Los impagos asfixian a los centros de menores infractores: "pedimos que orinaran en botellas porque no había personal para sacarles al baño"

"Hemos llegado a tener situaciones de escasez de personal tal que durante un turno de noche se ha llegado a pedir a los menores que necesitaran orinar que lo hicieran en la botella de agua que tenían en la habitación porque no teníamos suficiente personal para sacarlos al baño". Es el testimonio de un trabajador de uno de los 9 centros de menores infractores que hay en la Comunitat Valenciana y que se encuentran asfixiados por los 21 millones de euros de impagos del anterior Consell, que mantiene los precios del año 2018 en la licitación.

No se trata de centros de menores ordinarios, sino unos especializados para los casos más extremos, como homicidas o violadores condenados, lo que hace mucho más delicado su tratamiento. La anterior Conselleria de Igualdad, en manos de Compromís, anunció la reversión de estos 9 centros antes de las elecciones. Ahora, la vicepresidenta y conselleria de Igualdad Susana Camarero (PP) ha asegurado que llevará a cabo una auditoría sobre estos centros.

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El objetivo, según fuentes de Igualdad, es "conocer cuál es la realidad de los centros y plantear soluciones", un trabajo que tienen adelantado ya que la responsable de estos centros no ha cambiado respecto al gobierno anterior.

La realidad, según denuncian sus trabajadores, es que están ahogados por los impagos, que se prolongaron más de lo normal ya que el anterior Consell planeaba revertir los centros y que pasaran a manos del IVASS (Instituto Valenciano de Servicios Sociales). Eso repercute en distintas cuestiones.

Falta de psicólogos

"Llevamos 6 años con un psicólogo menos por falta de recursos", explica un trabajador. En estos centros suele haber una media de 50 menores, y, teóricamente, deberían tener 3 psicólogos, pero la mayoría tienen menos debido a la falta de recursos. "No puede ser que un menor con problemas de ira, o con adicción a las drogas, te cuente que lleva varios meses sin ver a un psicólogo. Luego salen, uno acaba en una reyerta y otro con una sobredosis y te planteas que deberías haber hecho más por estos chicos", explica un trabajador.

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Otra de las situaciones que han vivido los centros es dejar la puerta desatendida por la falta de personal. "Vamos tan cortos de gente que muchas fases de la noche nos quedamos sin vigilante en la entrada y salida del centro, pese a ser el único punto de acceso ante cualquier emergencia", explica.

Casi 1.900 menores condenados

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 1.860 menores de 18 años fueron condenados por algún delito en el año 2022, entre ellos, 56 por delitos sexuales. Cuatro de cada cinco son españoles y el 70 % son hombres.

La Comunitat es el segundo territorio con más menores condenados por algún delito sólo por detrás de Andalucía, con 2.662 menores infractores. Por provincias hay 767 menores en Alicante, 224 en Castellón y 869 en las comarcas de Valencia.

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Sin embargo, la mayoría de estos menores tuvieron medidas de condena muy ligeras como libertad vigilada, tareas socio-educativas o internamiento semiabierto. Sólo 31 casos fueron condenados en un centro de régimen cerrado, según los datos del INE.

Equiparación salarial y reversión de centros

Otra de las grandes reivindicaciones de los trabajadores es la equiparación salarial de los empleados de los centros públicos y privados, que llevan reclamando años. Esta equiparación busca "dignificar un sector históricamente maltratado como es el del menor (con largas congelaciones salariales)", explican los trabajadores en un comunicado.

De hecho los empleados explican que ya existen Acuerdos Interprofesionales entre patronal, sindicatos y administración que ponen de relieve lo avanzado que estaba el proceso para esta equiparación, aunque critican que el Consell no ha hecho mucho para que esta situación despegue.