Los servicios sociales exigen en la calle que Igualdad pague la subida salarial firmada para 13.000 trabajadores

Los servicios sociales valencianos son una olla a presión, con protestas por un lado, impagos por otro, y unos fondos públicos que (dicen en Conselleria de Igualdad) no llegan para pagarlo todo. Esta mañana cientos de trabajadores representados por CC OO y UGT se han echado a la calle para exigir que Igualdad pague la subida salarial firmada el año pasado, y para la que se habían reservado 50 millones de euros en el presupuesto para 13.000 trabajadores.

La consellera Susana Camarero (Partido Popular) ya dijo que no lo iba a pagar, o mejor dicho, que no podía hacerlo, porque había que usar ese dinero para cuestiones más urgentes, como pagar a las empresas que llevan meses (en algún caso un año) sin cobrar. La deuda total es de 100 millones, así que los 50 dan para cubrir poco más de la mitad. Camarero ha criticado la concentración por "injusta" y reivindica que está haciendo frente al pago del salario de los trabajadores que llevan meses sin cobrar.

Sea como sea, esto poco importa a los trabajadores de Servicios Sociales, que firmaron una subida salarial con la administración y se reservó un presupuesto para ella. "La consellera dice que no se sienten representados por esta medida, pero no es una medida de Compromís, es algo firmado con la administración y tienen la obligación de aplicarlo", reivindica Julio Fernández, de la sección de Infancia de CC OO.

Negociación del aumento

Igualdad, sin embargo, no niega un aumento salarial y ya prepara una propuesta (eso sí, menor al acuerdo ya firmado) y pide a los sindicatos negociarlo "en los despachos, no en la calle". En estos términos se ha expresado hoy el Director general del Sistema Sociosanitario, José Vicente Anaya, que reconoce que "hay que mejorar los salarios". Los sindicatos, por su parte, critican que ni siquiera les han citado para hablar a día de hoy.

Al problema de los salarios hay que sumarle el de los impagos al concierto social. La enorme mayoría de los centros están en enriquecimiento injusto (se les ha terminado el contrato pero siguen operando) porque Igualdad no saca las licitaciones para renovarlos. Según ha comprobado este diario, hay casos, como algunos centros de menores de la Fundación Antonio Moreno, a los que Conselleria no ha pagado en todo el año 2023.

"Al final a quien afecta todo esto, a parte de los trabajadores, es a los usuarios. Estamos viendo situaciones durísimas en centros de día con personas dependientes, centros sanitarios y de menores, donde las personas reciben una atención de bajísima calidad porque llevan meses sin cobrar un euro de conselleria. Las empresas grandes con músculo financiero aguantan como pueden, pero las más pequeñas están tiritando", critica Fernández.

El decreto de tipologías

La llave que desatasca todo este problema tiene nombre: Decreto de Tipologías. Es, en resumen, un decreto redactado el año pasado por el Botànic que marca cómo tiene que ser cada tipo de centro social, sus trabajadores, horarios, proximidad, atención, y cualquier aspecto de su funcionamiento. En definitiva, se trata de una enciclopedia que unifica más de 20 leyes aprobadas desde los años 90 y las renueva, un cambio de arriba a abajo del sistema.

El problema es que el decreto no llegó a salir a la luz, y el Partido Popular lo considera "inviable", así que ha vuelto a llamar a los sindicatos para realizar alegaciones y cambios al texto. Hasta que ese decreto no salga a la luz, la Conselleria de Igualdad no puede sacar las nuevas licitaciones para las empresas, que seguirán en enriquecimiento injusto y probablemente con problemas para cobrar. De momento, no hay fecha para que esto se produzca, pero los sindicatos reclaman rapidez.

Los impagos asfixian a los centros de menores infractores: "pedimos que orinaran en botellas porque no había personal para sacarles al baño"

El problema de los impagos y el enriquecimiento injusto es algo enquistado en la administración que viene de lejos, este nuevo decreto prometía solucionar el problema, pero de momento esto está muy lejos de ser una realidad. Mientras tanto, los trabajadores no cobran y los usuarios ven como se deteriora el servicio.

Incumplimientos

UGT critica que la negativa de Igualdad a pagar pone en peligro "la continuidad del sector". La subida firmada incluía, "entre otras cuestiones, la dignificación y la homologación salarial y de jornada del personal de los centros de la acción concertada y de los centros de titularidad pública y gestión privada, con el personal público", explica el sindicato.

El 80% de las residencias necesita enfermeras y no las encuentra

Además de igualar a la concertada (que es la gran mayoría) y la pública, la subida salarial tenía como objetivo claro evitar la fuga de muchos trabajadores sociosanitarios a la sanidad. Uno de los principales problemas que tienen las residencias de mayores o centros de día es que las condiciones que dan, por ejemplo, a enfermeras, son mucho peores que las que puede dar un hospital, lo que provoca una fuga de trabajadoras hasta el punto de no encontrar a nadie para trabajar ahí porque rechazan las condiciones. Lo mismo pasa con la Educación pública.

El objetivo de este decreto era igualar al personal de servicios sociales al de Sanidad y Educación, para evitar que se vayan del sector en busca de mejores salarios y horarios, y reconociendo a los servicios sociales como una pata más del estado del Bienestar. Por el momento, parece que los trabajadores tendrán que esperar.

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