El exvicealcalde de València Alfonso Grau se ve víctima "de una atmósfera en que todo parece corrupto"

El juicio por la presunta caja B del PP de València para financiar bajo mano las campañas electorales de Rita Barberá (la innombrable en las sesiones) quedó ayer visto para sentencia tras doce jornadas celebradas ante la sección segunda de la Audiencia de València. De los cuatro acusados -el exvicealcalde Alfonso Grau, la exsecretaria general del grupo municipal del PP Mari Carmen García-Fuster, el exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el concejal no adscrito Juan Eduardo Santón- sólo este último ejerció su derecho a la última palabra. 

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«Me declaro inocente, porque tengo la conciencia tranquila de todo lo que he hecho para el Ayuntamiento [de València]. Sólo siento la desgracia de haber tenido que recordar con 60 años hechos de cuando tenía 32 y eso para una familia es muy difícil», aseguró al tribunal Santón, tras cuatro horas de sesión ininterrumpidas. Una última jornada que permitió a las defensas de Grau, Santón y Salinas presentar sus alegatos finales en los que piden la absolución o, subsidiariamente, la prescripción de los hechos. 

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El teniente de alcalde y vicealcalde de València de 1995 a 2015, Alfonso Grau, se enfrenta a nueve años y dos meses de cárcel por los presuntos delitos de malversación, cohecho y falsedad en documento mercantil, según la calificación de la Fiscalía Anticorrupción. Una acusación basada en un artificio, según el abogado del exvicealcalde de València, Jesús Bonet, por lo que solicitó la absolución de su defendido al que considera una víctima porque «se ha creado una atmósfera en que todo parece corrupto y hay que buscar un culpable de la corrupción y la malversación». El letrado Bonet pide la absolución de Grau porque «no hay en la causa ni un elemento que permita sostener la malversación, el cohecho ni la falsedad. No se ha demostrado la malversación. No se ha simulado un documento ni en todo, ni en parte». 

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Y criticó que la documentación del asesor de Grau, Jesús Gordillo, aportada por el digital Valencia Plaza a la causa en 2016 y que desencadenó en su imputación «se le dé veracidad como si fuera la biblia o el corán». El abogado también intentó jugar al despiste con el tipo de delito del que se podría acusar al exvicealcalde a partir de esta documentación que revelaba la entrega de dinero en efectivo por empresarios contratistas del Ayuntamiento de València. «Si fuera verdad [la acusación de aportaciones de empresarios al PP para la campaña de 2007] hablaríamos de financiación ilegal de partidos políticos». Un delito que no se introdujo en el Código Penal hasta 2015 y no es aplicable al juicio de la presunta caja B del PP de València (que juzga hechos de 2007 y 2011). 

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Para el abogado el listado de los empresarios que pagaron «es un listado apócrifo, que cualquiera puede hacer en su casa. Pero actúa nuclearmente en el procedimiento». Una documentación, lamentó, que favoreció que se creara «una atmósfera en la que todo parece corrupto y hay que buscar culpable de la corrupción y la malversación». El abogado Jesús Bonet también defendió que fue «inexistente» la capacidad de mando atribuida a Grau en el Ayuntamiento de València así como su influencia en las fundaciones Turismo Valencia, Fivec o CEyB que pagaron más de dos millones a Laterne, la empresa que hizo la campaña del PP en 2007. 

Los exgerentes de las tres fundaciones también negaron la mayor. Alegaron que todas las fundaciones estaban auditadas y controladas desde el Ayuntamiento de València, por lo que no podrían haber pagado contratos ficticios, como acusa Anticorrupción. Y recurrieron al comodín del caso Nóos, en el que Grau resultó absuelto porque se consideró que Turismo Valencia era una fundación privada. 

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