten acabar con el agravio comparativo" de la no homogeneización. Ni UGT ni CCOO se muestran proclives a renunciar a los acuerdos alcanzados y hacen un llamamiento a todo el personal afectado para "exigir hechos y no palabras a los responsables públicos y la inmediata aplicación de los acuerdos".

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