Un estudio alerta de la falta de infraestructuras en gestión del agua

España requiere de infraestructuras de gestión del agua e inversiones. Es la principal conclusión del primer estudio de Facsa sobre el modelo de la gestión del agua, elaborado durante los últimos meses. No es la única, pero sí la más importante porque el informe apunta, también, la necesidad de generar una estructura tarifaria única, así como la creación de un Fondo Nacional del Agua, que facilite las inversiones a través de la colaboración público-privada.

El agua es un recurso de plena actualidad. La sequía actual que atraviesa España, con un déficit de precipitaciones durante los últimos años, incrementado en los últimos meses, está afectando a conjunto nacional, aunque comunidades como Cataluña que ya ha interpuesto restricciones en el consumo. Ayer mismo, Aemet calificaba el año hidrológico de "extremadamente seco" en la Comunitat Valenciana.

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Ante esta situación, y también al considerar que el agua es un derecho fundamental y un "componente vital para el progreso para las Naciones Unidas, Facsa emprendió la elaboración de este informe en colaboración con la consultora Asuntos Públicos Red2Red. Como explican desde la empresa de gestión del agua, el objetivo es "adecuar cuanto antes nuestro modelo a través de una gestión adecuada de la demanda y el suministro que apoye una planificación hidrológica de solidaridad entre territorios". De hecho, en las últimas semanas, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, esta cesión de recursos entre comunidades.

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El estrés hídrico en aumento

El informe señala, también, que España es el tercer país con mayor estrés hídrico de la Unión Europea sólo por detrás de Malta y Bélgica. Este índice es la relación entre agua dulce extraída y disponibilidad de recurso. Y a pesar de ello, "presenta una creciente demanda de agua", explica el director general de Facsa, José Claramonte. La principal razón es la transformación del cultivo de secano a regadío, motivo por el cual desde la empresa, y basándonos en el informe, consideran que "es urgente invertir en aquellas que permitan incrementar la oferta del agua mediante usos no convencionales, como la reutilización o la desalación, y que disminuyan al mismo tiempo el impacto de la escasez de agua dulce como un recurso convencional".

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La radiografía actual española es que la capacidad de embalses del país es de 56.000 hectómetros cúbicos, con unos niveles de agua embalsamada que están al 50,13 % de su capacidad en el mes de febrero. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, el último balance refleja que están al 49,19 %.

El escenario futuro es complejo porque, como explica el director de Facsa, "vemos los efectos del cambio climático añadido a los incrementos poblacionales y al aumento de la superficie de cultivos. Sin este avance, el sistema de gestión del agua en España será insostenible”.

La situación de España contrasta con la de Portugal, cuyo estrés hídrico es sólo del 12 % cuando atraviesa los mismos problemas que España; principalmente, la sequía. A pesar de esta situación más favorable, el Gobierno luso acaba de aprobar un plan de contingencia que va a afectar a la agricultura y al consumo doméstico en la región del Algarve.

Estructura tarifaria única

El informe también ha abordado el modelo del agua actual a través de sus diferentes usos. El mayor porcentaje del consumo corresponde con el sector agrario (80 %), seguido del doméstico, con un 15,5 %. En el entorno urbano, por su parte, el estudio detecta una disminución en la disponibilidad del agua desde 2005. Además, mientras que el tratamiento y la reutilización de aguas residuales se han mantenido estables, con un aumento considerable incluso hasta 2004, las pérdidas han disminuido en el abastecimiento urbano, situándose en el 15,4% en 2020, la inversión pública destinada al transporte, depuración o abastecimiento de agua se ha situado en niveles un 50% inferiores a los reflejados en el año 2010.

El estudio ha detectado un posible motivo, ya que concluye que España cuenta con una de las tarifas más bajas de la Unión Europea, colocándose el séptimo por la cola. Una situación similar en lo que tiene que ver con inversión por habitante, solo por encima de Chipre y Eslovenia, mientras que en longitud de red, nuestro país solo se encuentra por encima de países como Rumanía, Malta y Estonia. Por ello, el informe apunta a la necesidad de generar una estructura tarifaria única, que sea homogénea para todo el territorio nacional y que recoja los costes de operación y la amortización de las inversiones.

Desde Facsa apuesta por revisar el sistema actual de gobernanza para que pueda evolucionar hacia un marco regulatorio que fomente la participación de la ciudadanía y contribuya a una gestión más sostenible del recurso, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. Para ello, ha elaborado un decálogo de buenas prácticas que van desde la creación de un Pacto Nacional del Agua y la mayor inversión en infraestructuras hasta la apuesta por la economía circular del agua y la digitalización.