Educadoras llevan ropa de sus casas para abrigar a los menores tutelados por los impagos de Igualdad

Educadoras de centros de menores valencianos están llevando ropa de sus casas para abrigar a los niños y niñas ante los impagos de Igualdad, que en varios casos superan el año. Estas mismas trabajadoras de la cooperativa Castells (a la que conselleria debe millones de euros) llevan tres meses sin cobrar, y han tenido que poner dinero de sus bolsillos para llenar la nevera del centro.

Esta es la situación límite en la que se encuentran algunos centros de menores valencianos, asfixiados por las deudas. "Intentamos que a los niños y niñas no les falte de nada porque tenemos un vínculo emocional con ellos, pero no hay dinero. Estamos consiguiendo que la papelería del barrio nos fíe, pero si no a lo mejor no tendrían libretas", denuncia una trabajadora.

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La situación de las empleadas también es crítica; muchas de ellas han dejado de pagar sus hipotecas y algunas han tenido que volver a vivir a casa de sus padres "¿Cómo pretenden que subsistamos tres meses sin ingresos? Ya llevamos tiempo viniendo a trabajar pagando", lamentan. Piden una solución urgente y reivindican que "la Infancia siempre es la gran olvidada y lo último en lo que Conselleria se gasta el dinero".

"No son un número ni un expediente"

Sindicatos y Conselleria se reunieron este miércoles para tratar el asunto, e Igualdad les trasladó que ve "muy complicado" poder sacar algunas de las licitaciones este año, lo que augura varios meses más en esta situación. En total, hay más de 30 que están esperando a publicarse, solo en el sector de la Infancia.

"No vamos a dejar de trabajar porque no podemos dejar tirados a los menores. No son un número de expediente, son personas, y hay que recordar que su tutor legal es Generalitat, que no le está dando lo que merecen", reivindican las trabajadoras.

La situación es la siguiente: "intentamos que a los niños no les pase de nada, pero nosotras estamos al descubierto". El problema se agravó hace unas semanas cuando un error informático tumbó los sistemas de la Generalitat y retrasó todavía más los impagos que están viviendo muchos sectores.

La situación de precariedad de este sector viene de largo. En concreto las educadoras de centros de menores tienen el sueldo congelado desde el año 2008, y en 2013 (en el caso de Castells) se redujeron el salario para evitar despidos perdiendo aún más poder adquisitivo.

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Pese a esta situación, las trabajadoras se las están ingeniando para dar una atención de calidad a los menores; "en vez de ir al Bioparc donde hay que pagar, nos los llevamos al Gulliver para que tengan ocio, o si nos enteramos de que alguien quiere donar una bici vamos a por ella", explican.

Falta de personal y salud mental

La falta de personal, sobre todo en salud mental, es un problema crónico en los centros de menores infractores donde, al contrario que los centros de acogida, son menores que cumplen condena por delitos graves. En estos centros la presencia de psiquiatras y psicólogos es fundamental para tratar a los menores, pero siempre suelen tener menos de los necesarios.

Estos centros de menores acumulan 21 millones de euros por impagos de la Generalitat, que todavía mantiene los precios de 2018, a pesar del aumento de la inflación. En total, Conselleria debe unos 100 millones de euros a las empresas del sector de los servicios sociales, donde se extienden los impagos. Recientemente la fundación Diagrama anunció a 500 trabajadores que no les podía pagar el 70 % de la nómina hasta que Igualdad no financie los retrasos.

Los servicios sociales valencianos son ahora mismo una olla a presión, ya que a los impagos se le suman las protestas de trabajadores para cobrar la subida salarial firmada por el anterior gobierno. El Botànic llegó a reservar 50 millones de euros en el presupuesto para pagar esta mejora de salarios, pero la consellera Susana Camarero ya dijo que no la iba a cumplir.

En su lugar, dedicará ese dinero a temas más "urgentes" como pagar la deuda con las entidades, aunque solo de para pagar la mitad de lo que adeuda. Si paga a las entidades no cumple la subida, y al cumplir la subida no pueden pagar a las entidades a las que deben dinero, según explican desde Igualdad.

Decreto de tipologías

La llave que desatasca todo este problema tiene nombre: Decreto de Tipologías. Es, en resumen, un decreto redactado el año pasado por el Botànic que marca cómo tiene que ser cada tipo de centro social, sus trabajadores, horarios, proximidad, atención, y cualquier aspecto de su funcionamiento. En definitiva, se trata de una enciclopedia que unifica más de 20 leyes aprobadas desde los años 90 y las renueva, un cambio de arriba a abajo del sistema.

El problema es que el decreto no llegó a salir a la luz, y el Partido Popular lo considera "inviable", así que ha vuelto a llamar a los sindicatos para realizar alegaciones y cambios al texto. Hasta que ese decreto no salga a la luz, la Conselleria de Igualdad no puede sacar las nuevas licitaciones para las empresas, que seguirán en enriquecimiento injusto y probablemente con problemas para cobrar. De momento, no hay fecha para que esto se produzca, pero los sindicatos reclaman rapidez.

El problema de los impagos y el enriquecimiento injusto es algo enquistado en la administración que viene de lejos, este nuevo decreto prometía solucionar el problema, pero de momento esto está muy lejos de ser una realidad. Mientras tanto, los trabajadores no cobran y los usuarios ven como se deteriora el servicio.

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